Luis Andrés Esquivel Ruiz
Expediente 1175/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Andrés Esquivel Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con quince minutos del dieciocho de enero de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia constitucional; en el juicio de amparo 1175/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente, la demanda de amparo, auto admisorio y el informe justificado rendido por las responsables. A lo anterior el Juez acuerda: Ténganse por relacionadas las constancias referidas en el párrafo que antecede. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las pruebas documentales de la autoridad responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes presentó pedimento alguno; a lo que el Juez acuerda: ténganse haciendo la anterior constancia y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N CI A VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1175/2021, que promovió Luis Andrés Esquivel Ruiz, por alegada violación a los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución federal atribuidos al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio de Amparo Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamados. El quejoso hace consistir los actos reclamados en: Incomunicación; Castigos y malos tratos por parte de los custodios del Centro de Internamiento; Omisión de brindar servicios médicos correspondientes. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que, entre otros reclama omisiones, así como actos que se ejecutaron en el Centro de Readaptación Social de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto en Morelia, lugar en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Respecto a los actos reclamados consistentes en la incomunicación, castigos y malos tratos, el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, Director, Director y Subdirector del Departamento Jurídico, Departamento de Seguridad y Vigilancia, Jefe de Custodios y Custodios del Área de Castigo, todos del Centro de Readaptación Social de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, negaron dichos actos reclamados. Lo anterior se corrobora de la constancia de ratificación de demanda, levantada el uno de diciembre de dos mil veintiuno por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que se dio fe del estado físico del quejoso y se asentó que el quejoso presentaba escoriaciones o moretón en la parte derecha de la cabeza de aproximadamente un centímetro y medio, así como en la punta de la ceja izquierda de aproximadamente medio centímetro, sin embargo, el propio quejoso manifestó que fueron realizadas por un interno no por los custodios del centro de reclusión. Asimismo, en las constancias remitidas por las autoridades responsables obran: 1.-Tarjeta informativa de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se asentó que en esa fecha aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos en el área A3 varios internos se encontraban agrediéndose físicamente, entre ellos Luis Andrés Esquivel Ruiz, motivo por el cual se activó el código de emergencia naranja colectivo (riña colectiva), identificando que había internos lesionados, con uso de comandos verbales lograron cesar las agresiones existentes y una vez controlada la situación se identificó a las personas privadas de su libertar que participaron en la riña, las cuales fueron canalizadas al área médica para su valoración y certificación de integridad corporal, posteriormente fueron trasladados al área de centro de ubicación. 2. Oficio CSPEMO/CASDA1/1034/2021 dirigido al Encargado del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No. 1, en el que se informa que diversos internos, entre ellos el quejoso, fueron reubicados al centro de ubicación estancia 20. 3. Acta de sesión extraordinaria de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se aprobó por unanimidad la sanción disciplinaria de medida de vigilancia especial impuesta a, entre otros, Luis Andrés Esquivel Ruiz, por haberse agredido físicamente en una riña colectiva y, al no haber sido la primera vez que el quejoso participaba en dicha situación. 4. Certificado de estado de salud del quejoso de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se asentó que estaba poli contundido, con cefalea, dolor articular y presentaba lesiones de reciente producción las cuales no ponían en riesgo su salud, sin dato o síntomas relacionados con covid-19. 5. Certificado de integridad corporal de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se hizo contar que se encontraba integro, sin lesiones ni síntomas de Covid-19. Dichas constancias revelan que los custodias del Centro de readaptación social, no ocasionaron las lesiones que el quejoso presentó al momento de ratificar la demanda, así como que no fue incomunicado, toda vez que su reubicación derivó de una sanción por la mala conducta reiterativa del quejoso, máxime que dicha área cuenta con todos los servicios necesarios como agua, baño, luz natural y artificial, derecho a sus tres alimentos diarios, acceso al teléfono en los horarios establecidos, visita de su defensor en cualquier momento y tiempo de esparcimiento. Por ende, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Las autoridades responsables manifestaron que no era cierta la omisión de brindar la atención médica necesaria derivada de las lesiones que sufrió el quejoso por la riña entre internos de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, sin embargo, dicha omisión debe tenerse por cierta, pues no obstante que en la tarjeta informativa de la misma fecha informaron que después de haber identificado a los internos que participaron en la riña fueron canalizados al área médica para su certificación, no allegaron documento que lo acredite, pues el certificado de estado de salud y de integridad corporal remitidos fueron de dos y trece de diciembre de dos mil veintiuno, esto es tres y catorce días después de que fueron ocasionadas las lesiones. QUINTO. Improcedencia del juicio de Amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos. Dicho artículo revela que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. El principio de definitividad que rige el juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce la afectación. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Precisado lo anterior, el quejoso reclama de las autoridades responsables, la falta de atención médica. Con base en las directrices plasmadas, es de establecerse que en contra del citado acto reclamado, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que la parte quejosa previamente debió agotar el procedimiento administrativo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en la citada Ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de su internamiento. Que están legitimados para formular las citadas peticiones ante las direcciones de los centros de reclusión, entre otros, las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva. Dicha petición se sustanciará conforme a las reglas establecidas en esa Ley, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las citadas peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión; así como que la autoridad administrativa del citado centro de reclusión, auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo cual, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada; y, en caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición; además, deberá resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; empero, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión; hecho lo cual, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas; y, en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en dicha Ley, dando cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Empero, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; sin embargo, cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Por lo que es evidente que el quejoso, previamente a la interposición del presente juicio de amparo, debió haber iniciado el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, o bien, el procedimiento correspondiente ante el Juez de Ejecución; lo anterior, en virtud de que el acto aquí reclamado constituye un acto por parte de las autoridades del centro penitenciario -en que se encuentra privado de su libertad-, respecto de condiciones inherentes a su internamiento, que debe ser revisada de oficio conforme a la ley que la rige. Máxime, si se considera que los actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato dejarían sin materia la petición, constituyen un caso urgente en el que la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición; quien, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; y tratándose de omisiones, determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. De lo que se sigue que, tratándose de una petición que por su naturaleza sea urgente, basta que dicha petición se dirija ante el Juez de Ejecución correspondiente para que proceda, de oficio y de manera inmediata, la suspensión del hecho que motivó la petición. En tanto que los preceptos 128, 132 y 133 de la Ley de Amparo permiten colegir que la suspensión se concederá siempre que se trate conservar la materia del juicio y no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; esto es, se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Lo que indefectiblemente conlleva a sostener que la Ley de Amparo establece mayores requisitos para la suspensión definitiva que la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues para que proceda conforme a esta última sólo basta el escrito con los datos arriba mencionados. Asimismo, se tiene en consideración que el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estatuye que la presentación de la petición urgente ante el Juez de Ejecución, originará que de oficio se suspenda la ejecución del acto u omisión que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, incluso, que tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria; lo que significa que basta la presentación de la aludida petición para que el justiciable paralice el acto de autoridad. Aspecto que no acontece en la Ley de Amparo, toda vez que del artículo 112 de la citada Ley, se advierte que el lapso otorgado para decidir acerca de la suspensión provisional es dentro de las veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada al órgano jurisdiccional, el cual deberá resolver si desecha, previene o admite, y que el supuesto de sus artículos 15 y 20 deberá proveerse de inmediato; de ahí que, sin duda, en la ley que regula el acto reclamado se establece un plazo menor para obtener su suspensión. En consecuencia, como ya se dijo, en la ley que regula el acto no se establecen mayores requisitos para obtener la suspensión definitiva que conforme a la Ley de Amparo, ni mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional que prevé la Ley de Amparo; por tanto, previo a ejercer la acción de amparo, correspondía al impetrante del amparo interponer los aludidos procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese contexto, al no agotar la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se actualiza la citada causa de improcedencia en contra de los actos reclamados respectivamente a las aludidas autoridades responsables. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230 del libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, que dice: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Andrés Esquivel Ruiz, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así resolvió y firma electrónicamente, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Se advierte de las constancias que integran el presente juicio, que a la fecha, no han transcurrido los ocho días que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes para imponerse de los autos, respecto del último informe rendido por la autoridad responsable Director Jurídico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno. 2. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, téngase al Jefe del Departamento de Amparos y Derechos Humanos de la Dirección Jurídica de la Coordinación, en representación por ausencia del Director Jurídico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, respectivamente; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Asimismo, téngasele por señalado correo electrónico para recibir notificaciones; ahora, con apoyo en el diverso numeral 119 de la ley en la materia, se le remitiendo copia certificada de las constancias adjuntas, las cuales, dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Nubia Miranda Ramírez, secretaria encargada de despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4241/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propi Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción la Secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, téngase al Director y al Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, con sede en Charo, Michoacán, rindiendo sus informes justificados, respectivamente; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Con apoyo en el diverso numeral 119 de la ley en la materia, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada de las constancias adjuntas, las cuales, dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada en autos y, en su lugar se fijan las QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Nubia Miranda Ramírez, secretaria encargada de despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4241/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción la Secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab.
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