Luis Andrés Dena Ramírez

Expediente 1773/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1773/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
17/02/2017

Partes del expediente

  • Luis Andrés Dena Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos; con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes en el presente juicio, que mediante oficio SEADS/090/2017, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, determinó designar al licenciado José Guadalupe Arias Ortega, como Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en esta ciudad, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. -Análisis de cumplimiento y archivo - Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el doce de enero de dos mil diecisiete por este juzgado, se concedió el amparo para los siguientes efectos: a) Deje insubsistente la determinación emitida en la diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en el juicio..., únicamente en cuanto a la multa impuesta al aquí quejoso; y, b) En el caso de considerar procedente la imposición del medio de apremio en contra del ahora peticionario de amparo, dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente, para lo cual deberá atender los principios de fundamentación y motivación. Mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Por oficios recibidos en este Juzgado, el siete y ocho de febrero de dos mil diecisiete, la Juez Tercero de lo Civil del Estado y el Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, informaron el cumplimiento dado a la sentencia amparadora. De las documentales que remitió la Juez responsable para demostrar el cumplimiento, con valor probatorio pleno, se advierte que: El siete de febrero del año en curso, dictó la resolución en la que se dejó insubsistente la determinación emitida en la diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en el juicio..., únicamente en cuanto a la multa impuesta al aquí quejoso; y, Determinó procedente la imposición del medio de apremio en contra del ahora peticionario de amparo, consistente en una multa equivalente a diez unidades de medida de actualización en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, consideró que el inconforme fue debidamente notificado para el verificativo la diligencia; asimismo, tomó en consideración que se trata de una testimonial, cuyo desahogo es indivisible. Por su parte, el Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, informó que en ningún momento ha materializado cobro alguno para hacer efectiva la multa en contra del quejoso. En tales condiciones este juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el doce de enero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, segundo párrafo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, toda vez que provisional y definitivamente se concedió la suspensión, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(IV)

  2. Principal

    Vistos los oficios del Juez Tercero de lo Civil del Estado y Secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes y el recibido en este juzgado el siete de febrero pasado; en consecuencia, agréguense a los autos para que obren como corresponda, ya que informan que dan cumplimiento al fallo protector y remite la primera de las autoridades señaladas las constancias que así lo acreditan. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista al peticionario de amparo, y en su caso a los terceros interesados, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.(IV)

  3. Principal

    Visto el oficio de la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, en su representación la Directora General Jurídica, por el que informa los actos tendentes a acatar el fallo protector; sin embargo, se reserva dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto la diversa autoridad informe lo conducente a dicho cumplimiento.(IV)

  4. Principal

    Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables Juez Tercero de lo Civil del Estado y Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se les notifique el presente proveído, den cumplimiento a la sentencia, o bien, se informe los actos realizados para ese efecto. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviesen para ello, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual manera, con apoyo en el precepto en cita, requiérase también al superior jerárquico de la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, esto es, al Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, a efecto de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, ordene a la autoridad responsable cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos antes señalados, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, aun y cuando dejen el cargo. Precisando que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que la diversa autoridad Juez Tercero de lo Civil del Estado, no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades en comento para los efectos a que hubiere lugar. Finalmente, devuélvase a la Juez Tercero de lo Civil del Estado el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado. IV

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