Luis Andrés Carrillo Espinosa
Expediente 279/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 29 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Andrés Carrillo Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo de copias certificadas relativas al juicio extraordinario hipotecario ********************, remitido por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en esta capital; en tal virtud, devuélvasele el citado tomo a dicha autoridad, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 279/2021-III-B, promovido por LUIS ANDRES CARRILLO ESPINOSA, en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguientes a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció LUIS ANDRES CARRILLO ESPINOSA a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 279/2021-III-B; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir el quejoso en: El ilegal emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario 331/2017, promovido en su contra, así como todo lo actuado en el mismo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, pues así lo reconocieron expresamente al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que la primera nombrada remitió a este juzgado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se adviertan de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 814 sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto, el tercero interesado Ángel Lorenzo Argaez Sánchez, sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la demanda de amparo fue presentada por el quejoso fuera del término que establece la ley. Lo anterior, al considerar que fue debidamente notificado y tuvo conocimiento pleno del procedimiento de origen, como se advierte de las notificaciones que se le practicaron el veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil diecisiete, y once de junio de dos mil diecinueve; de las cuales respecto de esta última, se hizo constar que la misma se entendió directamente con el quejoso, quien exhibió su credencial para votar y consta el número de identificación en la cédula de notificación correspondiente. Tales argumentos resultan fundados, aunque se considera que la causal de improcedencia que se actualiza, es la prevista en la fracción XIV, primer párrafo del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Los preceptos legales en cita, disponen lo siguiente: "Artículo 61. "El juicio de Amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días contados a partir de que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En el presente asunto, como se precisó con antelación, la parte quejosa reclama el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio extraordinario hipotecario 331/2017, promovido en su contra, así como todo lo actuado en el mismo; aduciendo que tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de febrero de dos mil veintiuno. Previamente, es importante destacar que, de las constancias remitidas por la Juez responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Por escrito presentado el once de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, la persona moral BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera BBVA BANCOMER, por conducto de su apoderada Raúl Alberto Castro Briceño, demandó al aquí quejoso, Luis Andrés Carrillo Espinosa, en la vía extraordinaria hipotecaria, el pago de diversas prestaciones, así como los gastos y costas causados con la tramitación del juicio. 2. Mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, admitió a trámite el juicio extraordinario hipotecario instaurado, con el número 331/2017, y ordenó el emplazamiento del demandado, aquí quejoso. 3. En diligencias levantadas el veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la actuaria responsable emplazó a juicio al demandado, aquí quejoso. 4. Por auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, la Juez responsable acusó la rebeldía en que incurrió la parte demandada, declaró perdidos los derechos que pudo haber ejercitado y citó a las partes para oír la correspondiente sentencia definitiva. 5. Mediante sentencia de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Juez responsable condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, la cual causó ejecutoria el veinticinco de abril siguiente. 6. En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la juez del conocimiento a virtud de la cesión de derechos de crédito, cobro y litigiosos exhibido, declaró que Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quedó colocado en el mismo lugar, grado y prelación que correspondía a la cedente. 7. Por acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, entre otras cuestiones, la juez del conocimiento ordenó dar vista al demandado aquí quejoso, con el dictamen presentado por el perito de la parte actora. 8. En proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la juez del procedo habilitó hora y día para que el actuario llevara cabo la notificación de los acuerdos de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de febrero y once de abril de dos mil diecinueve. 9. En actuación de fecha once de junio de dos mil diecinueve, levantada por el actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, hizo constar que en dicha fecha, se constituyó al predio número setecientos setenta y siete, de la calle sesenta, letra 8, del fraccionamiento ciudad caucel, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en el cual notificó de manera personal a LUIS ANDRÉS CARRILLO ESPINOSA, quien se identificó con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número al reverso: cero, cinco, cinco, cero, cero, seis, seis, uno, nueve, cero, uno, tres, cuatro, la notificación, vista y fijación del término, ordenada en los autos de fechas veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de febrero, once de abril y veintiocho de mayo, todos de dos mil diecinueve, leyéndole íntegramente y en alta voz dichos autos y entregándole la cédula de notificación correspondiente. 10. Por auto de once de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por presentados a los peritos de la parte actora y en rebeldía de la parte demandada, rindiendo cada uno sus respetivos dictámenes periciales, y se ordenó dar vista de los mismos a las partes. 11. En audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble sujeto a juicio hipotecario, y se declaró fincado a favor del aquí tercero interesado Ángel Lorenzo Argaez Sánchez. Ahora bien, de las constancias relacionadas se advierte que el once de junio de dos mil diecinueve, se notificaron al aquí quejoso, diversos acuerdos dictados en el procedimiento natural, en la cual no sólo se hizo costar que se entendió en forma personal con el interesado en el domicilio donde se cercioró que vive y habita, sino que éste se identificó con su credencial de elector con número al reverso: cero, cinco, cinco, cero, cero, seis, seis, uno, nueve, cero, uno, tres, cuatro, -que por cierto, se trata de la misma identificación que el quejoso exhibió en copia certificada con su demanda de amparo-; que le fue leído el contenido de los acuerdos de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de febrero, once de abril y veintiocho de mayo, todos de dos mil diecinueve; y que le fue entregada la cédula de notificación correspondiente. Asimismo, resulta relevante destacar que de los acuerdos veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, once de abril y veintiocho de mayo, todos de dos mil diecinueve, que obran en autos del procedimiento, se advierte que contienen los datos relativos al juicio extraordinario hipotecario que se siguió en su contra, como lo es el Tribunal ante quien se sigue, el número del expediente, la persona que lo promovió y el nombre del demandado; y más aún, en la cédula de notificación que se le entregó al quejoso, constan con mayor amplitud los datos de identificación del juicio y la transcripción de los acuerdos que se le notificaron, esto es, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de febrero, once de abril y veintiocho de mayo, todos de dos mil diecinueve. Sin que el quejoso hubiere impugnado la notificación que se le efectuó el once de junio de dos mil diecinueve, respecto de lo cual si bien en su demanda reclamó todo lo actuado en el procedimiento, atribuyéndole al actuario "la falta de notificación de todos y cada uno de los acuerdos y resoluciones que le se debió de notificar en forma personal"; sin embargo, era necesario que la inconformidad se hiciera en forma destacada, en virtud de que aun cuando dada la naturaleza del acto reclamado, procede la suplencia de la queja en cuanto a los conceptos de violación, ello no puede en forma alguna llegar al grado de suplir por completo las razones y motivos que directamente afectan al quejoso y resultan violatorios de sus derechos fundamentales. Lo que pretendió realizar mediante la ampliación de la demanda presentada por conducto de su autorizado Luis Felipe Suárez Pacho, la cual no prosperó por los motivos expuestos en el acuerdo de veintinueve de marzo del presente año; determinación que fue confirmada por resolución de dos de junio del año en curso, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, en el toca 113/2021. Así pues, tomando como referencia que desde el once de junio de dos mil diecinueve, el aquí quejoso tuvo conocimiento directo y completo de la existencia del juicio extraordinario hipotecario 331/2017, seguido en su contra, inicialmente por la persona moral BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera BBVA BANCOMER, por conducto de su apoderada Raúl Alberto Castro Briceño, y posteriormente por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por haber tenido conocimiento pleno de los datos necesarios para plantear su defensa, es dable arribar a la conclusión de que esta demanda de amparo presentada el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, resulte extemporánea, en virtud de que el término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo comenzó a correr a partir del doce de junio de dos mil diecinueve, concluyendo, por ende, el dos de julio del mismo año, sin contarse el quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio del citado año, que por ser sábados y domingos fueron inhábiles. Pues como se dijo, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta entidad, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, cuando ya había transcurrido el término a que se refiere el multicitado artículo 17 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional; de ahí que la demanda de amparo resulte extemporánea y se actualice la causa de improcedencia, prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia visible con el número 556, en la página 370, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquel en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amaro), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados. " Así como la jurisprudencia VI.2º.C. J/194, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Así como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, Tomo IX, junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el título y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, primer párrafo del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto reclamado al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 231, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LUIS ANDRES CARRILLO ESPINOSA, en contra de los actos atribuidos a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos con residencia en esta ciudad; por las razones señaladas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMDIAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 279/2021-III-B, promovido por LUIS ANDRES CARRILLO ESPINOSA, en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguientes a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció LUIS ANDRES CARRILLO ESPINOSA a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 279/2021-III-B; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir el quejoso en:El ilegal emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario 331/2017, promovido en su contra, así como todo lo actuado en el mismo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, pues así lo reconocieron expresamente al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que la primera nombrada remitió a este juzgado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se adviertan de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 814 sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto, el tercero interesado Ángel Lorenzo Argaez Sánchez, sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la demanda de amparo fue presentada por el quejoso fuera del término que establece la ley. Lo anterior, al considerar que fue debidamente notificado y tuvo conocimiento pleno del procedimiento de origen, como se advierte de las notificaciones que se le practicaron el veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil diecisiete, y once de junio de dos mil diecinueve; de las cuales respecto de esta última, se hizo constar que la misma se entendió directamente con el quejoso, quien exhibió su credencial para votar y consta el número de identificación en la cédula de notificación correspondiente.Tales argumentos resultan fundados, aunque se considera que la causal de improcedencia que se actualiza, es la prevista en la fracción XIV, primer párrafo del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Los preceptos legales en cita, disponen lo siguiente: "Artículo 61. "El juicio de Amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días contados a partir de que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En el presente asunto, como se precisó con antelación, la parte quejosa reclama el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio extraordinario hipotecario 331/2017, promovido en su contra, así como todo lo actuado en el mismo; aduciendo que tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de febrero de dos mil veintiuno. Previamente, es importante destacar que, de las constancias remitidas por la Juez responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Por escrito presentado el once de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, la persona moral BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera BBVA BANCOMER, por conducto de su apoderada Raúl Alberto Castro Briceño, demandó al aquí quejoso, Luis Andrés Carrillo Espinosa, en la vía extraordinaria hipotecaria, el pago de diversas prestaciones, así como los gastos y costas causados con la tramitación del juicio. 2. Mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, admitió a trámite el juicio extraordinario hipotecario instaurado, con el número 331/2017, y ordenó el emplazamiento del demandado, aquí quejoso. 3. En diligencias levantadas el veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la actuaria responsable emplazó a juicio al demandado, aquí quejoso. 4. Por auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, la Juez responsable acusó la rebeldía en que incurrió la parte demandada, declaró perdidos los derechos que pudo haber ejercitado y citó a las partes para oír la correspondiente sentencia definitiva. 5. Mediante sentencia de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Juez responsable condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, la cual causó ejecutoria el veinticinco de abril siguiente. 6. En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la juez del conocimiento a virtud de la cesión de derechos de crédito, cobro y litigiosos exhibido, declaró que Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quedó colocado en el mismo lugar, grado y prelación que correspondía a la cedente. 7. Por acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, entre otras cuestiones, la juez del conocimiento ordenó dar vista al demandado aquí quejoso, con el dictamen presentado por el perito de la parte actora. 8. En proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la juez del procedo habilitó hora y día para que el actuario llevara cabo la notificación de los acuerdos de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de febrero y once de abril de dos mil diecinueve. 9. En actuación de fecha once de junio de dos mil diecinueve, levantada por el actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, hizo constar que en dicha fecha, se constituyó al predio número setecientos setenta y siete, de la calle sesenta, letra 8, del fraccionamiento ciudad caucel, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en el cual notificó de manera personal a LUIS ANDRÉS CARRILLO ESPINOSA, quien se identificó con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número al reverso: cero, cinco, cinco, cero, cero, seis, seis, uno, nueve, cero, uno, tres, cuatro, la notificación, vista y fijación del término, ordenada en los autos de fechas veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de febrero, once de abril y veintiocho de mayo, todos de dos mil diecinueve, leyéndole íntegramente y en alta voz dichos autos y entregándole la cédula de notificación correspondiente. 10. Por auto de once de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por presentados a los peritos de la parte actora y en rebeldía de la parte demandada, rindiendo cada uno sus respetivos dictámenes periciales, y se ordenó dar vista de los mismos a las partes. 11. En audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble sujeto a juicio hipotecario, y se declaró fincado a favor del aquí tercero interesado Ángel Lorenzo Argaez Sánchez. Ahora bien, de las constancias relacionadas se advierte que el once de junio de dos mil diecinueve, se notificaron al aquí quejoso, diversos acuerdos dictados en el procedimiento natural, en la cual no sólo se hizo costar que se entendió en forma personal con el interesado en el domicilio donde se cercioró que vive y habita, sino que éste se identificó con su credencial de elector con número al reverso: cero, cinco, cinco, cero, cero, seis, seis, uno, nueve, cero, uno, tres, cuatro, -que por cierto, se trata de la misma identificación que el quejoso exhibió en copia certificada con su demanda de amparo-; que le fue leído el contenido de los acuerdos de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de febrero, once de abril y veintiocho de mayo, todos de dos mil diecinueve; y que le fue entregada la cédula de notificación correspondiente. Asimismo, resulta relevante destacar que de los acuerdos veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, once de abril y veintiocho de mayo, todos de dos mil diecinueve, que obran en autos del procedimiento, se advierte que contienen los datos relativos al juicio extraordinario hipotecario que se siguió en su contra, como lo es el Tribunal ante quien se sigue, el número del expediente, la persona que lo promovió y el nombre del demandado; y más aún, en la cédula de notificación que se le entregó al quejoso, constan con mayor amplitud los datos de identificación del juicio y la transcripción de los acuerdos que se le notificaron, esto es, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de febrero, once de abril y veintiocho de mayo, todos de dos mil diecinueve. Sin que el quejoso hubiere impugnado la notificación que se le efectuó el once de junio de dos mil diecinueve, respecto de lo cual si bien en su demanda reclamó todo lo actuado en el procedimiento, atribuyéndole al actuario "la falta de notificación de todos y cada uno de los acuerdos y resoluciones que le se debió de notificar en forma personal"; sin embargo, era necesario que la inconformidad se hiciera en forma destacada, en virtud de que aun cuando dada la naturaleza del acto reclamado, procede la suplencia de la queja en cuanto a los conceptos de violación, ello no puede en forma alguna llegar al grado de suplir por completo las razones y motivos que directamente afectan al quejoso y resultan violatorios de sus derechos fundamentales.Lo que pretendió realizar mediante la ampliación de la demanda presentada por conducto de su autorizado Luis Felipe Suárez Pacho, la cual no prosperó por los motivos expuestos en el acuerdo de veintinueve de marzo del presente año; determinación que fue confirmada por resolución de dos de junio del año en curso, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, en el toca 113/2021. Así pues, tomando como referencia que desde el once de junio de dos mil diecinueve, el aquí quejoso tuvo conocimiento directo y completo de la existencia del juicio extraordinario hipotecario 331/2017, seguido en su contra, inicialmente por la persona moral BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera BBVA BANCOMER, por conducto de su apoderada Raúl Alberto Castro Briceño, y posteriormente por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por haber tenido conocimiento pleno de los datos necesarios para plantear su defensa, es dable arribar a la conclusión de que esta demanda de amparo presentada el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, resulte extemporánea, en virtud de que el término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo comenzó a correr a partir del doce de junio de dos mil diecinueve, concluyendo, por ende, el dos de julio del mismo año, sin contarse el quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio del citado año, que por ser sábados y domingos fueron inhábiles. Pues como se dijo, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta entidad, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, cuando ya había transcurrido el término a que se refiere el multicitado artículo 17 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional; de ahí que la demanda de amparo resulte extemporánea y se actualice la causa de improcedencia, prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia visible con el número 556, en la página 370, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquel en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amaro), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados. " Así como la jurisprudencia VI.2º.C. J/194, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Así como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, Tomo IX, junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el título y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, primer párrafo del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto reclamado al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 231, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LUIS ANDRES CARRILLO ESPINOSA, en contra de los actos atribuidos a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos con residencia en esta ciudad; por las razones señaladas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 2946 proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que remite testimonio de la resolución de dos de junio del presente año, pronunciado en la queja 113/2021, interpuesta por la parte quejosa contra el proveído de veintinueve de marzo del actual año; resolución en la que declaró infundado el citado medio de defensa. Acúsese recibo vía interconexion. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en este asunto en acuerdo de doce de abril de este año, y se ordena continuarlo por su secuela legal, para lo cual se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Luis Alfonso Guridi García2723/2022
- Luis Alfonso Pérez1017/2018
- Luis Alfonso Ramos Cetina2332/2021
- Luis Alfonso Ruiz Martin1116/2023
- Luis Alfonzo Uc Euan1048/2022
- Luis Amírcar Caamal Mazum901/2018
- Luis Andres Koyoc Pat709/2022
- Luis Andrés Navarrete López2228/2021
- Luis Angel Cantu Roman420/2021
- Luis Angel Jimenez Santana1544/2022
- Luis Angel Martinez Perez1674/2023
- Luis Angel Méndez Sánchez1299/2018