Luis Andrés Boyd Romero Siekman

Expediente 1269/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1269/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Luis Andrés Boyd Romero Siekman

Actuaciones

  1. Principal

    Autoridad acepta competencia. Agréguese a los presentes autos el oficio enviado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en Irapuato, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que en auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado se declaró incompetente; competencia que fue aceptada como se desprende del párrafo que antecede. y archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  2. Principal

    Incompetencia. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la presente demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 93/2022-O, que confirmó la pronunciada por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, sede Irapuato, Guanajuato, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 1P1621-1555, en la cual se negó la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en Irapuato, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. Los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las transcripciones efectuadas, se obtienen los supuestos y reglas que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se tiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que la competencia territorial de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o en su caso, no lo requiera, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa reclama la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 93/2022-O, que confirmó la pronunciada por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, sede Irapuato, Guanajuato, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 1P1621-1555, en la cual se negó la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso; se determina que, acorde al contenido de la tercera regla para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito, contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal es incompetente para conocer del presente asunto, porque los efectos de la resolución reclamada tienen ejecución en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en que se tramita la causa penal de origen, ya que si bien se trata de un acto negativo, tiene efectos positivos que se traducen en la continuación del proceso penal de origen, el cual se tramita en la ciudad de Irapuato; tan es así que el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que se ordene a la responsable la suspensión del procedimiento por lo que al quejoso se refiere y evitar así que se dicte auto de apertura a juicio oral. Lo anterior, evidencia que los efectos de la resolución reclamada tienen ejecución en Irapuato, Guanajuato, ya que en esta localidad se tramita el aludido expediente, de ahí que la competencia para conocer del presente asunto debe recaer en el Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en Irapuato, pues es dentro de su jurisdicción donde se ejecutara el acto reclamado. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de dicha demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del veintiséis de enero anterior en que fue aprobado, con el cual se deja sin efectos el Acuerdo General 17/2012; y, en el segundo párrafo de la fracción XVI, del apartado cuarto del mencionado acuerdo, se delimita la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en Irapuato. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Fuego, número 316-A, colonia Jardines del Moral en esta ciudad, y como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (gsdaniel82) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Alejandro Cervantes González, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en los mismos términos al resto de las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Ahora bien por lo que hace a Gustavo Daniel González De Silva, no ha lugar a reconocerle el carácter de autorizado en términos amplios de la Ley de Amparo, toda vez que ya se le reconoció el de defensor particular del quejoso, al haber promovido la demanda a nombre de aquél, de ahí que puede continuar actuando en el presente juicio con tal personalidad. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias de manera electrónica que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Incompetencia. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la presente demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 93/2022-O, que confirmó la pronunciada por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, sede Irapuato, Guanajuato, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 1P1621-1555, en la cual se negó la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en Irapuato, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. Los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las transcripciones efectuadas, se obtienen los supuestos y reglas que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se tiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que la competencia territorial de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o en su caso, no lo requiera, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa reclama la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 93/2022-O, que confirmó la pronunciada por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, sede Irapuato, Guanajuato, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 1P1621-1555, en la cual se negó la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso; se determina que, acorde al contenido de la tercera regla para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito, contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal es incompetente para conocer del presente asunto, porque los efectos de la resolución reclamada tienen ejecución en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en que se tramita la causa penal de origen, ya que si bien se trata de un acto negativo, tiene efectos positivos que se traducen en la continuación del proceso penal de origen, el cual se tramita en la ciudad de Irapuato; tan es así que el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que se ordene a la responsable la suspensión del procedimiento por lo que al quejoso se refiere y evitar así que se dicte auto de apertura a juicio oral. Lo anterior, evidencia que los efectos de la resolución reclamada tienen ejecución en Irapuato, Guanajuato, ya que en esta localidad se tramita el aludido expediente, de ahí que la competencia para conocer del presente asunto debe recaer en el Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en Irapuato, pues es dentro de su jurisdicción donde se ejecutara el acto reclamado. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de dicha demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del veintiséis de enero anterior en que fue aprobado, con el cual se deja sin efectos el Acuerdo General 17/2012; y, en el segundo párrafo de la fracción XVI, del apartado cuarto del mencionado acuerdo, se delimita la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en Irapuato. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Fuego, número 316-A, colonia Jardines del Moral en esta ciudad, y como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (gsdaniel82) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Alejandro Cervantes González, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en los mismos términos al resto de las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Ahora bien por lo que hace a Gustavo Daniel González De Silva, no ha lugar a reconocerle el carácter de autorizado en términos amplios de la Ley de Amparo, toda vez que ya se le reconoció el de defensor particular del quejoso, al haber promovido la demanda a nombre de aquél, de ahí que puede continuar actuando en el presente juicio con tal personalidad. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias de manera electrónica que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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