Luis Andrés Boyd Romero Siekman
Expediente 1438/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1438/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Andrés Boyd Romero Siekman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por la Magistrada Supernumeraria de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que el Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, base Irapuato, le remitió copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada el veinticuatro de enero del actual, dentro de la causa penal ******************** de ese índice, donde se decretó la suspensión condicional del proceso a favor del quejoso ********************. Al respecto, no se realiza mayor pronunciamiento, en virtud de que tal información ya obra en el expediente, y en proveído de tres de febrero pasado se proveyó lo conducente.-
- Principal
Vista la cuenta, agréguese al expediente el oficio suscrito por la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual atiende el proveído de uno de febrero pasado, en el que se requirió copia certificada del audio y video de la audiencia de veinticuatro de enero del año en curso, celebrada en la causa penal ******************** de ese índice; en el sentido de que a través de llamada telefónica institucional, personal de este órgano jurisdiccional confirmó su recepción. Al respecto, no se realiza mayor pronunciamiento, pues, tal como lo indica, tales constancias ya fueron recibidas por este juzgado y en proveído de tres de los actuales se proveyó respecto a su contenido.
- Principal
agréguese al expediente el oficio suscrito por el Encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, con el que da cumplimiento al proveído de uno de los actuales, pues remite copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada el veinticuatro de enero del presente año, dentro de la causa penal ******************** de ese índice, en la que se decretó la suspensión condicional del proceso a favor del quejoso ********************. Al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, recíbanse la documentales allegadas por la juez del procedimiento penal de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En la especie, en esta instancia constitucional se reclama la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca de apelación ******************** del índice de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a través de la cual se confirmó la determinación asumida por el Juez de Control en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, dentro de la audiencia de dieciséis de agosto del dos mil veintidós, celebrada en el causa penal ********************, la cual se instruye en contra del quejoso por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en la que se negó la suspensión condicional del proceso al imputado. En ese contexto, con apoyo en las documentales recibidas en esta fecha, se estima que en el presente asunto sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben actualizar los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Así, la causa de improcedencia referida, se actualiza en atención a los siguientes razonamientos: Como se dijo, el acto reclamado es la resolución que confirmó la negativa de conceder la suspensión condicional del proceso al imputado (aquí quejoso) dentro de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. No obstante, tal como lo acreditó el Juez de Control, actualmente el quejoso goza del beneficio de condena condicional otorgado a su favor en audiencia de veinticuatro de enero del año en curso, dentro de la causa penal de origen, el cual fue concedido por el término de tres años, y en términos del artículo 191, fracciones II, VII y XIV y 195 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Consecuentemente no es posible estudiar en esta instancia constitucional el acto combatido por el solicitante de amparo, ya que al habérsele otorgado la suspensión condicional del proceso dentro de la causa penal de origen, opera un cambio de situación jurídica que torna irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, porque no es posible analizarlas para decidir sobre su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica originada a raíz de la solución alterna al proceso al que llegaron las partes en conflicto, en la caso, la suspensión condicional. De manera que este juzgado se encuentra imposibilitado para el examen constitucional de tal acto, pues se afectaría la nueva situación derivada de otra determinación, razón por la que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia. Es aplicable en lo conducente la tesis aislada 2a. CXI/96, de laSegunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultableen la página 219, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis,del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Novena Época,registro 199808, de texto y rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." [Énfasis añadido]. Por tanto, al actualizarse dicha causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." [Énfasis añadido]. Comuníquese lo anterior, a las partes para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo del dos mil veintitrés.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "agréguese al expediente el oficio suscrito por el Encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, con el que da cumplimiento al proveído de uno de los actuales, pues remite copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada el veinticuatro de enero del presente año, dentro de la causa penal ******************** de ese índice, en la que se decretó la suspensión condicional del proceso a favor del quejoso ********************. Al respecto, recíbanse la documentales allegadas por la juez del procedimiento penal de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno. En la especie, en esta instancia constitucional se reclama la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca de apelación ******************** del índice de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a través de la cual se confirmó la determinación asumida por el Juez de Control en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, dentro de la audiencia de dieciséis de agosto del dos mil veintidós, celebrada en el causa penal ********************, la cual se instruye en contra del quejoso por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en la que se negó la suspensión condicional del proceso al imputado. En ese contexto, con apoyo en las documentales recibidas en esta fecha, se estima que en el presente asunto sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben actualizar los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Así, la causa de improcedencia referida, se actualiza en atención a los siguientes razonamientos: Como se dijo, el acto reclamado es la resolución que confirmó la negativa de conceder la suspensión condicional del proceso al imputado (aquí quejoso) dentro de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. No obstante, tal como lo acreditó el Juez de Control, actualmente el quejoso goza del beneficio de condena condicional otorgado a su favor en audiencia de veinticuatro de enero del año en curso, dentro de la causa penal de origen, el cual fue concedido por el término de tres años, y en términos del artículo 191, fracciones II, VII y XIV y 195 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Consecuentemente no es posible estudiar en esta instancia constitucional el acto combatido por el solicitante de amparo, ya que al habérsele otorgado la suspensión condicional del proceso dentro de la causa penal de origen, opera un cambio de situación jurídica que torna irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, porque no es posible analizarlas para decidir sobre su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica originada a raíz de la solución alterna al proceso al que llegaron las partes en conflicto, en la caso, la suspensión condicional. De manera que este juzgado se encuentra imposibilitado para el examen constitucional de tal acto, pues se afectaría la nueva situación derivada de otra determinación, razón por la que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia. Por tanto, al actualizarse dicha causa de improcedencia, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Comuníquese lo anterior, a las partes para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo del dos mil veintitrés.
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