Luis Alvear Velazco
Expediente 983/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Alvear Velazco
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de ocho de noviembre del año en curso en el recurso de queja 239/2019, interpuesto por Luis Alvear Velazco, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, toda vez que en autos obran documentales que exhibió el quejoso a su escrito inicial de demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días que serán contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo acuda ante este Juzgado, para que se haga la devolución de aquellas, previa toma de razón y recibo que quede en autos; en el entendido que de no ser así, el mismo será destruido junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. MIDM*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja y quedó registrado con el número 239/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.Jc
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito del quejoso, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintitrés de julio de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto de veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advirtieron motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Asimismo, se ordena tramitar las copias certificadas de las constancias que integran el juicio de amparo 983/2019-V, como lo sostiene el artículo 100 de la Ley de Amparo; posteriormente, remítanse junto con el original y copia del escrito de interposición del recurso de queja y expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de julio de dos mil diecinueve Vista la demanda de garantías que promueve LUIS ALVEAR VELAZCO, por su propio derecho, contra actos de la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 983/2019-V que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ACTO RECLAMADO. De una lectura íntegra de la demanda de amparo, se colige que el quejoso en esencia reclama el oficio 193300EL350344 emitido el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad administrativa responsable, por el cual le negó extender la autorización sanitaria para el consumo individual de "mariguana" regularmente; así como los demás derechos correlativos al autoconsumo regular personal y con fines lúdicos y recreativos de la mariguana, consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y consumo. Luego, del oficio reclamado se advierte que la autoridad emisora negó la solicitud bajo este argumento: "me permito informarle que su solicitud no procede, toda vez que en la Ley General de Salud no se establece facultad alguna para que esta autoridad sanitaria pueda otorgar la autorización requerida". Causal de improcedencia. En esa tesitura, adviértase que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de garantías es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. En efecto, previo a la impugnación a través del juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo que establece el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y con la fracción XII, del numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 23, fracción III, inciso d), del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establecen lo siguiente: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)" Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo "ARTÍCULO 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.". Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Artículo 23.- El Tribunal contará con Salas Regionales Especializadas cuya denominación, sede, competencia y materia de conocimiento será la siguiente: [.] III.- Una Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, con sede en el Distrito Federal, que tendrá competencia material en todo el territorio nacional para: 1) Tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que encuadren en los supuestos previstos por las fracciones III, XI, XII y XIV, penúltimo y último párrafo, del artículo 14 de la Ley, dictadas por los Órganos Reguladores a que se refiere esta fracción, Secretarías de Estado, entidades de la Administración Pública Federal, así como por las entidades federativas en los casos de coordinación y concurrencia previamente establecidos en la legislación correspondiente, directamente relacionadas con las materias que sean competencia de los Órganos Reguladores de la Actividad del Estado. Para los efectos de esta fracción, los Órganos Reguladores de la Actividad del Estado son únicamente los siguientes: [.] d) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en lo que resulte competente y no sea del conocimiento de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual." De los preceptos transcritos se advierte que los afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al ser el tribunal competente para conocer de los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública Federal, así como sus entidades paraestatales, órganos desconcentrados y las empresas productivas del Estado dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales. Asimismo, la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el órgano especializado encargado para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, a que se refiere su Ley Orgánica, dictadas, entre otros, por los Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, tales como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en lo que resulte competente y no sea del conocimiento de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En el caso, toda vez que el quejoso reclama la determinación contenida en el oficio 193300EL350344, suscrito por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es decir, es una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por el cual la responsable negó la petición del quejoso contenida en el ocurso presentado el seis de febrero de dos mil diecinueve, entonces, previo a la promoción del juicio de amparo dicha determinación puede ser combatida a través del juicio de nulidad, con lo que se cumple con el principio de definitividad que rige esta materia. En ese sentido, cabe precisar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Ello es así, tomando en consideración que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. De la lectura del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que la suspensión de los actos reclamados se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y causen daños o perjuicio de difícil reparación a la parte quejosa con la ejecución de dichos actos. Además, se observa que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se considera que si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión se fijará discrecionalmente el importe de la garantías. Asimismo, se advierte que en los demás casos la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. Por otro lado, los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que la suspensión procede cuando se reúnen los siguientes requisitos: Que la solicite el agraviado. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Asimismo, se advierte que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero que pueda ocasionar daños y perjuicios a un tercero, se concederá si la parte quejosa otorga garantía bastante, y cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. En ese contexto, se estima que el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, se advierte que el primero de los ordenamientos legales no exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los establecidos en la Ley de Amparo, inclusive, las exigencias previstas para tal efectos son semejantes. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 222/2015 así lo estableció en la jurisprudencia 2ª./J27/2016 (10ª), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, decima época, libro 28, marzo de 2016, tomo II, pagina 1194, cuyo rubro es el siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". En cuanto al plazo para otorgar la suspensión, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tampoco establece uno mayor, como se determinó en la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril 2015, Tomo I, Décima Época, página 783, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. En el presente asunto, no se actualiza la excepción que si el acto reclamado carece de fundamentación, toda vez que de un examen objetivo del acto reclamado y del documento que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, permite advertir que se emitió con apoyo en diversas normas jurídicas, como lo son, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Salud, Ley Federal del Procedimientos Administrativo y, específicamente los artículos 1, 2 inciso c) fracción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 2, 8, 10, 16, 153, 155, 167, 173, 174, 177, 185, 186, 187 y 188 del Reglamento de Insumos para la Salud, 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII y XIII, 4 fracción II inciso C, 11 fracciones VI, XI, y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de ahí que no carece de fundamentación. De ese modo, queda claro que el promovente del amparo conoce los fundamentos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Tiene aplicación por el contenido que informa, la tesis I.3o.A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el mismo sentido, tampoco se actualiza la excepción cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, toda vez que la operatividad de dicha excepción requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas, sin que se encuentren mezcladas con argumentos de legalidad, porque si bien es cierto el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, también es verdad que tal excepción presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no lo releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto, pues de lo contrario quedaría al arbitrio de la parte quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo que demuestra, que al no haberse agotado el recurso ordinario, procede el desechamiento de la demanda. Lo anterior, se corrobora con el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.". Además, la propia Constitución Federal, en su artículo 107, fracción IV, establece expresamente que la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando: ".el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución."; es decir, que no es posible considerar esa excepción si se plantean argumentos relativos a la legalidad de los actos reclamados, pues en ese supuesto, la parte quejosa quedará obligada a agotar los medios de defensa respectivos para combatir los actos reclamados. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 94, tomo I, Abril de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Asimismo, en cuanto a la excepción consistente en eximir al promovente de agotar el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que está debidamente contemplado en el numeral 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, se encuentra concatenado con el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que prevé la competencia del citado órgano jurisdiccional, por virtud de la cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que el medio ordinario de defensa está previsto en una ley y no en un reglamento. Cabe precisar que la excepción al principio definitividad que se estudia, atiende a que debe otorgarse certeza jurídica a los gobernados respecto a que tengan conocimiento real del fundamento de los actos de autoridad, y como consecuencia, del medio de impugnación procedente para su defensa, lo que en el presente caso se encuentra colmado, por lo que en caso de inconformidad con el desechamiento del recurso de revisión, es dable agotar los medios de defensa ordinarios, como en el caso acontece con el juicio contencioso administrativo federal, en el cual se debe de cumplir con los mandatos constitucionales en materia de impartición de justicia y protección de derechos humanos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su rubro dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Tampoco se actualiza el supuesto que se trate de un amparo contra leyes, en virtud de que no se combate alguna norma general, sino el oficio 193300EL350344 de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En el entendido de que si bien el juicio de amparo materializa el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, contra las violaciones a los derechos humanos, no implica que se desatiendan los requisitos formales y presupuestos necesarios previstos en el orden jurídico interno, como son dejar de analizar las causales de improcedencia. Tiene sustento lo antedicho en las tesis 1a./J. 22/2014(10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, tomo I, Marzo de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." En consecuencia, como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Amparo; por ello, de conformidad con el artículo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que la invocación de la jurisprudencia 1ª./J. 10/2019 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que declaró inconstitucionales los artículos 235, último párrafos, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, haga necesario prevenir al quejoso para que aclare la demanda y manifieste si señala esos actos como reclamados, en virtud de que esas disposiciones no aparecen como fundamento del acto reclamado. Como solicita la parte quejosa se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista propuesto; respecto del número telefónico que señala para oír y recibir notificaciones, dígase a la ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que la Ley de Amparo no prevé las notificaciones por dicha vía y para consultar las actuaciones judiciales vía electrónica, necesita un nombre de usuario y contar con contraseña o firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, lo cual no proporciona la parte quejosa; por ende, se ordena practicar las notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en el lugar de residencia de este juzgado de distrito. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice tomar fotografías de las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se autoriza a la parte solicitante, la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, del rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.", localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruíz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.JAN/MIDM*
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Luis Alonso Sandoval Gomez134/2022
- Luis Alonso Sandoval Gomez875/2022
- Luis Alonso Sandoval Gomez960/2021
- Luis Alonzo Ramírez903/2018
- Luis Alvarado Cordero2739/2014
- Luis Alvarez Leal1568/2023
- Luis Andres Angulo Ramon635/2020
- Luis Andres Angulo Ramon523/2021
- Luis Andres Angulo Ramon1224/2020
- Luis Andrés Angulo Román1375/2022
- Luis Andrés García Sandoval2052/2017
- Luis Andres Garcia Sandoval1148/2017