Luis Alvaro García Reyes

Expediente 597/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
597/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
28/09/2017

Partes del expediente

  • Luis Alvaro García Reyes
  • Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Investiadora Sin Detenido Dos Correspondiente a la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 3, dependiente de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo de la Procuraduría general de Jus

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el tres de abril de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, ya que no es necesaria la retención del anexo enviado por la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 597/2017, promovido por Luis Alvaro García Reyes, contra los actos reclamados del agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido de la Coordinación Territorial MH-3 de la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se precisarán en el considerando segundo. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, se admitió a trámite la demanda, que se registró con el orden 597/2017; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado del agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido de la Coordinación Territorial MH-3 de la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México son los siguientes: 1. El citatorio emitido el treinta de junio del año en curso en la careta de investigación CI/FMH/MH-3/UI-1S/D/00167/03-2017, dirigido al representante y/o apoderado legal de Comercializadora GARE Multiservicios, Sociedad Anónima de Capital Variable; y 2. La orden de búsqueda, localización y presentación del quejoso, así como su ejecución. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados precisados en el numeral 2 del considerando precedente, pues así se aprecia del informe justificado por la autoridad ministerial señalada como responsable, sin que el quejoso ofreciera prueba en contrario. Por tanto, debido a la inexistencia de los preindicados actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo. Por otra parte, es cierto el citatorio reclamado, pues así lo aceptó la autoridad responsable en su informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitió, entre las que se encuentra dicho citatorio; documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza del multicitado citatorio, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no acreditó su interés jurídico. Así se considera en razón de que la fracción XXIII del primer numeral citado en el párrafo precedente establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, hipótesis normativa que fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen. Asimismo, del dispositivo la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia se obtiene que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del citatorio reclamado, es necesario abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que bajo el número 852 aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En ese contexto, en el caso, como se dijo, el quejoso no acreditó el interés jurídico para controvertir el citatorio mencionado, pues tal citatorio fue dirigido al representante y/o apoderado legal de Comercializadora GARE Multiservicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que el peticionario de amparo no acreditó plenamente, porque para tal efecto sólo exhibió copia simple del Instrumento Notarial 47,012, relativo a la constitución de la moral citada, en que el justiciable fue designado administrador único de dicha sociedad, con poder general para pleitos y cobranzas. Sin embargo, al haber exhibido copia simple de tal testimonio, es inconcuso que tal documental carece de valor probatorio al no adminicularse con alguna otra prueba que haga verosímil; por tanto, es insuficiente para establecer que el quejoso tiene interés jurídico para controvertir el citatorio mencionado. Es aplicable la jurisprudencia identificada con el orden 298, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 317 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". En ese sentido, al quedar evidenciada la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Alvaro García Reyes contra los actos reclamados del agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido de la Coordinación Territorial MH-3 de la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que se hicieron consistir en: 1. El citatorio emitido el treinta de junio del año en curso en la careta de investigación CI/FMH/MH-3/UI-1S/D/00167/03-2017, dirigido al representante y/o apoderado legal de Comercializadora GARE Multiservicios, Sociedad Anónima de Capital Variable; y 2. La orden de búsqueda, localización y presentación del quejoso, así como su ejecución.

  3. Principal

    Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete a las trece horas con veinte minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

  4. Principal

    Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Acorde con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad signante la documental que adjuntó a su informe de ley, la cual se desahoga en razón de su naturaleza jurídica, que se relacionará en la audiencia constitucional. En otro orden, del informe de ley rendido por la autoridad responsable se aprecia que libró el citatorio de treinta de junio de dos mil diecisiete, emitido en la indagatoria CI/FMH/MH-3/UI-1S/D/00167/03-2017. En ese sentido, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Agente del Ministerio Público de la Unidad Dos Sin Detenido de la Coordinación Territorial MH-3 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique este proveído, remita copia certificada completa, legible y ordenada de las constancias en que se basó para emitir el citatorio mencionado. En el entendido que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento con que se conminó en el auto admisorio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del país, publicada en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, de rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Notifíquese.

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