Luis Álvarez Herrera

Expediente 286/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
286/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Luis Álvarez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México informa que el juzgado citado se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia, en virtud de que en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés se acordó lo conducente. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el cual el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se devuelve lo actuado en el exhorto *********. Dese de baja la comunicación oficial en cita, sin acusar recibo, toda vez que así lo solicitó el juez homólogo. Por otra parte, glósese a los autos el documento signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otra autoridad. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Así, en cumplimiento al artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, por tratarse de un cuaderno de antecedentes. Por tanto, se ordena que una vez que transcurran seis meses de la fecha en que se dictó el presente proveído, se proceda a la destrucción de dicho cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido tal y como se establece en el penúltimo párrafo del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Cúmplase.

  3. Principal

    Colima, Colima, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en atención al oficio ********************mediante el cual este juzgador se declaró incompetente, remite la boleta de turno de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director del Sistema Penitenciario y otra autoridad, de la que se advierte que correspondió conocer de la misma al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a efecto de que se remita vía interconexión al citado Órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido por la Circular ********************, de diez de julio de dos mil veinte. Atento a lo anterior, con transcripción del presente proveído y con copia de la boleta de turno, remítase el acuerdo de incompetencia de seis de marzo del año en curso, al juzgado homólogo citado, a fin de que determine si acepta o no la competencia planteada. Asimismo, instrúyase al oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que relacione el expediente electrónico con el Juzgado respectivo y hágase del conocimiento del juez homólogo dicha circunstancia. Cúmplase.

  4. Principal

    Colima, Colima, seis de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Álvarez Herrera, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otra autoridad; la cual se ordena registrar en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 286/2023-IV. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Del análisis de la demanda, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Director y al Subsecretario de Sistema, ambos de la Penitenciaría de la Ciudad de México; por tanto, se estima que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer del presente asunto. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De este dispositivo legal se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bien, de ese artículo se desprende que el espíritu de la ley fue, en parte, dar prerrogativa a la ejecución del acto reclamado para establecer la competencia del juez de amparo; y, en otra, facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para disponer de mejores posibilidades de defensa, a efecto de estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Ahora, respecto a la hipótesis señalada en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito competente será aquel que resida en el lugar donde el acto reclamado vaya a tener ejecución, se trate de ejecutar, en el que se ejecute o ya se haya ejecutado. Del análisis del precepto, así como de su interpretación, se obtiene que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez en donde se haya presentado la demanda; en caso contrario, esto es, si el acto reclamado sí requiere de ejecución material, el elemento a atender se vincula al lugar de esa ejecución, ya obrando hacia el pasado, en el presente o hacia el futuro inminente; es decir, el juez competente será el que tenga jurisdicción en el lugar en donde se haya ejecutado, se esté ejecutando, se trate de ejecutar o se deba ejecutar el acto reclamado y, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presentó la demanda de amparo. Las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinan la competencia de los jueces de distrito, ya sea en función de que el acto reclamado tenga o no ejecución, con la finalidad de que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de distrito más cercano, pues sólo de esa manera se puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquéllos que por su naturaleza pueden suspenderse, conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el que se establece que si el acto no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en donde el quejoso haya presentado la demanda. En el caso, también se debe tener presente si la naturaleza del acto reclamado (requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado) para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. La esencia de la competencia territorial es el lugar en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que ejerza jurisdicción en el lugar en que se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y resulta imperante en el juicio de amparo Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso no señala como autoridad responsable alguna en la residencia de este juzgado federal, en cambio, señalaron actos omisivos que conllevan efectos positivos, pues lo que pretenden al promover el amparo es que las consecuencias de la decisión que se efectúe, se concretizarán, invariablemente, en el lugar donde se encuentra interno. Lo anterior es así porque dichas omisiones verbigracia la posibilidad de que la persona que se encuentra privada de libertad, entre otros de ejecución material, como son los de intimidación represalia y discriminación, castigo ilegal y el diverso omisivo de la falta de atención médica, o bien de servicios médicos de calidad; este último, si bien es omisivo, es de carácter positivo porque implica que su materialización tendrá ejecución en el lugar de su reclusión que es en la Penitenciaría de la ciudad de México. Por lo tanto, esta juzgador declara la actualización de la incompetencia legal por territorio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con número de Registro digital: 2012019, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: II.2o.P.16 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, página 2093, Tipo: Aislada, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". Entonces, se declara la incompetencia legal de este juzgado para continuar el trámite del juicio amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se declina el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, en turno, dado que tendrá los elementos idóneos para recabar pruebas de manera eficaz, por compartir la misma residencia de las autoridades responsables señaladas en la demanda. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase, la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad México, para que por su conducto sea turnada al órgano que corresponda, solicitándole el acuse de recibo. Pronunciamiento de la suspensión de plano. Ahora, en ningún momento se pasa por alto que en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, el juez que se declara incompetente debe abstenerse a decidir sobre la admisión y respecto de la medida suspensional del acto reclamado, salvo que se trate de algún supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, por virtud de lo siguiente: En ese sentido, los actos reclamados por el quejoso, consistente en: actos de molestia intimidación represalia y discriminación, pues no pueden ser materia de la suspensión de oficio y de plano, en tanto que se trata actos derivados de las condiciones de internamiento en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, acorde con ese razonamiento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos medios de control para efectos de que las personas privadas de su libertad personal puedan inconformarse de las condiciones de su internamiento, inclusive en cuestiones de carácter urgente. Al respecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 230 (registro digital 2018548), cuyo rubro y texto establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, no pasa desapercibido que en la demanda de amparo, el quejoso señalo como un diverso acto reclamado: "mala atención médica y medicamentosa"; sin embargo, en el presente caso no es procedente proveer sobre la suspensión de plano solicitada, en virtud que del estudio integrar de la demanda de amparo, en un juicio valorativo, ponderando las manifestaciones vertidas en el misma, no se advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a tal situación un tormento. Apoya lo anterior, por las razones que la informan la tesis, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2020430, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 55/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". Además, del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Bajo esa perspectiva, además de que los actos reclamados por los quejosos no se ubican en los supuestos del artículo 22 constitucional, lo cierto es que se trata de cuestiones de internamiento que no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por consiguiente, al declararse esta operadora jurídica incompetente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se encuentra impedida para decidir sobre la medida suspensional. Exhorto. Por su parte, en razón de que el quejoso dice encontrarse recluido en la penitenciaría de la Ciudad de México; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 74 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, gírese atento exhorto vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en la penitenciaría de dicha ciudad y le notifique el presente proveído al quejoso Luis Alvarez Herrera. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. Cúmplase.

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