Luis Alonso Valdez Roccati

Expediente 915/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
915/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Octava Sala en Materia de Familia, Xalapa, Veracruz
  • Luis Alonso Valdez Roccati

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, mediante el cual acusa recibo del oficio número 25345/2018, del índice de este juzgado, e informa que acepta la competencia declinada, por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Magistrados de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la lectura a la demanda de amparo se advierte que el quejoso Luis Alonso Valdez Roccati, reclama de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad, el acto siguiente: La resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca 930/2018, a través del cual se ordenó la reposición del procedimiento en el juicio ordinario civil 283/2016. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se desprende que la Sala responsable ordenó la reposición del procedimiento en el juicio ordinario civil 283/2016, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Pánuco, Veracruz, promovido por la tercera interesada Edna Liliana Maldonado Deantes. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde a lo previsto por el numeral 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridad legalmente competente para ello. Atento a lo anterior, el suscrito juzgador estima carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de acuerdo con lo siguiente: Las reglas de competencia para que un juez de distrito se avoque al conocimiento de una demanda de amparo, se encuentran reguladas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se advierte, el numeral transcrito prevé tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) El amparo contra actos u omisiones de autoridad se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si la ejecución puede tener lugar en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgador ante quien se presentó la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado, a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que el juicio de amparo contra los actos de autoridad referidos en ese precepto se promoverá ante el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución del acto motivo del reclamo de la protección de la Justicia Federal, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia de amparo. En tales términos, la competencia de un juez de distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Luego, como se adelantó, la parte quejosa, en esta vía constitucional, señala como acto reclamado la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca 930/2018, a través del cual se ordenó la reposición del procedimiento en el juicio ordinario civil 283/2016, que se encuentra radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Pánuco, Veracruz. En consecuencia, resulta que este órgano jurisdiccional no es competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que los actos reclamados tendrán ejecución en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en Pánuco, Veracruz, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distritos en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, Veracruz; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto Cuarto, fracción VII, párrafo Cuarto, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el municipio de Pánuco, Veracruz. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia PC.VII.C. J/2 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1667, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2010518, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo deberá remitirse el juicio de amparo formado con la demanda original al citado Juez de Distrito, así como dos tomos de pruebas, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar. Solicitándose el acuse de estilo. Resulta importante señalar que en el presente juicio de amparo no se ordenó la apertura de los cuadernos incidentales, por no haber solicitado la parte quejosa la suspensión del acto reclamado. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la celebración de la audiencia constitucional que se encontraba prevista para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes la razón de cuenta, en la que el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional asentó la imposibilidad que tuvo para emplazar a juicio a la parte tercera interesada, por el motivo que ahí expone; al respecto, resérvese a proveer lo conducente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, a efecto de advertir de las constancias que para tal efecto envíe, un diverso domicilio para emplazar a la parte tercera interesada en comento.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Luis Alonso Valdez Roccati contra actos reclamados a la Octava Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 915/2018. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. NO HA LUGAR A TRAMITARSE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al no encontrarse reunido el requisito previsto por el artículo 128 fracción I, de la ley de la materia, en virtud de no haber solicitado la parte quejosa la suspensión del acto reclamado, no ha lugar a formar el incidente de suspensión. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero. b) Remita la copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que las autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA. Se tiene con el presunto carácter de tercero interesado en este asunto a Edna Liliana Maldonado Deantes, quien tiene domicilio ubicado en calle Arenisca, número 20 (veinte), fraccionamiento Pedregal, del municipio de Banderilla, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, túrnense los presentes autos al actuario judicial adscrito que corresponda, para emplazar a la referida tercera interesada con la entrega de la copia de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, así como con copia autorizada del presente auto. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, así como en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado a Gustavo Martín Gómez Chavarría, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 162596; y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Vanessa Estévez Jiménez y Delia Reyes Ramírez, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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