Luis Alonso Lara Olmos

Expediente 1565/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1565/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Luis Alonso Lara Olmos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución SUSPENSIÓN DE PLANO INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS NO NO NO NO NO José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 2 constitucional que sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUÍBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 215 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con cincuenta minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós, Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, por vacaciones de la Jueza de Distrito, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley en cita; determinado en sesión celebrada el cinco de diciembre del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/6679/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, asistido por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 1565/2022, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. La Secretaria hace constar la inasistencia de la partes. Estado procesal. La secretaria hace constar que en autos no obra el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, pese a estar notificados desde el diecisiete de noviembre del año en curso [foja 27]. El secretario encargado del despacho por vacaciones de la titular acuerda: En virtud de lo anterior, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, se realizará el pronunciamiento relativo en la sentencia que se emita a continuación. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO Y ANEXOS 5-17 2 AUTO ADMISORIO 18-26 3 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN 27 4 INFORME JUSTIFICADO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD OMISO Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que la parte quejosa ofertó medios probatorios con su escrito de demanda. El secretario encargado del despacho por vacaciones de la titular acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. El secretario encargado del despacho por vacaciones de la titular, acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes restantes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1565/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el catorce de noviembre del dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra omisiones que atribuye a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de noviembre del dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente 1565/2022, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado por el quejoso a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad consiste en: La omisión de ejecutar el laudo en los plazos y términos que marca la ley. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Si bien en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, operaría la presunción de la existencia del acto atribuido al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que omitió rendir informe justificado, no obstante haber sido notificada para tal efecto. No obstante, es importante mencionar que un acto es en sí mismo violatorio del Pacto Supremo de la Unión, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto en dicha Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad dicta o realiza aquél, con base a las facultades que la propia Constitución y la legislación secundaria le otorgan y puede exponer los motivos, datos o pruebas conforme a las cuales el acto es apegado a dichas normas, entonces no es en sí mismo violatorio. Es decir, cuando el acto reclamado pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no es en sí mismo violatorio de derechos y, en cambio, cuando en ningún caso la responsable pueda realizar el acto impugnado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de derechos en sí mismo. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio del Pacto Federal no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Ley Fundamental surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; verbigracia, el acto de molestia que no consta en mandamiento escrito (en violación al artículo 16 Constitucional), la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial (en contravención al párrafo tercero del mismo artículo 16 Constitucional), el arresto por más de treinta y seis horas (infringiendo el párrafo cuarto del artículo 21 del Pacto Supremo), etcétera. Lo anterior es así, pues sería ilógico que ante un acto que es inconstitucional en sí mismo, se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, dicha inconstitucionalidad no se desvirtuaría, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. Por tanto, con relación a la inconstitucionalidad del acto, lo que determina si la carga probatoria recae en el quejoso, es la circunstancia de que el acto sea o no inconstitucional en sí mismo. Acorde a los razonamientos aquí emitidos, para estimar si el acto reclamado es en sí mismo violatorio de garantías, debe establecerse si de su propia naturaleza intrínseca deriva de la contravención a la Ley fundamental. En ese sentido, cabe precisar que, si bien los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo, retoman la prerrogativa de acceso a la impartición de justicia estableciendo que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito, inmediato" y que las juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso", en tanto que el artículo 838 de la citada ley, establece que la autoridad deberá dictar sus resoluciones dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en que reciba promociones por escrito. En el caso concreto, la documental exhibida por el quejoso consistente en copia fotostática simple del laudo de seis de abril del dos mil veintidós, así como del acuse de recibo del escrito presentado el veintisiete de septiembre pasado aparentemente ante la autoridad responsable, no puede concedérsele valor probatorio al no encontrarse adminiculado con diverso elemento probatorio para generar convicción. En ese sentido, quien resuelve, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 217, todos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia emitida por nuestro Alto Tribunal cuyos datos de localización son: Registro digital: 2000011, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, que dice EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Ello es así, pues la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD. IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN. IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Ahora bien, como se señaló anteriormente, la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, la omisión ejecutar el laudo de fecha seis de abril del dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente número ********************, del índice del libro de gobierno de la H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas. Respecto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución del laudo, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo vigente a la presentación de la demanda laboral, requiere no solamente la forzosa solicitud del interesado para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estimó que no puede constreñirse a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, el citado Tribunal concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al Tribunal ejecutor. De ahí que, si en el caso en estudio, la parte quejosa reclama genéricamente del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, la omisión ejecutar el laudo de fecha seis de abril del dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente número ******************** del índice del libro de gobierno de la H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas; en consecuencia se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al tribunal responsable, como en el presente caso se promovió; lo que ya no podrá variar aun tramitado el juicio de amparo. En ese sentido, resulta evidente que la parte quejosa no acreditó haber el impulso procesal para lograr la ejecución del laudo respectivo. Por otro lado, al reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la parte quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2000025, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772, que dice: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis, con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 217, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos. Sin que pase por alto que la parte tercera interesada no se haya emplazado al presente juicio, pues la determinación aquí adoptada no afecta su esfera jurídica. Es aplicable al caso, la tesis aislada emitida por el Pleno de nuestro Alto Tribunal, cuyos datos de localización son: Registro digital: 196912, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P. V/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, que dice: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por ********************, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, por vacaciones de la Jueza de Distrito, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley en cita; determinado en sesión celebrada el cinco de diciembre del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/6679/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, asistido de la licenciada Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurre el término de quince días para que la autoridad responsable Presidente de la Junta especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Tapachula, en esta ciudad, rinda su informe justificado, toda vez que recibió el oficio correspondiente el diecisiete de noviembre del año en curso. DIFERIMIENTO 1 13/15 Bajo ese contexto, se difiere la audiencia de ley y se fijan las once horas con cincuenta minutos del treinta de diciembre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo su desahogo.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por 1la Agente del Ministerio Público de la Federación, Operadora de Ventanilla Única de Atención en Tapachula, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que inició los trámites tendientes a esclarecer los hechos de actos de tortura denunciados por el quejoso Jesús Eduardo Soto Rodríguez, en su escrito de demanda, por lo que canalizó denuncia al titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la EIL Subsede Tapachula. Asimismo, agréguense a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, los oficios signados por 2la perito Técnico Ejecutivo "B" en la Especialidad de Documentos Cuestionados, en ausencia del Coordinador Estatal de Servicios Periciales, y 3la perito Profesional Ejecutivo "B" en la Especialidad de Medicina Forense, adscrita a la Fiscalía General de la 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 República, Agencia de Investigación Criminal, ambos, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a través del cual el primero informa que designó a la Doctora Alejandra Pérez Meléndez, Perita Profesional Ejecutiva "B", como perito Profesional Ejecutivo "B" en la Especialidad de Medicina Forense, y con el segundo oficio, se tiene a la perito antes mencionada realizando diversas manifestaciones en relación a llevar acabo el peritaje en evaluación psicológica para casos de posible tortura y/o maltrato, para que emita dictamen observando la normatividad internacional contenida en el Protocolo de Estambul, relativa al quejoso Jesús Eduardo Soto Rodríguez. En tal virtud, se toma nota de lo comunicado para los efectos legales a que haya lugar, reservándose a proveer al respecto, hasta en tanto la licenciada Gloria Nayeli Vázquez Fuentes, Agente del Ministerio Público de la Federación, Operadora de Ventanilla Única de Atención en Tapachula, con sede en esta ciudad, informe la continuación del trámite dado a la denuncia de los actos de tortura realizados por el quejoso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/HPF/

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