Luis Alonso García Parra
Expediente 571/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Alonso García Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el diecinueve de junio del año en curso, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por ********************Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículos 12 y 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 571/2023 promovido por Luis Alonso García Parra contra actos de la Secretaria de Educación en el Estado, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que no existen medios de prueba por desahogar. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA Se hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público de la Federación formuló alegatos en la presente instancia constitucional. EL JUEZ: Ténganse reproducidas tales alegaciones, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VIII-571/2023, promovido por Luis Alonso García Parra, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de mayo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el cual por razón de turno se recibió en este órgano jurisdiccional al día siguiente, Luis Alonso García Parra promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Además, el quejoso precisó como transgredido en su perjuicio el derecho humano previsto en los artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de quince de mayo anterior, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, requirió el informe justificado correspondiente, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que precede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama una omisión de autoridad administrativa con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, por lo que se surte competencia en razón de materia, grado y territorio. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, el reclamo en la presente instancia constitucional consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, así como su falta de notificación, a través del cual, en esencia, quienes lo suscribieron solicitaron se realicen diversas gestiones a fin de que se asignen las vacantes relativas a la ´Convocatoria del proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica, ciclo escolar 2023-2024´, en el cual participó el promovente del amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. El que suscribe estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por los motivos que enseguida se exponen: Los citados numerales prevén lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Además, de su interpretación sistemática se obtiene que el juicio de amparo es un procedimiento que parte de la base que el proceder de una entidad de poder público, será sometido al escrutinio constitucional para efectos de establecer si con su actuar ha vulnerado los derechos fundamentales del gobernado. En el caso, el quejoso reclama de la Secretaría responsable la omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, así como su falta de notificación, a través del cual, en esencia, quienes lo signaron solicitaron se realicen diversas gestiones a fin de que se asignen las vacantes relativas a la ´Convocatoria del proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica, ciclo escolar 2023-2024´, en el cual participó el promovente del amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que, para efectos del amparo, la autoridad responsable tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, del análisis a esta disposición legal, se arriba a la convicción de que son tres los requisitos demandados por el legislador, para que se actualice esta hipótesis normativa, a saber: 1. Que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por cuanto al primer tema relativo a que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, debemos de entender que se trata de actos que sean emitidos de manera unilateral e imperativa, es decir, que el particular, al momento de la emisión del acto de molestia o de privación, ya sea mediante acción u omisión, se encuentre en un plano de supra a subordinación en relación con quien reciente en su esfera jurídica tal acto, por haberse creado modificado o extinguido su situación jurídica. De modo que no debe de confundirse esta acepción legislativa, con aquellos casos en que el actuar del particular derive de un plano de igualdad, por ejemplo, con motivo de una relación laboral, pues en este caso no se actualiza la hipótesis normativa establecida por el legislador, que requiere precisamente que el acto reclamado este dotado de imperio y unilateralidad, por ende, en casos donde no acontezca este elemento, no existirá sustento alguno, ni constitucional, ni legal, para impugnar esta clase de actos mediante el juicio de amparo, ya que ello reñiría con la naturaleza de esta instancia constitucional e iría en contra del espíritu legislativo. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos fundamentales, al colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de la autoridad, los mismos como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es claro concluir que tratándose del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Carta Magna, la naturaleza jurídica de la relación entre el formulante de la petición y el servidor público a la que ésta se dirige, es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En efecto, al ser el derecho de petición uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado; así como el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica que implica la garantía individual. Es decir, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido delimitado, precisamente, en razón de la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernado, en el que se manifiestan los derechos públicos que la Constitución General establece como limitantes a la actuación legal del Estado en el ejercicio de su poder público, coincidiendo, por tanto, el concepto de autoridad referido con el de los sujetos pasivos de la relación jurídica que las garantías individuales implican, pues es la autoridad en los términos que han quedado definidos, la obligada en una relación de supra a subordinación a respetar tales derechos públicos subjetivos. El artículo 8o. constitucional dispone: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Ley Fundamental anteriormente transcrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. En virtud del origen del derecho de petición, así como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía individual, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y notificarlo en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores puntos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la señalada, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Se establece lo anterior dado que el hecho de que a través del escrito del cual se duele la falta de acuerdo, el quejoso y las diversas personas que suscribieron dicho escrito -quienes de igual manera presentaron diversos juicios de amparo- pretenden acceder a un cargo laboral con funciones directivas o de supervisión en educación básica, en términos de la ´Convocatoria del proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica, ciclo escolar 2023-2024´. Además, el quejoso participó en dicho concurso en su calidad de Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo y aspirante a Inspector Normalista de Educación Física, como se aprecia en los anexos que acompañó a su demanda. Aunado a que en las bases de la convocatoria, específicamente del apartado relativo a los requisitos para la participación, se advierte señala de manera expresa: "PRIMERA. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN. Las maestras y maestros que decidan participar en este proceso de promoción deberán cumplir los requisitos que se indican en el artículo 9 del Acuerdo, que son los siguientes: (.) IV. Contar con experiencia mínima de cuatro años en la función docente con nombramiento definitivo al participar en el proceso de promoción a la categoría inmediata superior; V. Contar con experiencia mínima de cinco años en la función directiva o de supervisión con nombramiento definitivo al participar en el proceso de promoción a la categoría inmediata superior; VI. Ocupar la categoría de antecedente inmediato anterior a la que aspira promoverse, correspondiente al nivel y servicio educativo en el que se desempeña con nombramiento definitivo; (.)." Luego, el obrar de la Secretaría de Educación, aun cuando pueda considerarse que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, carecen de la característica específica de ser en forma unilateral y obligatoria, se insiste, toda vez que la autoridad no se ubica en una posición de supra a subordinación con el quejoso, pues la posible omisión de contestar a su escrito, tiene su génesis en la relación de trabajo que lo une con la Secretaría de Educación en el Estado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, con registro digital 189914, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Al igual que la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4389, con registro digital 2021827, de contenido siguiente: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral". La anterior determinación de sobreseimiento impide que este órgano jurisdiccional aborde el estudio de los argumentos vertidos por el peticionario del amparo. Sirve de cimiento a lo anterior, la tesis VI. 1o. J/23 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, registro digital 226555, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En tal virtud, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, se impone sobreseer en los autos del presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Alonso García Parra, por propio derecho, dados los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe que se tuvo por recibido en auto de dos de junio del año en curso. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la Representante Legal de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y como autorizados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. SE AUTORIZA CONSULTA Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario "Sel_Villegas"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. MAH
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