Luis Alfredo Valdez Mancilla

Expediente 294/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
294/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Luis Alfredo Valdez Mancilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE agrega a los autos el escrito signado por el quejoso ********, en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de diez de noviembre pasado, en el que causó estado el diverso acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo y se ordenó la devolución de las documentales aportadas en el escrito de demanda origen del presente asunto. En el entendido que para tal finalidad y atendiendo a la limitación del personal designado con motivo de la contingencia, se tienen asignados los días miércoles para atender la devolución de documentos, por tanto, deberá generar la correspondiente cita a través del sistema "Agenda OJ" del micrositio "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea; ello de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Lo anterior, en la inteligencia que el horario en el cual pueden acudir a recoger tales documentos será el comprendido de las nueve a las catorce horas, que es el horario de atención al público.

  2. Principal

    Se advierte que no se interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, tomando en consideración lo hasta aquí expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte promovente las documentales que allegó al presente asunto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; asimismo, se le requiere para que acuda dentro de un plazo de NOVENTA DÍAS para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 11/11/2020, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Se advierte que no se interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. Finalmente, tomando en consideración lo hasta aquí expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte promovente las documentales que allegó al presente asunto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; asimismo, se le requiere para que acuda dentro de un plazo de NOVENTA DÍAS para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original..., ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.

  4. Principal

    Se agrega el escrito signado por el quejoso Luis Alfredo *****, a través del cual desahoga la prevención formulada mediante acuerdo de veinte de octubre del año en curso, en atención a su contenido, y analizado en su integridad el ocurso de cuenta, este juzgado federal determina que se satisfacen los puntos preventivos que le fueron formulados. CONSIDERACIÓN PREVIA. Ahora bien, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente, en tal virtud, este órgano de control constitucional realizará el estudio correspondiente. ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, la parte quejosa precisa que reclama a las autoridades que señala como responsables, lo siguiente: a)La imposición de las multas con números de control **************, ********* y *********, así como su ejecución. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que la Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. En el caso a estudio, quien resuelve advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." En este contexto, el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración número I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la página novecientos dos, del tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, con número de registro digital 187016, que al rubro dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así también, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, 2ª ./J115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, del Tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materias, común administrativa, con número de registro digital 193142 del rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Ahora bien, como se precisó en líneas precedentes, de la lectura integra de los escritos de demanda y aclaratorio, se advierte que el inconforme reclama la imposición de las multas por parte de la autoridad responsable Servicio de Administración Tributaria multas con números de control **********,********** y ********, así como su ejecución. En ese sentido, es dable precisar que en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió el justiciable en su escrito de demanda; y de los anexos allegados al mismo, se desprende que las aludidas multas derivan de los requerimientos formulados en relación a las declaraciones mensuales del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y la retención de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios. De ahí que en el caso se estima que dichas sanciones son accesorias a las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, último párrafo, en relación con el diverso 21 del Código Fiscal de la Federación. En ese orden de ideas, debe traerse a colación que en términos lo dispuesto por los artículos 116, 117, fracción I, inciso a), 120 y 125 del referido ordenamiento Fiscal3 , se 1 Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: (.) Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1o. 2Artículo 21.- (.) Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67 de este Código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo, los gastos de ejecución y las multas por infracción a disposiciones fiscales. 3 Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a). Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b). Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. c). Dicten las autoridades aduaneras. d). Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a). Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. c). Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código. Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente. Artículo 125. El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la advierte que contra el acto impugnado en esta instancia constitucional procede el recurso de revocación, el cual será optativo antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De lo anterior, se desprende que el acto que por esta vía constitucional puede ser recurrido a través del aludido medio de impugnación o bien impugnarlo directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ese orden de ideas, atento a la naturaleza del acto reclamado en la demanda que se provee, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 3, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa4 , así como de los artículos 13, 14, 15, 24, 25 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual permite advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares. Asimismo, se desprende que dentro de dicho juicio se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, sobre la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas y la misma puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva, de ahí que en el caso, dicho misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro; en el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía. Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo. Los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte, son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de defensa previstos por este Código. Los procedimientos de resolución de controversias son improcedentes contra las resoluciones que ponen fin al recurso de revocación o al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; (.) ordenamiento no establecen mayores requisitos para otorgarla, que los previstos en la Ley de Amparo. En ese sentido, es dable precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo5 , establece como requisitos para conceder la suspensión a petición de parte: a. Que lo solicite el agraviado; b. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c. Que sean de difícil reparación los daños que cause la ejecución del acto. Por tanto, si del análisis de los artículos de los artículos 13, 14, 15, 24, 25 y 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que rigen, entre otros, la tramitación de la suspensión en el juicio contencioso "Artículo 128. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." administrativo, no se advierte que estos exijan mayores requisitos que los antes señalados por la Ley de Amparo; pues sólo prevén la solicitud del interesado (que equivale a la expresión de que la solicite el agraviado, que utiliza la Ley de Amparo) y señalan expresamente que la misma se negará si se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en idénticas condiciones que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Entonces, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó contra dicha imposición de multas, el medio de impugnación ordinario respecto del acto que reclama, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso que resulta procedente contra el acto que impugna; máxime que los artículos 24 y 28 de Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado analizado en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley de Amparo. Finalmente, cabe precisar que en el asunto que nos ocupa no opera ningún caso de excepción al principio de definitividad, que en materia administrativa prevé el segundo párrafo del numeral 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que establezca la Ley que rige el acto: a) si el acto reclamado carece de fundamentación, b) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o c) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. CONCLUSIÓN. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que es notoria y manifiesta, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente.

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