Luis Alfredo Trejo Jaimes
Expediente 652/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis Alfredo Trejo Jaimes
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de tres de junio de dos mil veintidós, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por Luis Alfredo Trejo Jaimes y Juan Gabriel Vázquez González, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 652/2022 Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicase en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que, existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida demanda de amparo presentada por Luis Alfredo Trejo Jaimes y Juan Gabriel Vázquez González, contra actos de la Asamblea General del Conjunto Habitacional de tipo Residencial Alto denominado "Natura" y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 652/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así, este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento. Ahora, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley de la Constitución, lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Para llegar a lo anterior, es necesario citar el acto que reclama la parte quejosa, mismo que hace consistir en: (.) Por consiguiente, el acto que en síntesis reclama la parte quejosa y atribuible a la Asamblea General, Administración, Mesa Directiva y Comité del Conjunto Habitaciones de tipo Residencial Alto denominado "Natura", es la suspensión de diversos servicios proporcionados por el condominio, tales como restricción a las áreas comunes en caso de no realizar el pago de las sanciones económicas impuestas por el incumplimiento al reglamento interno. En ese sentido, el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscribe por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. En tanto que el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiera dichas situaciones jurídicas; así también, se introduce la procedencia del juicio de amparo contra especiales actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, en los términos expuestos. Dichos preceptos, interpretados en sentido contrario, permiten concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando una persona moral señalada como autoridad responsable no actúe dotada de imperio. El término autoridad para los efectos del amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En la jurisprudencia 164/2011 consultable en la página 1089 del Tomo XXXIV, de septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para los efectos del juicio de amparo, una autoridad goza de las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, precisa que, para efectos de dicha ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto diversos Tribunales Colegiado de Circuito, han precisado como características de tales actos las siguientes: a) Que el particular señalado como autoridad responsable realice actos equivalentes a los de autoridad, tales como ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que afecten la esfera legal de otro particular; b) Que las funciones del particular estén determinadaspor una norma de carácter general; c) Que el acto realizado por un particular, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual; La existencia de un ente particular que establece una relación de supra a subordinación. Como ya se precisó, tales referentes derivan de las consideraciones contenidas en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada porla Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133 de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a unaautoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, visible en la página 1943, con registro 2009420, que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido deimperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARALOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, larealización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Ahora, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos, pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan porla actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características de las que igualmente deben encontrarse revestidos los actos de particulares, pues de lo contrario, esto es, al faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. Ahora, como se adelantó, la parte quejosa reclama de la Asamblea General, Administración, Mesa Directiva y Comité del Conjunto Habitaciones de tipo Residencial Alto denominado "Natura", la suspensión de diversos servicios proporcionados por el condominio, tales como restricción a las áreas comunes en caso de no realizar el pago de las sanciones económicas impuestas por el incumplimiento al reglamento interno; actos que de acuerdo con lo expuesto, no revisten las características requeridas para ser considerados actos de autoridad. Así, cuando una asamblea general de socios actúa para hacer cumplir el régimen establecido para el condominio respectivo, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquella no actúa de manera unilateral con relación a estos, ni con base en una norma jurídica general que lo faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil. En efecto, con los datos que expone la parte quejosa en su escrito inicial, se llega al convencimiento que se trata de una relación de coordinación, en tanto que no se está en una relación entre gobernantes y gobernados (supra a subordinación) ni entre los órganos del propio Estado (supraordinación). Aunado a ello, el reclamo de los quejosos no implica que se trate de una relación de supra a subordinación, pues sólo constituye un conflicto entre particulares, y como consecuencia, lo que da a lugar una relación de coordinación surgida entre particulares, que se desarrolla entre individuos iguales y libres, y que quedan sometidos solamente al imperio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, dándose por entendido que no necesitan ninguna protección externa adicional. Por tanto, el acto que aquí se pretende impugnar en modo alguno pueden constituirse en equivalentes a los emitidos por una autoridad, es decir, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, puesto que para ello es requisito necesario que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, supuesto que no se actualiza en el caso materia de estudio. Es de esta manera, que no existe duda que la materia del acto que se pretende combatir no puede equipararse con el emitido por un particular en forma equivalente al de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, en la medida que el acto que se le atribuye no implicó el ejercicio de facultades decisorias establecidas en ordenamientos normativos que rigen su competencia, esto es, el acto aquí reclamado, al margen de las razones que expone la parte quejosa, no constituye el ejercicio de una potestad de decisión fundamentada en un precepto contenido en una norma de carácter general. Por ende, el acto reclamado no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, atento a que tal acto queda comprendido en la relación de particulares que los vincula virtud al acto unilateral destacado, el cual no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por la ley al particular que lo emitió, sino en todo caso su origen es carácter privado que afecta de manera unilateral la esfera jurídica del promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.4o.C.33 C(10a.), con registro digital 2008335, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, ENERO de 2015, TOMO III, página 1859, cuyo rubro y texto establecen: "CONDOMINIO. NO ES AUTORIDAD, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SI SUS ACTOS NO SON UNILATERALES, DE IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo se establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el Código Civil para el Estado de Jalisco, en su artículo 1019 dispone que el órgano máximo del condominio es la asamblea de condóminos, quien es la encargada de determinar sus funciones. Ahora bien, si en la demanda de amparo se señala como autoridad responsable a un condominio, reclamándole una cuestión atinente a la disposición de un área común, la cual fue autorizada mediante asamblea ordinaria del referido conglomerado, debe colegirse que dichos actos no son equivalentes a los de una autoridad, pues además de haberse realizado en un plano de igualdad (es decir, entre particulares y bajo un régimen jurídico preestablecido), y de tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, en el aprovechamiento del haber patrimonial de dicho conjunto, debe decirse, además, que con ellos no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal del quejoso, dado que para su realización fue necesario el consenso de la mayoría de los condóminos, a través de su órgano supremo, descartándose así que dicha persona jurídica se rija de acuerdo con disposiciones de carácter general, a fin de poder equipararse a una autoridad, propiamente dicha; tampoco es imperativo el reseñado acto reclamado, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad de la mayoría en la toma de decisiones, también lo es que ello responde a las necesidades comunes y, por último, no es coercitivo, habida cuenta que, aun cuando es inminente su realización, obedece al ejercicio legítimo del régimen jurídico al que pertenece." Asimismo, es aplicable la tesis I.8o.C.13 K (10a.), registro digital 2009696, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo III, materia común, página 2132, cuyo rubro y texto se transcriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil." Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Luis Alfredo Trejo Jaimes y Juan Gabriel Vázquez González. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Ignacio Manuel Altamirano, número 2, esquina con Circuito Educadores, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico ni teléfono que proporciona, ya que éstos no son una forma prevista en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.
- Principal
Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida demanda de amparo presentada por Luis Alfredo Trejo Jaimes y Juan Gabriel Vázquez González, contra actos de la Asamblea General del Conjunto Habitacional de tipo Residencial Alto denominado "Natura" y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 652/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así, este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento. Ahora, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley de la Constitución, lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Para llegar a lo anterior, es necesario citar el acto que reclama la parte quejosa, mismo que hace consistir en: (.) Por consiguiente, el acto que en síntesis reclama la parte quejosa y atribuible a la Asamblea General, Administración, Mesa Directiva y Comité del Conjunto Habitaciones de tipo Residencial Alto denominado "Natura", es la suspensión de diversos servicios proporcionados por el condominio, tales como restricción a las áreas comunes en caso de no realizar el pago de las sanciones económicas impuestas por el incumplimiento al reglamento interno. En ese sentido, el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscribe por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. En tanto que el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiera dichas situaciones jurídicas; así también, se introduce la procedencia del juicio de amparo contra especiales actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, en los términos expuestos. Dichos preceptos, interpretados en sentido contrario, permiten concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando una persona moral señalada como autoridad responsable no actúe dotada de imperio. El término autoridad para los efectos del amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En la jurisprudencia 164/2011 consultable en la página 1089 del Tomo XXXIV, de septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para los efectos del juicio de amparo, una autoridad goza de las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, precisa que, para efectos de dicha ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto diversos Tribunales Colegiado de Circuito, han precisado como características de tales actos las siguientes: a) Que el particular señalado como autoridad responsable realice actos equivalentes a los de autoridad, tales como ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que afecten la esfera legal de otro particular; b) Que las funciones del particular estén determinadaspor una norma de carácter general; c) Que el acto realizado por un particular, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual; La existencia de un ente particular que establece una relación de supra a subordinación. Como ya se precisó, tales referentes derivan de las consideraciones contenidas en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada porla Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133 de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a unaautoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, visible en la página 1943, con registro 2009420, que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido deimperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARALOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, larealización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Ahora, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos, pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan porla actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características de las que igualmente deben encontrarse revestidos los actos de particulares, pues de lo contrario, esto es, al faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. Ahora, como se adelantó, la parte quejosa reclama de la Asamblea General, Administración, Mesa Directiva y Comité del Conjunto Habitaciones de tipo Residencial Alto denominado "Natura", la suspensión de diversos servicios proporcionados por el condominio, tales como restricción a las áreas comunes en caso de no realizar el pago de las sanciones económicas impuestas por el incumplimiento al reglamento interno; actos que de acuerdo con lo expuesto, no revisten las características requeridas para ser considerados actos de autoridad. Así, cuando una asamblea general de socios actúa para hacer cumplir el régimen establecido para el condominio respectivo, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquella no actúa de manera unilateral con relación a estos, ni con base en una norma jurídica general que lo faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil. En efecto, con los datos que expone la parte quejosa en su escrito inicial, se llega al convencimiento que se trata de una relación de coordinación, en tanto que no se está en una relación entre gobernantes y gobernados (supra a subordinación) ni entre los órganos del propio Estado (supraordinación). Aunado a ello, el reclamo de los quejosos no implica que se trate de una relación de supra a subordinación, pues sólo constituye un conflicto entre particulares, y como consecuencia, lo que da a lugar una relación de coordinación surgida entre particulares, que se desarrolla entre individuos iguales y libres, y que quedan sometidos solamente al imperio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, dándose por entendido que no necesitan ninguna protección externa adicional. Por tanto, el acto que aquí se pretende impugnar en modo alguno pueden constituirse en equivalentes a los emitidos por una autoridad, es decir, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, puesto que para ello es requisito necesario que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, supuesto que no se actualiza en el caso materia de estudio. Es de esta manera, que no existe duda que la materia del acto que se pretende combatir no puede equipararse con el emitido por un particular en forma equivalente al de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, en la medida que el acto que se le atribuye no implicó el ejercicio de facultades decisorias establecidas en ordenamientos normativos que rigen su competencia, esto es, el acto aquí reclamado, al margen de las razones que expone la parte quejosa, no constituye el ejercicio de una potestad de decisión fundamentada en un precepto contenido en una norma de carácter general. Por ende, el acto reclamado no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, atento a que tal acto queda comprendido en la relación de particulares que los vincula virtud al acto unilateral destacado, el cual no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por la ley al particular que lo emitió, sino en todo caso su origen es carácter privado que afecta de manera unilateral la esfera jurídica del promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.4o.C.33 C(10a.), con registro digital 2008335, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, ENERO de 2015, TOMO III, página 1859, cuyo rubro y texto establecen: "CONDOMINIO. NO ES AUTORIDAD, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SI SUS ACTOS NO SON UNILATERALES, DE IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo se establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el Código Civil para el Estado de Jalisco, en su artículo 1019 dispone que el órgano máximo del condominio es la asamblea de condóminos, quien es la encargada de determinar sus funciones. Ahora bien, si en la demanda de amparo se señala como autoridad responsable a un condominio, reclamándole una cuestión atinente a la disposición de un área común, la cual fue autorizada mediante asamblea ordinaria del referido conglomerado, debe colegirse que dichos actos no son equivalentes a los de una autoridad, pues además de haberse realizado en un plano de igualdad (es decir, entre particulares y bajo un régimen jurídico preestablecido), y de tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, en el aprovechamiento del haber patrimonial de dicho conjunto, debe decirse, además, que con ellos no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal del quejoso, dado que para su realización fue necesario el consenso de la mayoría de los condóminos, a través de su órgano supremo, descartándose así que dicha persona jurídica se rija de acuerdo con disposiciones de carácter general, a fin de poder equipararse a una autoridad, propiamente dicha; tampoco es imperativo el reseñado acto reclamado, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad de la mayoría en la toma de decisiones, también lo es que ello responde a las necesidades comunes y, por último, no es coercitivo, habida cuenta que, aun cuando es inminente su realización, obedece al ejercicio legítimo del régimen jurídico al que pertenece." Asimismo, es aplicable la tesis I.8o.C.13 K (10a.), registro digital 2009696, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo III, materia común, página 2132, cuyo rubro y texto se transcriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil." Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Luis Alfredo Trejo Jaimes y Juan Gabriel Vázquez González. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Ignacio Manuel Altamirano, número 2, esquina con Circuito Educadores, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico ni teléfono que proporciona, ya que éstos no son una forma prevista en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.
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