Luis Alfredo Torres Ayala
Expediente 1798/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1798/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/12/2018
Partes del expediente
- Luis Alfredo Torres Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 85 a 87), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 88), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 46 a 63), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso Luis Alfredo Torres Ayala, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción X, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $6,038.31 (seis mil treinta y ocho pesos 31/100), por concepto de la inscripción de embargo, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número tres mil ciento dieciocho, protocolizada ante la fe del Notario Público número Veintisiete de la Primera Demarcación Notarial en Tepic, Nayarit, que pagó el tres de agosto de dos mil dieciocho. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el veintidós de octubre de dos mil dieciocho (foja 76 y 77), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el seis de noviembre del presente año (fojas 85 a 87), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, entregó al aquí quejoso **, un cheque por la cantidad de cinco mil ochocientos dieciséis pesos con cuarenta y un centavos, lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0000946, de veintiséis de octubre del año en curso y copia de la identificación oficial del accionante de garantías (fojas 86 y 87). Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de agosto de dos mil dieciocho y que el treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil dieciocho al mes de septiembre del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio del año en que se actúa entre el índice para el mes de septiembre del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917 y para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 99.909, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01008. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $5,816.40 (cinco mil ochocientos dieciséis pesos 40/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $58.09 (cincuenta y ocho pesos 09/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto del acto reclamado; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, por lo que también deberá dejarse por separado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 85 a 87), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 88), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 46 a 63), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso Luis Alfredo Torres Ayala, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes:**Sentencia que causó ejecutoria el veintidós de octubre de dos mil dieciocho (foja 76 y 77), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el seis de noviembre del presente año (fojas 85 a 87), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, entregó al aquí quejoso **, un cheque por la cantidad de cinco mil ochocientos dieciséis pesos con cuarenta y un centavos, lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0000946, de veintiséis de octubre del año en curso y copia de la identificación oficial del accionante de garantías (fojas 86 y 87). Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de agosto de dos mil dieciocho y que el treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil dieciocho al mes de septiembre del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio del año en que se actúa entre el índice para el mes de septiembre del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. ** Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto del acto reclamado; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, por lo que también deberá dejarse por separado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado *** autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que manifiesta que comparece a dar cumplimiento a la prevención formulada mediante auto de veintitrés de octubre del año en curso (fojas 122 a 124), exhibe tres copias del escrito aclaratorio. Ahora, visto el acuerdo de referencia mediante el cual se previno a la parte promovente se destaca que lo que debía subsanar es lo siguiente: *** Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplida la prevención que fue objeto, en razón de que esta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar cuándo tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que el ocursante no está facultado para desahogar la prevención relativa a que manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad", los hechos que se omitieron en el escrito de demanda, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: *** La anterior circunstancia hágase del conocimiento al quejoso; en la inteligencia de que se encuentra transcurriendo el término otorgado para que dé debido cumplimiento a la citada prevención. Cobra vigencia a lo anterior la Jurisprudencia del contenido siguiente: *** Ahora bien, toda vez que el escrito aclaratorio de cuenta fue presentado antes de que venciera el término que se le otorgó al quejoso para tal fin; por tanto, el presente proveído interrumpe dicho cómputo y se continuará hasta en tanto surta efectos la notificación personal que se practique al impetrante del amparo respecto del presente auto. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia que se precisa enseguida: ***
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo 2268/2016, así como testimonio de la ejecutoria de dieciséis de octubre del año en curso, dictada en los autos del cuaderno auxiliar número 921/2018, del índice del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, correspondiente al amparo en revisión número 530/2018, del registro del órgano colegiado mencionado en primer término, en la que se aprecia que confirmó la sentencia pronunciada por este Juzgado Federal, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 200 a 209), la que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Efraín Adalberto Cueva Zepeda, Roberto Gómez Estrada y Gumercindo Bravo Tapia, en contra de los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de la materia, requiérase al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con domicilio en esta ciudad, para que dentro del plazo de SIETE DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo). Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la ley en cita. Por otro lado, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvanse en un legajo al Tribunal responsable. Finalmente, agréguese al expediente en que se actúa, el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la admisión del recurso de revisión.
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