Luis Alfredo Peña Castro
Expediente 612/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Alfredo Peña Castro
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de quince de julio de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir en el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ********** en contra de actos del Juzgado Civil Especializado en Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente tanto físico como electrónico, y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 612/2019-I. Desechamiento de demanda De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este operador jurídico tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En la especie, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no agotó el principio de definitividad. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el precepto legal citado, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia en estudio está sustentado en el hecho de que los promoventes del amparo dejaron de agotar, previamente acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de definitividad implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la notificación fijada en la puerta el día dieciséis de mayo de dos mil nueve, respecto del proveído de catorce de ese mes y año, dictada en el expediente número F-2540/18; así como la omisión de declarar su nulidad. Puntualizado lo anterior, es necesario destacar, el contenido del artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece: "Artículo 328.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto." De la interpretación literal del numeral transcrito, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual se puede conseguir la nulidad de las notificaciones que no fueren realizadas en la forma que establecen las disposiciones correspondientes. Ciertamente, la nulidad de notificaciones tiene como finalidad anular la notificación que se practique en forma distinta a la prevenida por la ley y que lesione los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación. En ese contexto, si el solicitante del amparo acude a esta instancia constitucional reclamando la notificación fijada en la puerta el día dieciséis de mayo de dos mil nueve, respecto del proveído de catorce de ese mes y año, dictada en el expediente número F-2540/18, controvertido en el cual tiene el carácter de parte demandada, así como la omisión de declarar su nulidad, es incuestionable que, debido impugnar oportunamente la actuación que se duele, a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, previo acudir al juicio de amparo. En tales condiciones, este juzgador federal considera que la notificación y la omisión reclamada en esta instancia constitucional debió impugnarse, previo a la promoción del juicio de amparo, a través del incidente respectivo, en el cual se demostrara la ilegalidad de su práctica, así como los términos en la que fue ordenada, para dar pauta a la juez para declarar su nulidad y ordenar su reposición. En efecto, es necesario que el quejoso impugne la legalidad de la notificación fijada en la puerta a través del medio ordinario de defensa, previo a la promoción del juicio de amparo; máxime que no se encuentran en los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; y, III. No se trata de un tercero extraño a procedimiento, porque el quejoso tiene el carácter demandada en el juicio en el expediente número F-2540/18. Por las razones expuestas, se concluye que el quejoso no agotó el principio de definitividad antes de acudir a solicitar la protección de la justicia federal; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. c) Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y como autorizados en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a **********, en atención a que el amparista no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho, verbigracia el número de cedula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, hasta en tanto se subsane dicha situación. d) Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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