Luis Alfredo Paco Caro

Expediente 1061/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1061/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2016

Partes del expediente

  • Luis Alfredo Paco Caro

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE veintiocho de noviembre de dos mil dieciséiS, QUE DICE: "...Agréguese a los autos lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copias certificadas del juicio ordinario civil 151/2015-III del que deriva el acto reclamado; fórmese por separado los tomos de prueba I y II, relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte de la Secretaria de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de las constancias anexadas por la autoridad responsable, documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación, se advierte que mediante resolución de ocho de noviembre del presente año, se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa en autos del juicio ordinario civil 151/2015-III. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de las constancias que la autoridad responsable antes citada remitió. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, para resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra del proveído de ocho de julio pasado dictado en el juicio de ordinario civil 151/2015-III. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, si el acto reclamado consiste en la omisión de resolver el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de ocho de julio pasado dictado en el juicio de ordinario civil 151/2015-III, y la autoridad responsable mediante resolución de ocho de noviembre del presente año, resolvió el mismo, por lo tanto se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, quedando el quejoso en una situación idéntica a la que habría existido, como si el mismo jamás hubiera nacido. La cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión de la resolución en el recurso de reconsideración interpuesto en contra del proveído de ocho de julio pasado dictado en el juicio ordinario civil 151/2015-III, restituye a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la omisión reclamada, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo, su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, materializada en la emisión de la resolución de mérito, lo que realizó espontáneamente la responsable. En esas condiciones, al sobrevenir de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la demanda de amparo promovida por Luis Alfredo Paco Caro, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1061/2016, y fórmese expediente.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda.Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado.Se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad designada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad el quejoso promovió algún juicio relacionado con el acto aquí reclamado, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoye ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario.Así también, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional.Igualmente, se informa a dicha autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deba notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo.Se comunica a las partes que en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades y actualización vigente en el país, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia.De conformidad, con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda.Tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, las notificaciones de carácter personal realícense por lista, asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Alejandro Arzate Calvillo, cuya cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de DistritoPor otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.

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