Luis Alfredo Moran Beltran

Expediente 340/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
340/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Luis Alfredo Moran Beltran

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda inicial formulada por LUIS ALFREDO MORAN BELTRÁN, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 340/2019-5A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. SE DECLINA COMPETENCIA Ahora bien, como presupuesto procesal de orden público, este Juzgado advierte que carece de legal competencia para conocer de la presente demanda; en consecuencia, se propone que la competencia jurídicamente le corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se desprende que el promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal, respecto de lo siguiente: Omisión y aplazamiento de realizar las gestiones necesarias para dar desahogo a la solicitud de incidente no especificado de libertad anticipada promovido hace más de diez meses, dentro de la causa penal 02621/2014, con número 02/2014/39182. A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las hipótesis antes descritas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Ahora, en el caso concreto el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, es por ello que debe aplicarse la primer hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo anteriormente transcrito; es decir, el juez competente para conocer del presente asunto es aquel que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 141/2004-PS, señaló: Que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse, en virtud de que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce, y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva. Cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial, o en su caso nulificarla, y la autoridad correspondiente niega su tramitación, resulta claro que a partir de ese momento, su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. Que la resolución en que se niega el trámite para que el quejoso obtenga alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender o nulificar la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa. Consecuentemente, la parte quejosa solicita la concesión de uno de los beneficios previstos en la ley para sustituir o en su caso nulificar la pena de prisión, y que se encuentra privada de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, y al existir una abstención de resolver su petición, es indudable que continuará privada de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. Por lo cual, conforme a la primera regla de competencia prevista por el artículo 37 de la Ley de Amparo, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Dichos argumentos dieron origen a la jurisprudencia registrada bajo el número 178232, de la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN." Máxime que en el caso, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y respecto al caso que nos ocupa, al encontrarse el quejoso recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", ubicado en Tecate, Baja California, es evidente que tendrá mayor posibilidad y acceso a su defensa ante un Juzgado de Distrito situado en esa ciudad, que en uno ubicado en una jurisdicción diferente, lo que evidentemente le dificultaría y obstaculizaría el acceso a la justicia federal. Al caso es aplicable la jurisprudencia de registro 177673, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA." Asimismo, se cita estima dable citar la jurisprudencia de registro 2006160, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." De igual forma, se cita la tesis con número de registro 2019492, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto circuito, de rubro: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en los Libros Uno y Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de egresos de la estadística de este juzgado, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda inicial formulada por LUIS ALFREDO MORAN BELTRÁN, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 340/2019-5A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. SE DECLINA COMPETENCIA Ahora bien, como presupuesto procesal de orden público, este Juzgado advierte que carece de legal competencia para conocer de la presente demanda; en consecuencia, se propone que la competencia jurídicamente le corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se desprende que el promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal, respecto de lo siguiente: Omisión y aplazamiento de realizar las gestiones necesarias para dar desahogo a la solicitud de incidente no especificado de libertad anticipada promovido hace más de diez meses, dentro de la causa penal 02621/2014, con número 02/2014/39182. A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las hipótesis antes descritas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Ahora, en el caso concreto el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, es por ello que debe aplicarse la primer hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo anteriormente transcrito; es decir, el juez competente para conocer del presente asunto es aquel que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 141/2004-PS, señaló: Que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse, en virtud de que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce, y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva. Cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial, o en su caso nulificarla, y la autoridad correspondiente niega su tramitación, resulta claro que a partir de ese momento, su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. Que la resolución en que se niega el trámite para que el quejoso obtenga alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender o nulificar la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa. Consecuentemente, la parte quejosa solicita la concesión de uno de los beneficios previstos en la ley para sustituir o en su caso nulificar la pena de prisión, y que se encuentra privada de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, y al existir una abstención de resolver su petición, es indudable que continuará privada de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. Por lo cual, conforme a la primera regla de competencia prevista por el artículo 37 de la Ley de Amparo, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Dichos argumentos dieron origen a la jurisprudencia registrada bajo el número 178232, de la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN." Máxime que en el caso, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y respecto al caso que nos ocupa, al encontrarse el quejoso recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", ubicado en Tecate, Baja California, es evidente que tendrá mayor posibilidad y acceso a su defensa ante un Juzgado de Distrito situado en esa ciudad, que en uno ubicado en una jurisdicción diferente, lo que evidentemente le dificultaría y obstaculizaría el acceso a la justicia federal. Al caso es aplicable la jurisprudencia de registro 177673, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA." Asimismo, se cita estima dable citar la jurisprudencia de registro 2006160, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." De igual forma, se cita la tesis con número de registro 2019492, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto circuito, de rubro: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en los Libros Uno y Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de egresos de la estadística de este juzgado, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

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