Luis Alfredo López Aguirre

Expediente 2090/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2090/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Luis Alfredo López Aguirre
  • Juez Primero de lo Civil de Chapala, Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2090/2021, promovido por Luis Alfredo López Aguirre, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil, con residencia en Chapala, Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Luis Alfredo López Aguirre, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió en forma parcial la demanda de amparo, la cual se había registrado con el número 2090/2021, habida cuenta que se desechó respecto de la autoridad denominada secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Chapala, Jalisco, en razón que no le revestía el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo; se solicitó informe justificado a la responsable; se designó con el carácter de tercero interesado a Banco Santander de México, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, quien fue debidamente emplazada a través de su representante legal; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; debido a que se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento del orden mercantil y reclamarse acto de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Al Juez Primero Civil, con residencia en Chapala, Jalisco: El acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 396/2021, en el que decretó como medida precautoria el embargo y/o bloqueo de las cuentas bancarias del quejoso; y, El proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por el que tuvo a la tercera interesada exhibiendo fianza para garantizar daños y perjuicios con el otorgamiento de dicha medida. Cabe precisar que aun cuando los acuerdos reclamados se emitieron con diferentes fechas, constituyen una unidad para los efectos del juicio de amparo, en razón que las medidas precautorias se decretaron en el acuerdo citado en primer término, en tanto que fueron materializadas en el señalado en segundo lugar. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclama del Juez Primero Civil, con residencia en Chapala, Jalisco, pues así lo manifestó expresamente al momento de rendir su informe con justificación; por lo que así debe tenerse para los efectos legales conducentes. Aseveración que se robustecen con las copias certificadas relativas del juicio ejecutivo mercantil 396/2021, mismas que fueron adjuntadas con el informe justificado, con las que se formaron cuaderno de pruebas, a las que se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que se verificó la diligencia de emplazamiento reclamada, previo citatorio (folios 12 y 13 del cuaderno de pruebas). Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 153, Tomo VI, Materia Común (tesis jurisprudencial 226), página: 153, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Previo a establecer si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, resulta oportuno destacar los antecedentes del juicio ejecutivo mercantil 396/2021, los cuales, enseguida se detallan: I. En acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno (folios 9 11 del cuaderno de pruebas), el Juez Primero de lo Civil de Chapala, admitió en la vía mercantil ejecutiva la demanda presentada por Luis Armando Valencia Camarena y Ricardo Mitchel Valencia, apoderados de Banco Santander de México, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, contra Luis Alfredo López Aguirre; la registró bajo número 396/2021; dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y, además, decretó, como medida precautoria, la retención de bienes, la cual, en diverso acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (folios 15 a 18 ídem), misma que se autorizó hasta por la cantidad de $505,470.49 (quinientos cinco mil cuatrocientos setenta pesos 49/100 moneda nacional) y la decretó sobre las cuentas bancarias de Luis Alfredo López Aguirre, para lo cual ordenó girar oficio a diversas instituciones bancarias. II. En diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, previo citatorio, se realizó la diligencia de emplazamiento del demandado, aquí quejoso (folios 58 a 64 ídem). III. Luis Alfredo López Aguirre, en escrito (que obra a folios 69 a 77 ídem), compareció ante la responsable a contestar la demanda y oponerse a la ejecución dictada en su contra. Hasta aquí los antecedentes más relevantes. De lo anterior, se evidencia que el aquí quejoso, es parte demandada en el juicio antes señalado, por ende, no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio, en razón que, como se indicó, compareció a dar contestación a la demanda y oponerse a su ejecución. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional estima que respecto de los actos reclamados "mismos que se analizan como una unidad", se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificadas, revocadas o nulificadas. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.)". La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Ahora bien, respecto de los actos reclamados que por esta vía combate la parte promovente de amparo, consistente en las determinaciones de doce y treinta y uno de mayo, ambos de dos mil veintiuno, los cuales, constituyen una unidad, se aprecia que se admitió a trámite la providencia precautoria de retención de bienes, la cual, se declaró procedente la retención de bienes hasta por la cantidad de $505,470.49 (quinientos cinco mil cuatrocientos setenta pesos 49/100 moneda nacional), sobre las cuentas bancarias del demandado, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. En efecto, los artículos 1183, 1334, 1339, 1345 y 1345 bis 1, del Código de Comercio establecen lo siguiente: "Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. (.)" "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 (Setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.)" "Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; (.)" "Artículo 1345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso. Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." Del contenido del artículo 1183 del Código de Comercio, dispone que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los diversos artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Luego, de los diversos artículos 1339 y 1345, fracción IV del referido Código se advierte que en contra de las providencias precautorias procederá el recurso de apelación únicamente cuyo el monto de la suerte principal del negocio sea mayor a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.). Por otra parte, del artículo 1334 del Código de Comercio se desprende que en contra de los autos que no fueren apelables, procede el recurso de revocación. Así, de una interpretación armónica de los preceptos invocados, se concluye que los autos por los que se decrete una providencia precautoria dictados en un juicio mercantil que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. No es obstáculo a lo anterior, que el artículo 1339 del ordenamiento mercantil, señala que sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.), por concepto de suerte principal, pues la expresión "irrecurribles" se refiere únicamente al recurso de apelación; por tanto, la parte que se considera afectada por un auto no apelable en razón de la cuantía, tiene expedito el medio de impugnación ordinario diverso, la revocación, que es el que procede contra los autos recaídos a negocios con una cuantía menor a la señalada en este precepto. Dichas consideraciones fueron plasmadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 51/2010, y que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, registro digital 163734, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 157, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Ahora bien, de las copias fotostáticas certificadas del juicio ejecutivo mercantil 396/2021, del índice de la autoridad responsable, se evidencia que la suerte principal asciende a la cantidad de $505,470.49 (quinientos cinco mil cuatrocientos setenta pesos 49/100 moneda nacional), de lo que se advierte que el recurso idóneo para combatir el acto reclamado, en razón de la cuantía, es el de revocación, cuyo resultado puede ser el de reformar o revocar la resolución recurrida. Por consiguiente, en el caso particular, el acto reclamado resultaba impugnable, toda vez que en su contra procede el recurso de revocación; razón por la cual el quejoso debió agotarlo antes de acudir a esta instancia constitucional. En efecto, como puede advertirse de los artículos anteriores, el Código de Comercio, establece un medio de defensa en contra del acto reclamado por el aquí garante, pues el propio juez responsable deberá conocer en los casos en que emita un auto como el actualmente impugnado, del recurso de revocación que se promueva en contra de dicha resolución. Por tanto, el auto en que se decretaron las medidas precautorias y su materialización, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 396/2021, constituye una determinación que de acuerdo con el citado artículo 1334 del código mencionado, puede ser recurrida mediante el recurso de revocación y, por ende, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2005047 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 70/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Página 401 Tipo: Jurisprudencia "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Además, cabe señalar que al ser emplazado el demandado, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revocación, en virtud de que estaba facultado para promover dicho medio de impugnación en cuanto tuvo conocimiento de la medida precautoria. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2018, establece que el gobernado que combata una medida precautoria dictada en un juicio mercantil debe antes de acudir al amparo interponer el recurso de apelación. Por identidad de razón en el presente caso el quejoso estaba obligada a interponer el recurso de revocación en contra del acto reclamado. Dicha jurisprudencia cuenta con registro digital 2017693, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 886, de rubro y texto: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." En este tenor, es indudable, que al existir un recurso ordinario establecido por la legislación que rige la controversia de origen, que no se agotó por la parte quejosa, para impugnar los actos analizados como una unidad para los efectos del presente juicio de amparo, dictados en el expediente 396/2021, en los cuales se decretó la medida precautoria, de retención de bienes hasta por la cantidad de $505,470.49 (quinientos cinco mil cuatrocientos setenta pesos 49/100 moneda nacional); entonces, el juicio de amparo es improcedente y debe sobreseerse, al actualizarse la causal prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, al incumplirse con el principio de definitividad que rige en el caso concreto. Sustenta lo anterior, en sentido contrario, la jurisprudencia PC.I.C. J/79 C (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 2018338, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, página 1747, del siguiente contenido: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. De conformidad con la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, el recurso de revocación es procedente para impugnar la resolución dictada en un proceso cautelar de cuantía menor, que deniegue las providencias solicitadas prejudicialmente. Es verdad que el artículo 1183 del código mencionado prevé solamente la recurribilidad de la resolución que admite la solicitud de providencias cautelares, en tanto que nada dice por cuanto hace a la que las deniega; sin embargo, debe partirse de la base de que en materia de recursos opera la máxima de que, en principio, todas las resoluciones son recurribles, a menos que la ley disponga lo contrario y, en el caso, no existe prohibición sobre el particular, sin que pase inadvertido que respecto al tema de que se trata, el cuerpo de leyes invocado no procedió como lo hizo en el segundo párrafo de su artículo 1153, con relación a los medios preparatorios a juicio, al admitir recurso contra la resolución que deniega la diligencia preparatoria y establecer la irrecurribilidad de la resolución que la concede. No obsta que la medida cautelar anteceda a un juicio oral mercantil, porque aun en tal caso el recurso procede, en atención a que en lo que respecta a las providencias precautorias, el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 1 remite a la regulación del Capítulo (XI, Título Primero, Libro Quinto) que rige a éstas. Dentro de este capítulo, el artículo 1183 genera la aplicación del numeral 1345, fracción IV; ambos prevén el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, pero mientras que el primero de esos preceptos lo circunscribe a la resolución que decreta dichas providencias, el segundo extiende la procedencia a la resolución que recaiga "a las providencias precautorias" en general, sin limitar el recurso al pronunciamiento que las concede, porque para la procedencia de la apelación, el requisito que debe observarse tiene que ver únicamente con la cuantía del negocio, no con el sentido de la resolución. De modo que si la cuantía del proceso cautelar es menor al monto indicado en los artículos 1339 y 1340 del ordenamiento citado, esto conduce a la aplicación del artículo 1334 de la misma codificación en la parte que dispone que los autos que no fueren apelables admiten la revocación." En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Alfredo López Aguirre, contra los actos que reclamó del Juez Primero Civil, con residencia en Chapala, Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Juan Alberto Ramírez Díaz, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Conste. RAAG/JARD .

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Apersona tercero. Téngase por recibido el escrito signado por Luis Armando Valencia Camarena, apoderado del tercero interesado Banco Santander México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Santander México, carácter que se reconoce por tenerlo acreditado en el juicio de origen. Señala domicilio procesal. Señala como domicilio procesal de su representada el ubicado en calle Capricornio, número 392, colonia Juan Manuel Vallarta en Zapopan, Jalisco, por así solicitarlo. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como su autorizado en amplios términos al citado Valencia Herrera, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y, a las demás personas únicamente para oír y recibir notificaciones por así solicitarlo. No ha lugar. Finalmente, en relación a tenerle realizando las manifestaciones que realiza, dígase que no ha lugar, toda vez que el veinticuatro del mes y año en curso, se celebró la audiencia constitucional del presente juicio de amparo; por tanto, no es dable tomarlas en consideración, ya que las realiza de manera extemporánea.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Karla Raquel Pedroza Coronado, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de enero de dos mil veintidós. Diferimiento. De la certificación de cuenta y del estado de autos, se advierte que aún no ha transcurrido el término de ocho días para que el tercero interesado Banco Santander México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander México, se imponga de las constancias que integran este juicio de amparo, conforme a lo señalado en el artículo 117 de la ley de materia. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Lo proveyó y firma, Zulema Sánchez Ibarra, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, encargada del despacho, por encontrarse gozando de su período vacacional, el titular del juzgado, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, según información contenida en el oficio CCJ/ST/4218/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

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