Luis Alfredo Gutierrez Mejía

Expediente 1284/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1284/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Luis Alfredo Gutierrez Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    - V I S T O el estado procesal y la certificación secretarial que antecede de la que se desprende . . . se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA . . . archívese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    - Atendiendo a la constancia actuarial que antecede de la cual se aprecia que no fue posible notificar al quejoso . . . hágase tal notificación por medio de lista . . . requiérase al referido quejoso, para que en el plazo de tres días, contados a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En la inteligencia, que de no dar cumplimiento a lo antes establecido en la forma y términos expuestos, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por medio de lista . . . se ordena notificar la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho por medio de lista que en lo conducente dice "VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 1284/2018, promovido por LUIS ALFREDO GUTIÉRREZ MEJÍA, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Amparo y Juicios Federales en el Estado, LUIS ALFREDO GUTIÉRREZ MEJÍA, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyó al Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad, que hizo consistir textualmente en: (.) Siendo que la única información que tuve fue que el día 16 de octubre del año en curso, acudió al local comercial que actualmente tengo en posesión en calidad de arrendatario una persona sin saber su nombre, pero dijo ser empleado de la persona moral denominada Grupo Inmobiliario Belea S.A. de C.V., diciéndome que existía una orden de desalojo del local comercial que rento, y que existe un proceso radico en el juzgado primero de lo civil, lo anterior de que las rentas no fueron cubiertas en tiempo y forma, por lo que dicha persona moral tenía ya en su posesión una orden de desalojo en mi contra [foja 3]. Que estimó violatorios de los derechos que consignan los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, donde por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por LUIS ALFREDO GUTIÉRREZ MEJÍA, registrada con el número 1284/2018; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la representación social de la adscripción, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus trámites legales, se llevó a cabo la audiencia de ley respectiva, dándose así por vistos los autos y se procede a resolver; y CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo y 49, 52 fracción III y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste último en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 30/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en forma respectiva establecen la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito; y el segundo, lo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los cinco juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, en Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y en Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad y sede en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común; además de que la ejecución de los actos reclamados tendrá verificativo en esta ciudad de Querétaro, en cuyo lugar este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de garantías es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Lo anterior, acorde al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número VI/2004, consultable en página 255, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa virtud, de la demanda de garantías se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en: La orden de desalojo del local comercial ubicado en Avenida Colinas del Cimatario número 415, local "D" Plaza Belea, Colonia Colinas del Cimatario, sin haber sido llamado a juicio en autos del expediente número 142/2018 del índice del juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y actuaria adscrito a dicho juzgado, se advierte la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la copia certificada exhibida de las constancias que integran el expediente 142/2018, con la cual se formaron dos anexos por separado, que por tratarse de una documental publica, adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La misma consideración se desprende de la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al respecto menciona: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo ese contexto, que respecto de la petición de amparo consistente en la orden de lanzamiento del inmueble materia de la litis en autos del juicio de origen, con motivo del auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en autos del cuaderno de ejecución número 1540/2018 derivado del expediente 142/2018 del índice del juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual se ordena poner en posesión real, material y jurídica del bien inmueble a la parte actora, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción I, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo , porque no obstante que sirvió como mandamiento en forma de antecedente para el desposeimiento que ahora reclama el quejoso, quien se ostenta tercero extraño al juicio natural, dicha orden no fue emitida en su contra, ya que ahí se demandó a Francisco Gabino Gutiérrez Mejía; por ende, es indudable que esa orden, por sí sola, no lesiona el interés jurídico del quejoso, ya que ello fue dirigido únicamente a la parte demandada de referencia. Apoya lo antes manifestado, la tesis XVII, 2º 9K, que aprobó el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho.". También es aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.". Ahora, respecto del diverso acto reclamado que hace consistir en la ejecución de la orden decretada respecto del inmueble que defiende la parte quejosa, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De conformidad con los preceptos legales invocados, el juicio constitucional es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, esto es, cuando no se acredite de manera fehaciente tener interés jurídico, entendido éste como el derecho derivado de la norma objetiva concretizado en un objeto determinado y que otorga a su titular una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En efecto, es preciso señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio. Por lo que es menester, para la procedencia del juicio constitucional, que toda persona quien lo instaure acredite fehacientemente ser el titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia en materia común VI. 2o. J/87, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona" Por otra parte, no debe perderse de vista el criterio jurisprudencial en materia civil P./J. 1/2002, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común" De dicho criterio se colige que si una persona tercera extraña a un juicio civil aduce que se afectan los derechos de posesión que manifiesta ejercer sobre un bien determinado, para que éstos puedan ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal contemplados en la legislación secundaria relativa que genere a su favor el derecho a la posesión. Dicha posesión puede ser en forma originaria o derivada, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer ese bien, toda vez que la simple manifestación que señala tener respecto de la cosa no puede ser tutelada por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional. En su intención de acreditar su interés jurídico, el inconforme aportó: ? Contrato de arrendamiento celebrado el uno de enero de dos mil dieciocho, suscrito por Francisco Gabino Gutiérrez Mejía y el ahora quejoso LUIS ALFREDO GUTIÉRREZ MEJÍA, en su carácter de arrendador y arrendatario (respectivamente), respecto del local comercial ubicado en Avenida Colinas del Cimatario número 415, local D, Plaza Belea, colonia Colinas del Cimatario. Sin embargo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el contrato privado de arrendamiento que allegó la impetrante resulta insuficiente para acreditar en forma fehaciente su interés jurídico, ya que carece de fecha cierta, por las razones que enseguida se evidenciarán. En efecto, conviene recordar que el juicio de garantías como procedimiento extraordinario se rige por reglas especiales y principios fundamentales, como el interés jurídico como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia, tiene como base la justificación de la titularidad de un derecho; así como que ese interés sea afectado por el acto reclamado; pero, para efectos del juicio de garantías debe distinguirse el "perjuicio económico" del "perjuicio jurídico", ya que el primero por regla general, se define en términos de la legislación civil como la privación de cualquiera ganancia lícita o el menoscabo en el patrimonio, que no resulta eficaz para incoar la acción constitucional, en razón de que bien pueden afectarse los intereses de un sujeto y no su esfera jurídica; de ahí que surge el interés jurídico cuando el acto reclamado afecta la esfera jurídica, entendida ésta como el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, derivados de las normas del derecho objetivo. Cuando se trata de una persona extraña al procedimiento civil que, como en el caso, afirma tener derechos sobre el bien controvertido en el mismo, es necesario que acredite plenamente la posesión que ostenta, así como la causa generadora de ésta, es decir, que cuenta con un justo título, dado que referente a la posesión que puede ser objeto de protección por medio del juicio de amparo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que se debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, pero que no se trate de una simple detentación material como se evidencia en la jurisprudencia que se plasmará. El quejoso en su intensión de acreditar su interés jurídico ofreció un contrato privado de arrendamiento; sin embargo, dicho medio de convicción se estima insuficiente para demostrar en forma plena el interés jurídico, en la medida de que aun cuando se determinara que el disconforme ostenta la posesión material del bien que se describe en el contrato de arrendamiento, lo cierto es que no acredita tener justo título que le permita gozar de dicha posesión. Para arribar a lo anterior, resulta imprescindible analizar la eficacia del contrato de arrendamiento en que hace descansar su interés jurídico, con efectos exclusivos para establecer la improcedencia del juicio de garantías, conforme a las consideraciones que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LII/97, publicada en la página 333 del Tomo V, Mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por el quejoso como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." El contrato de arrendamiento que se allega, no es apto para acreditar el interés jurídico del impetrante del amparo, toda vez que carece de fecha cierta, pues no se demostró con prueba alguna, que hubiese fallecido alguno de sus firmantes, tampoco que se hubiese presentado ante un funcionario en razón de su oficio o que se hubiese inscrito en alguna oficina registral. Apoya lo anterior, la jurisprudencia1a./J. 24/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En esa virtud, debe indicarse que no se acreditó la existencia de un justo título, según se apreció en apartados precedentes pues el contrato privado que exhibe no satisface los requisitos legales para considerarlo justo, dado que para los efectos exclusivos del juicio de control constitucional procede ponderar si el sinalagmático se ajusta a las disposiciones legales que rigen su existencia, a fin de que pueda surtir efectos, aunque estos fueren provisionales o sujetos a declaración judicial, pues de otra manera bastaría la simple manifestación verbal o escrita en el sentido de otorgar en arrendamiento un bien raíz, aun contraviniendo lo preceptuado en las leyes que rigen el caso, para que pudiera constituirse un verdadero instrumento jurídico que, por un lado, en su caso, pugnaría con el principio de autoridad pública, así como con los intereses de los acreedores, la seguridad del comercio y las transacciones civiles en general y, por otro lado, legitimaría indebidamente a los sujetos del acuerdo para promover tantas acciones como simples convenios afirmaran haber celebrado, incluyendo el juicio de amparo, cuya procedencia requiere, entre otras condiciones, la existencia real, actual y probada del interés jurídico, ya que es requisito indispensable justificar que se tiene un derecho legítimamente tutelado y que éste puede ser afectado por la autoridad, tal y como se precisa en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, al señalar: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa[.]". Sobre lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del literal que se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Acorde con lo hasta aquí expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia antes precisada, con fundamento en lo previsto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo promovido por LUIS ALFREDO GUTIÉRREZ MEJÍA, contra los actos que reclamó del juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Querétaro. El sobreseimiento que se decreta se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Querétaro, conforme lo establece la jurisprudencia 231, que se publica en la página 156 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Debe señalarse que el sobreseimiento decretado hace improcedente llevar a cabo el análisis de los conceptos de violación esgrimidos, sin que con ello se vulnere en perjuicio del quejoso el principio de tutela judicial efectiva, tal como lo establece la tesis cuyo contenido y rubro señalan: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. NO ENTRAÑA, PER SE, UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PORQUE LOS MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA QUE LO ORIGINAN CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN LÍMITE RAZONABLE Y PROPORCIONAL PARA SU EJERCICIO. El principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no entraña un derecho ilimitado, sino que su ejercicio está constreñido al cumplimiento de determinados requisitos, como la instauración de un juicio o procedimiento por el interesado, que colme las exigencias legales para su procedencia, pues de lo contrario, si no existe el ejercicio del derecho de acción para plantear una específica pretensión, se obligaría a las autoridades jurisdiccionales a resolver conflictos de manera oficiosa o se les facultaría para analizar asuntos cuyas exigencias sean jurídicamente inviables. Así, dentro de los límites de ese principio, está la procedencia del medio de defensa que inste el particular, para lo cual, verbigracia, tratándose del juicio de amparo, debe verificarse que resulte procedente contra los actos reclamados, para poder estudiar los conceptos de violación aducidos por el quejoso o, de lo contrario, deberá sobreseerse, al existir una justificación jurídica que impide analizar los planteamientos de fondo. Del mismo modo, la necesidad del establecimiento de causas de improcedencia, como límite al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la impartición de justicia, se justifica en virtud de la existencia de condiciones imprescindibles para el nacimiento, desarrollo y conclusión válida de un litigio, que doten de certeza, seguridad jurídica y legalidad al fallo que se emita, entre las cuales se encuentra la relativa a que el reclamo se formule en tiempo, esto es, en el plazo que el particular tiene para impugnar un acto determinado; límite temporal que se fija normativamente para dotar de certeza a las situaciones jurídicas existentes, porque de este modo, si no se cuestionan, la presunción de legalidad de que gozan los actos de autoridad se consolida y los dota de firmeza, por la extinción del derecho a combatirlo, que supone, a su vez, la aceptación de su validez por parte del sujeto en contra de quien se dictó. Bajo esas premisas, el sobreseimiento en los juicios no entraña, per se, violación al principio inicialmente señalado, porque los motivos de improcedencia que lo originan constituyen, por regla general, un límite razonable y proporcional para su ejercicio.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 73, 74, 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo; y, 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ... en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución"

  3. Incidental

    - Agréguese a los autos para que obre únicamente como constancia el escrito signado por . . . dado que las manifestaciones que realiza deberá dirigirlas al juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia, tomando en consideración que se tramita por cuerda separada de éste . . .

  4. Principal

    - Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por . . . no ha lugar a acordar de conformidad, dado que la solicitud . . .

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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