Luis Alfredo Biasi

Expediente 160/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
160/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Luis Alfredo Biasi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintidós de marzo de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia de lo anterior, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", con sede en Nuevo Laredo, en representación de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "2"; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos sin mayor acuerdo substancial, toda vez que en proveído de veintidós de los actuales, se tuvo por recibido diverso comunicado con idéntico contenido y se acordó al respecto. Por otro lado, en cuanto a la prueba documental que remite la citada autoridad no se realiza pronunciamiento alguno; lo anterior, debido a que el veintidós del mes y año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Téngase a la Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", con sede en Nuevo Laredo, en representación de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "2", rindiendo su informe justificado e informando que cesaron los efectos del acto reclamado dado que el trece de marzo de este año, se resolvió el recurso de revocación interpuesto por Reynaldo Carrazco Villarreal, en contra de la resolución contenida en el oficio 600-59-2018-1295, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "2", dentro del expediente 2C.17.2.2018.A1/2018, en la que se autorizó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el pago a Luis Alfredo Biasi, así como designando como delegados a los profesionistas que cita en su informe y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el mismo; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos. Por otro lado, con fundamento en el precepto señalado en el párrafo que antecede, glósese al asunto en que se actúa el escrito enviado bajo vinculación electrónica por el licenciado Reynaldo Carrazco Villarreal, en su carácter de apoderado legal de Luis Alfredo Biasi, a través del cual, en cumplimiento a lo estipulado en el ordinal 64 de la legislación de la materia, hace del conocimiento que cesaron los efectos del acto reclamado, ello en razón de que la Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", con sede en Nuevo Laredo, en representación de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "2", resolvió el recurso de revocación reprochado en esta contienda constitucional, lo que acredita con las constancias que adjunta a su ocurso, mismas que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito conviene con la referida autoridad responsable y con la parte agraviada, en el sentido de que el acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución contenida en el oficio 600-59-2018-1295, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "2", dentro del expediente 2C.17.2.2018.A1/2018, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que del contenido de la prueba documental que adjunta la parte agraviada al ocurso de cuenta, se advierte que la Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", con sede en Nuevo Laredo, en representación de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "2", el trece de marzo de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de revocación interpuesto por Reynaldo Carrazco Villarreal, en contra de la resolución contenida en el oficio 600-59-2018-1295, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, derivado del expediente 2C.17.2.2018.A1/2018, emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "2", en la que se autorizó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el pago a Luis Alfredo Biasi, por lo que ha quedado sin efectos el acto reclamado, puesto que, como se dijo, la autoridad responsable resolvió el mencionado recurso de revocación, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional. En tales condiciones, han cesado los efectos del acto reclamado a la Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", con sede en Nuevo Laredo, en representación de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "2", lo que conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta y cinco minutos del quince de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la autoridad responsable Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "2" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad, no ha rendido el informe justificado requerido en este asunto, no obstante de haber sido debidamente notificada para ello como se aprecia de autos (foja 20); en consecuencia, se hace necesario recabar de oficio las pruebas que obren en poder de dicha autoridad, con el propósito de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de practicar el análisis adecuado del acto reclamado y estar en aptitud de resolver el fondo del presente juicio. Aquí cabe precisar que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", con domicilio en calle Ocampo, número 101, sector Centro, código postal 88000, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es quien representa a las Administraciones Desconcentradas de Jurídico, Recaudación, Auditoría y Servicios al Contribuyente pertenecientes a Tamaulipas "2" y a la Aduana de Matamoros. Ahora bien, en atención a que este tribunal no puede obligar a la autoridad responsable omisa a rendir su informe justificado en virtud de que expresamente hay una consecuencia y una sanción por esa omisión, conforme al tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 75 de la misma legislación, requiérase al Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "3", residente en Nuevo, Laredo, en representación del Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "2" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad, para que dentro del improrrogable término de tres días, remita copia certificada de las constancias que acrediten el acto reclamado, puesto que su actitud omisiva ocasiona el retraso en la impartición de justicia, la cual debe ser pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le aplicará una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos, moneda nacional ($4,224.50); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan para su celebración las diez horas con treinta y cinco minutos del quince de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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