Luis Alfredo Arvizu Alvarado
Expediente 465/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Alfredo Arvizu Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de dos de febrero del año en curso, en la cual se sobreseyó en el juicio en que se actúa; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma causa ejecutoria. No es obstáculo para lo anterior el que no obren los acuses de recibo correspondientes a los oficios enviados a las autoridades responsables foráneas, con los que se pretende notificarle la sentencia dictada en el presente juicio, pues dado el sentido de dicho fallo a la única que perjudica es a la parte quejosa. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, en su oportunidad, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión y, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente, lo mismo que el cuaderno original del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12 y 21 inciso a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se decretó el sobreseimiento del juicio, en tanto que en el incidente de suspensión respectivo se negó la medida cautelar (provisional y definitiva) solicitada respecto de los actos reclamados, aunado a que al prudente arbitrio de este juzgador no tienen relevancia documental. Con apoyo en lo establecido en la fracción II, inciso b) artículo Vigésimo del Acuerdo General invocado, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de la interlocutoria correspondiente. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.
- Principal
ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de derechos fundamentales indirecto 465/2020-IV, promovido por Luis Alfredo Arvizu Alvarado, por los motivos, razones y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo.
- Incidental
ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Luis Alfredo Arvizu Alvarado, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua, por las razones expuestas en el último considerando de esta interlocutoria.
- Principal
agréguese el informe justificado que rinde el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta localidad fronteriza; sin perjuicio de relacionarlo al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con el cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad a lo dispuesto en el numeral 9 de la ley invocada, se tienen como delegados a los profesionistas que propone y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en el oficio de cuenta. Finalmente, respecto a la probanza que anuncia, consistente en la inspección judicial, que deberá versar sobre los enlaces (links) que detalla en su oficio, con el objeto de verificar la veracidad y contenido de la videograbación, audio y documentales, a fin de corroborar los argumentos vertidos en su informe; conviene tener presente que el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.". Del contenido del artículo antes transcrito, se desprende, entre otras cosas, que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. En la especie, el oficio en el que se ofrece el aludido medio de convicción, según se advierte de la certificación que precede, fue recibido en el correo electrónico de este juzgado, el uno de diciembre último, y la primera fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fue programada para las diez horas con diez minutos del seis de enero de dos mil veintiuno; por lo que es claro que su anuncio se practicó fuera del término exigido por el artículo en cita. En tal virtud, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por extemporánea la inspección judicial que ofrece la autoridad responsable de que se trata. Sin dejar de mencionar que no se trata de algún caso de excepción para su ofrecimiento y admisión, pues dicha prueba no versa sobre hechos novedosos o supervenientes, según se advierte de las propias manifestaciones que se vierten en su ofrecimiento. Tiene aplicación al respecto, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 7/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, página 53, del rubro y contenido siguiente: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DEINSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal."
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