Luis Alfonso Solís López
Expediente 560/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Alfonso Solís López
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE DICHO AUTO de dos de julio de dos mil diecinueve, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido..
- Principal
En esta fecha, se notifica por estrados a la parte quejosa el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dos de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por LUIS ALFONSO SOLÍS LÓPEZ, por conducto de su abogado patrono ENRIQUE HERNÁNDEZ ROSETE, personalidad que se le reconoce en términos de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos del Juez Decimocuarto de Primera Instancia en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; con la misma, fórmese y regístrese el expediente correspondiente en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 560/2019. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. En el caso concreto el promovente reclama: ". De la autoridad señalada como responsable se le reclama la constante y reiterada violación al derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, del cual es titular el quejoso directo; ello al retrasar injustificadamente la resolución a las peticiones planteadas dentro del proceso ordinario civil del cual emana el acto reclamado. En suma una abierta dilación al procedimiento". Luego, de una lectura de los antecedentes expuestos en el escrito de demanda, el suscrito concluye que la dolencia del quejoso radica esencialmente en que: ". Celebrada la audiencia el 19 de junio de 2019, se tuvieron por recibidas las pruebas de la parte actora, consistentes en copias certificadas de diversas actas de nacimiento y de matrimonio, y en el periodo de alegatos, la parte actora por conducto de su diverso abogado patrono, solicitó al juez de la causa se turnara el asunto a resolver, ya que no existe trámite pendiente ni prueba que desahogar; sin embargo, el juez del conocimiento hizo caso omiso a dicha petición, teniendo únicamente por celebrada la audiencia de referencia y mandando al archivo el expediente, dejando de actuar conforme le ordenan los artículos 311 y 60 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, esto es dictar la sentencia." Respecto del cual, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa, previo a su demanda de amparo, debió haber agotado el recurso de ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevé en el procedimiento de origen. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XVIII lo siguiente: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De ahí que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. En el caso, interesa destacar que el acto reclamado se trata de un decreto, y por ende, admite en su contra, la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz en los términos siguientes: "Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio". Así, atento a que la legislación procesal en cita dispone que los decretos pueden ser impugnados por medio del recurso de revocación, es evidente que si en la especie el acto aquí reclamado es, la omisión del juez del conocimiento de turnar el asunto para resolver, entonces, en su contra procedía el recurso de revocación. De ahí que, en el caso, la parte quejosa debió combatir la incongruencia (omisión) en el decreto emitido por el juez del proceso, en la instancia ordinaria correspondiente por medio del aludido recurso, antes de acudir a la vía extraordinaria de amparo. Además, cabe desatacar que el acto que reclama la promovente, no se ubica dentro de los supuesto de excepción que prevé la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: 1. No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. 3. Y no se trata de persona extraña al procedimiento. Cobra aplicación en el presente caso la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Página: 1816, Novena Época, Registro 175624: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, el promovente estuvo en aptitud legal de acudir directamente ante la autoridad responsable a promover el recurso ordinario contra el proveído que ahora le causa agravio y, al no haberlo hecho así, deviene la improcedencia de la presente vía constitucional, por no agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Las consideraciones anotadas tienen sustento en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en el Semanario Judicial de la Federación por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo 2002, Materia Común, página 902, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la propia ley. Cabe precisar que la causal de improcedencia invocada se estima probada de modo manifiesto e indudable, ya que para su actualización no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad, narró los hechos que motivaron el acto reclamado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por el amparista, sus manifestaciones se estiman suficientes para probar la naturaleza del acto reclamado, sin necesidad de contar con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que cita en su demanda de amparo puesto que sí acredita la calidad de licenciada en Derecho, al tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta zona conurbada, cierto y exacto para tal efecto. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento del promovente que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído personalmente al promovente"
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