Luis Alfonso Sánchez Macias
Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/03/2022
Partes del expediente
- Luis Alfonso Sánchez Macias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de marzo de dos mil veintidós. I. Calificación de cumplimiento. Vista la cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las acciones emprendidas por la responsable en atención a la sentencia dictada en autos; por tanto, resulta procedente se realice la calificación del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia de uno de junio de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio de amparo. Inconforme, la parte quejosa, interpuso recurso revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, bajo el toca ............, cuyos Magistrados, en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintidós, resolvieron: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ............., respecto de los actos atribuidos a la Legislatura y Gobernador, ambos del Estado de Querétaro, consistentes en el proceso legislativo de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en específico, los artículos 90 y 99, y su acto de aplicación, por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos sexto y último de esta ejecutoria." Para los efectos siguientes: "(.) Por otra parte, tomando en consideración que lo dispuesto en los artículo 91 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigentes, son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, en los términos expuesto en párrafos precedentes, lo que conlleva que no se afecta al mecanismo impositivo esencial, al efecto de la concesión de la protección constitucional respecto de los actos de aplicación que también resultaron viciados, es para que la parte quejosa únicamente pague la cantidad mínima establecida para el cobro de los derechos por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, esto es, sin considerar el monto de la operación para determinar dicha contribución. En esta tesitura, si los numerales declarados inconstitucionales fijan derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dieron origen, pero existe diversa disposición complementaria que prevé también una cantidad fija mínima a pagar sin considerar dicho valor, tal como así se advierte del contenido del artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente. Por tanto, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa porcentual precisada en los preceptos declarados inconstitucionales, artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, pero sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima (3.75 veces la Unidad Medida y Actualización del Estado de Querétaro); y en consecuencia, se restituya al quejoso, el número excedente de la cantidad que hubiese pagado. En la inteligencia de que, si la cantidad retenida por la contribución de trato, ya hubiese sido entregada a la autoridad exactora, ésta deberá dar cumplimiento en los términos precisado; es decir, que calculado el monto a pagar por el derecho combatido, se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente (3.75 Unidad de Medida y Actualización_UMA- a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro) y en consecuencia, se restituya a la parte quejosa el numerario excedente de la cantidad que hubiese pagado por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales.(.)" Por su parte, mediante oficio agregado en autos el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, informó la desincorporación de los artículos declarados inconstitucionales, de la esfera jurídica de la parte quejosa, siempre que no fueran objeto de reforma; y, puso a disposición la referencia bancaria, a fin de retirar el numerario en la institución bancaria que refiere, por la cantidad de .............., como excedente del pago de los derechos registrales materia de la concesión de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad exactora, mediante el cual informa que realizó la entrega excedente del pago de los derechos registrales a la parte quejosa. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se advierte el cumplimiento al fallo protector. Sin que la parte quejosa se opusiera o realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, titulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." II. Archivo y destino del expediente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. I. Finanzas informa cumplimiento. Agréguese a los autos, el correo electrónico de cuenta que contiene el oficio signado en representación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que los artículos declarados inconstitucionales han sido desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, siempre y cuando no sean objeto de reforma; asimismo, que se encuentra a disposición de la parte quejosa el monto correspondiente y derivado de la sentencia dictada en autos, para lo cual deberá acudir a las instalaciones de la responsable a recoger la referencia bancaria, a fin de retirar el numerario en la institución bancaria que refiere. II. Vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, así como con el agregado en auto veintidós de febrero del año en curso, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. III. Se hace del conocimiento de la parte quejosa. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que deberá acudir a la brevedad a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en .............., con la finalidad de que le sea entregada la referencia bancaria correspondiente. Se hace la precisión que la autoridad de mérito refiere que derivado del fenómeno de salud pública emanado del virus COVID-19, la entrega de la mencionada referencia se realizará únicamente mediante cita previa, la cual puede ser agendada en la dirección electrónica https://procuraduriafiscal.queretaro.gob.mx/citas/, en el horario de diez a doce horas, de los días martes y jueves hábiles, para lo cual deberá acompañar identificación oficial y copia de la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Notario informa. Agréguese a los autos el escrito proveniente de la Notaría Pública número treinta y uno (31) de la demarcación notarial de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que realizó el pago de los derechos registrales controvertidos en esta vía ante la autoridad exactora estatal, lo que acredita al tenor de los recibos de pago que adjunta a su misiva, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. No se realiza mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que, como se aprecia de la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la autoridad vinculada para cumplir con la sentencia de amparo. En mérito de lo anteriormente expuesto, se reserva dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se cumpla con el fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de febrero de dos mil veintidós. I. Se agrega testimonio. Agréguese a los autos el oficio .............., proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintidós dentro del amparo en revisión administrativo .............; por tanto, como lo solicita acúsese recibo. A su vez, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior, haciendo del conocimiento de las partes, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ............., respecto de los actos atribuidos a la Legislatura y Gobernador, ambos del Estado de Querétaro, consistentes en el proceso legislativo de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en específico, los artículos 90 y 99, y su acto de aplicación, por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos sexto y último de esta ejecutoria. .". Siendo que los efectos para los que el Tribunal de Alzada concedió la protección solicitada, son: "SÉPTIMO. Efecto de la concesión de amparo Con fundamento en el artículo 78, de la Ley de Amparo, y atento al principio de relatividad de las sentencias que rige los juicios de amparo, se concede para efecto de que se dejen de aplicar al quejoso, los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que han sido declarados inconstitucionales, durante el lapso de su vigencia. (.) Por otra parte, tomando en consideración que lo dispuesto en los artículo 91 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigentes, son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, en los términos expuesto en párrafos precedentes, lo que conlleva que no se afecta al mecanismo impositivo esencial, al efecto de la concesión de la protección constitucional respecto de los actos de aplicación que también resultaron viciados, es para que la parte quejosa únicamente pague la cantidad mínima establecida para el cobro de los derechos por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, esto es, sin considerar el monto de la operación para determinar dicha contribución. En esta tesitura, si los numerales declarados inconstitucionales fijan derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dieron origen, pero existe diversa disposición complementaria que prevé también una cantidad fija mínima a pagar sin considerar dicho valor, tal como así se advierte del contenido del artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente (.) Por tanto, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa porcentual precisada en los preceptos declarados inconstitucionales, -artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, pero sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima (3.75 veces la Unidad Medida y Actualización del Estado de Querétaro); y en consecuencia, se restituya al quejoso, el número excedente de la cantidad que hubiese pagado. En la inteligencia de que, si la cantidad retenida por la contribución de trato, ya hubiese sido entregada a la autoridad exactora, ésta deberá dar cumplimiento en los términos precisado; es decir, que calculado el monto a pagar por el derecho combatido, se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente (3.75 Unidad de Medida y Actualización-UMA- a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro) y en consecuencia, se restituya a la parte quejosa el numerario excedente de la cantidad que hubiese pagado por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales" II. Requerimiento. Bajo ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad y al fedatario público precisados en la sentencia de amparo para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumplan con el fallo protector otorgado a la parte quejosa, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. V. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad y al fedatario público vinculados en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedores a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintidós. V. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad y el fedatario público requeridos que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. VI. Otras consideraciones. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, o en su caso el fedatario público vinculado, podrá ser entregado a la parte quejosa, o a los autorizados cuyos nombres se precisaron en el auto admisorio; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad y fedatario requeridos; en el entendido que deberán abstenerse de remitir a este Juzgado Federal el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deban realizar a la parte peticionaria del amparo; asimismo, se hace la precisión que el título de crédito que se ponga a disposición de la parte quejosa deberá contener la leyenda "no negociable" o "para abono a cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades.
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