Luis Alfonso Reyes Gaona
Expediente 833/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 32 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 08/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Alfonso Reyes Gaona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 19899/2017 por el que se le notificó el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se declaró cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, en el cual únicamente la parte quejosa se manifestó inconforme con el mismo; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se negó al quejoso **********, el amparo y protección de la justicia federal. b) Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, por lo que, el seis de noviembre hogaño se le tuvo remitiendo los autos originales del expediente en que se actúa, así como la ejecutoria emitida en el ampara en revisión penal 114/2017, en la que se consignaron los resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a ********** contra el acto y autoridad reclamados, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de esta ejecutoria y para los efectos aquí precisados." La protección constitucional se otorgó a la parte quejosa para el efecto de que el Magistrado responsable dejara insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitiera otro en el que: Con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta lo que en derechos corresponda, analizando la petición del inculpado, atendiendo únicamente a los requisitos establecidos en los preceptos del nuevo sistema penal adversarial, para la revisión de la prisión preventiva, con la finalidad de determinar si puede o no ser sustituida por alguna de menor gravedad de las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de que considere procedente la sustitución de la prisión preventiva por una de menor gravedad, deberá aplicar las medidas de vigilancia y supervisión establecidas en los artículos 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales. c) En providencia de siete de noviembre pasado, este órgano jurisdiccional requirió al Magistrado responsable, a fin de que cumplieran con la ejecutoria de amparo. d) Mediante oficio registrado con el número 12291, el Magistrada de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, allegó copia certificada de la resolución pronunciada el quince de noviembre pasado, con la que adujó cumplir con la sentencia amparadora. e) Con motivo de lo anterior, el diecisiete de los actuales, se dio vista a las partes y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: I. Dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca 117/2016; y, II. Emitió otra determinación, en la que haciendo un nuevo análisis de los agravios esgrimidos por el apelante, resolvió declarar procedente la revisión de la medida privativa de libertad personal o prisión preventiva, determinando sustituir la prisión preventiva a la que actualmente se encuentra sometido el inculpado Luis Alfonso Reyes Gaona, dentro del proceso penal 86/2010 instruido en su contra por el delito de fraude en agravio de la persona moral denominada "*********. III. ordenó girar la correspondiente boleta de libertad a favor del procesado. IV. Consideró procedente decretar las siguientes medidas cautelares: Presentación periódica ante el juez de la causa; Exhibición de una garantía económica de $500,000.00 (quinientos mil pesos), tomando en consideración que para la imposición de esa medida se razonó el peligro de sustracción del inculpado, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; y, La prohibición de salir sin autorización de país, de la localidad en la cual reside, es decir en esta ciudad e Celaya, Guanajuato. Bajo dichas circunstancias, el suscrito estima que mediante las determinaciones referidas, la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que no está de acuerdo con el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud de que el amparo se concedió para el efecto de que: "1. Con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta lo que en derechos corresponda, analizando la petición del inculpado, atendiendo únicamente a los requisitos establecidos en los preceptos del nuevo sistema penal adversarial, para la revisión de la prisión preventiva, con la finalidad de determinar si puede o no ser sustituida por alguna de menor gravedad de las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. En caso de que considere procedente la sustitución de la prisión preventiva por una de menor gravedad, deberá aplicar las medidas de vigilancia y supervisión establecidas en los artículos 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Y en el caso particular la responsable, no está sustituyendo la aludida prisión preventiva por alguna de menor gravedad, sino por tres medidas cautelares. En ese sentido, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, pues como quedo anotado la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable se pronunciará respecto a si era procedente, se le aplicara la sustitución de la prisión preventiva por una de menor gravedad; por tanto, debe decirse, que la palabra "una" es enunciativa más no limitativa, y por ende, al haberse dejado plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que decidiera lo conducente respecto a la procedencia de la sustitución de la prisión preventiva, la determinación del Magistrado responsable en ese aspecto goza de plena facultad para determinar la o las medidas que habrá de imponer al inculpado para asegurar las obligaciones procesales a su cargo, como aconteció en el caso concreto. Máxime que el tribunal colegiado al precisar lo siguiente: ".En caso de que considere procedente la sustitución de la prisión preventiva por una de menor gravedad, deberá aplicar las medidas de vigilancia y supervisión establecidas en los artículos 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales.", no limitó exprofeso, la facultad de la responsable en ceñirse únicamente a una medida, más bien, ese término lo empleó para referir que solo de ser procedente la sustitución de la prisión preventiva, se debían de aplicar las medidas de vigilancia y supervisión establecidas en los artículos 176 a 182 del Código Nacional del Procedimientos Penales. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que en el presente juicio se había negado la protección constitucional, y el Tribunal de alzada concedió, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, la sentencia respectiva y la ejecutoria de amparo. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al proceso penal 86/2010 (catorce tomos), que remitió el Juez Tercero Penal de Partido de esta localidad, en cumplimiento a lo solicitado por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que el tercero interesado omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, en el cual únicamente la parte quejosa se manifestó inconforme con el mismo; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se negó al quejoso **********, el amparo y protección de la justicia federal. b) Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, por lo que, el seis de noviembre hogaño se le tuvo remitiendo los autos originales del expediente en que se actúa, así como la ejecutoria emitida en el ampara en revisión penal 114/2017, en la que se consignaron los resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a ********** contra el acto y autoridad reclamados, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de esta ejecutoria y para los efectos aquí precisados." La protección constitucional se otorgó a la parte quejosa para el efecto de que el Magistrado responsable dejara insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitiera otro en el que: Con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta lo que en derechos corresponda, analizando la petición del inculpado, atendiendo únicamente a los requisitos establecidos en los preceptos del nuevo sistema penal adversarial, para la revisión de la prisión preventiva, con la finalidad de determinar si puede o no ser sustituida por alguna de menor gravedad de las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de que considere procedente la sustitución de la prisión preventiva por una de menor gravedad, deberá aplicar las medidas de vigilancia y supervisión establecidas en los artículos 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales. c) En providencia de siete de noviembre pasado, este órgano jurisdiccional requirió al Magistrado responsable, a fin de que cumplieran con la ejecutoria de amparo. d) Mediante oficio registrado con el número 12291, el Magistrada de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, allegó copia certificada de la resolución pronunciada el quince de noviembre pasado, con la que adujó cumplir con la sentencia amparadora. e) Con motivo de lo anterior, el diecisiete de los actuales, se dio vista a las partes y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: I. Dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca 117/2016; y, II. Emitió otra determinación, en la que haciendo un nuevo análisis de los agravios esgrimidos por el apelante, resolvió declarar procedente la revisión de la medida privativa de libertad personal o prisión preventiva, determinando sustituir la prisión preventiva a la que actualmente se encuentra sometido el inculpado Luis Alfonso Reyes Gaona, dentro del proceso penal 86/2010 instruido en su contra por el delito de fraude en agravio de la persona moral denominada "*********. III. ordenó girar la correspondiente boleta de libertad a favor del procesado. IV. Consideró procedente decretar las siguientes medidas cautelares: Presentación periódica ante el juez de la causa; Exhibición de una garantía económica de $500,000.00 (quinientos mil pesos), tomando en consideración que para la imposición de esa medida se razonó el peligro de sustracción del inculpado, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; y, La prohibición de salir sin autorización de país, de la localidad en la cual reside, es decir en esta ciudad e Celaya, Guanajuato. Bajo dichas circunstancias, el suscrito estima que mediante las determinaciones referidas, la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que no está de acuerdo con el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud de que el amparo se concedió para el efecto de que: "1. Con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta lo que en derechos corresponda, analizando la petición del inculpado, atendiendo únicamente a los requisitos establecidos en los preceptos del nuevo sistema penal adversarial, para la revisión de la prisión preventiva, con la finalidad de determinar si puede o no ser sustituida por alguna de menor gravedad de las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. En caso de que considere procedente la sustitución de la prisión preventiva por una de menor gravedad, deberá aplicar las medidas de vigilancia y supervisión establecidas en los artículos 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Y en el caso particular la responsable, no está sustituyendo la aludida prisión preventiva por alguna de menor gravedad, sino por tres medidas cautelares. En ese sentido, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, pues como quedo anotado la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable se pronunciará respecto a si era procedente, se le aplicara la sustitución de la prisión preventiva por una de menor gravedad; por tanto, debe decirse, que la palabra "una" es enunciativa más no limitativa, y por ende, al haberse dejado plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que decidiera lo conducente respecto a la procedencia de la sustitución de la prisión preventiva, la determinación del Magistrado responsable en ese aspecto goza de plena facultad para determinar la o las medidas que habrá de imponer al inculpado para asegurar las obligaciones procesales a su cargo, como aconteció en el caso concreto. Máxime que el tribunal colegiado al precisar lo siguiente: ".En caso de que considere procedente la sustitución de la prisión preventiva por una de menor gravedad, deberá aplicar las medidas de vigilancia y supervisión establecidas en los artículos 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales.", no limitó exprofeso, la facultad de la responsable en ceñirse únicamente a una medida, más bien, ese término lo empleó para referir que solo de ser procedente la sustitución de la prisión preventiva, se debían de aplicar las medidas de vigilancia y supervisión establecidas en los artículos 176 a 182 del Código Nacional del Procedimientos Penales. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que en el presente juicio se había negado la protección constitucional, y el Tribunal de alzada concedió, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, la sentencia respectiva y la ejecutoria de amparo. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al proceso penal 86/2010 (catorce tomos), que remitió el Juez Tercero Penal de Partido de esta localidad, en cumplimiento a lo solicitado por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que el tercero interesado omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso **********; mediante el cual, en atención a la vista que se mandó dar en proveído de diecisiete de los actuales, hace diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales que podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
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