Luis Alfonso Oliva Ortiz
Expediente 53/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/05/2023
Partes del expediente
- Luis Alfonso Oliva Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
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Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar1 .
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Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención a naturaleza del acto reclamado hecho valer por el quejoso, se advierte que se encuentra pendiente la notificación de la referida parte del proveído de veinticuatro de junio de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en ese sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a los defensores públicos ******, a efecto que se impongan del aludido proveído, lo anterior para los efectos legales conducente
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Tijuana, Baja California, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo que remite el Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, mediante el cual anexa copia certificada de la boleta de libertad del quejoso *****; a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo establecido en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, pues son documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de funciones. De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia 226, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, página 153, registro 394182; que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Al tomar en consideración que el acto reclamado destacado dentro del juicio de amparo en que se actúa, es la omisión de dar seguimiento a la petición de remisión parcial de la pena, al no otorgar audiencia para resolver, por tanto se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, al haber obtenido la libertad el quejoso Luis Alfonso Oliva Ortiz, como se aprecia en la prueba documental antes mencionada, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la parte quejosa, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, para notificar al quejoso el proveído de veinticinco de mayo del año en curso, por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", en Tecate, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe si el quejoso ***** salió en libertad; y, en caso afirmativo, remita copia certificada de la boleta de libertad respectiva; la cual, podrá ser enviada al correo electrónico institucional 3jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con lo antes expuesto o informe fuera del plazo señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por sesenta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y la secretaria que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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