Luis Alfonso Noguez Esquivel

Expediente 594/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
594/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
01/06/2018

Partes del expediente

  • Luis Alfonso Noguez Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, primero de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente ya que se sobreseyó el juicio y de destrucción el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente, y ambos carecen de relevancia documental. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Por otra parte, devuélvase a la autoridad Juzgado Civil de primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, las copias certificadas del expediente 2203/2015 de su índice, solicitando para tal efecto el acuse correspondiente.

  2. Principal

    En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las trece horas con diez minutos del catorce de mayo de dos mil dieciocho, hora y día fijados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 594/2018-VI-A, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por Luis Alfonso Noguez Esquivel;; en audiencia pública Francisco Javier Munguía Padilla, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, asistido de la Secretaria Rosa María Sánchez Baltazar, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de amparo, procedió a celebrarla sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de las mismas. Enseguida, la Secretaria da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las pruebas que obran en autos. El Juez acuerda: de conformidad con el precepto antes citado, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las mismas y al no existir prueba pendiente por desahogar, procede a cerrar este periodo. Enseguida se abre el periodo de alegatos y la Secretaria certifica que no se ofrecieron por las partes. Por lo que se cierra este periodo. No habiendo otra prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordar, en términos del ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. VISTO, para resolver el juicio de amparo número 594/2018-VI-A; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, turnado en su momento a este juzgado, por Luis Alfonso Noguez Esquivel por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 1°, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México: a). Todas y cada una de las actuaciones que integran el Juicio Ordinario Civil 2203/2015, incluyendo la sentencia y su ejecución. Todo lo actuado en el expediente 2203/2015, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Jilotepec, Estado de México, la falta de emplazamiento y la orden de desalojo del domicilio ubicado en las Huertas, Municipio de Jilotepec, México. b). La orden de desalojo, del inmueble ubicado en las Huertas, Municipio de Jilotepec, México, sin haber sido oído y vencido. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que a la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (foja 3 del juicio de amparo) por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo se computará a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el cual transcurrió del veinte de marzo al diez de abril de dos mil dieciocho, con descuento de los días veintiuno, del veinticuatro al treinta y uno de marzo, uno, siete y ocho de abril del año en cita, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el tres de abril de dos mil dieciocho, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Civil de Primera Instancia de Jilotepec, Estado de México (fojas 11 y 12 del juicio de amparo) al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos. Certeza que se acredita con las copias certificadas del expediente 2203/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil (usucapión) documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, en la especie el suscrito advierte que el presente juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción I, y 6º todos, de la Ley de Amparo los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo que se colige, que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario de amparo demuestre su interés jurídico, cuya afectación debe ser de manera personal y directa. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (1C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada a página 1807 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Es oportuno precisar que por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo por tanto ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Sobre el tema, tiene aplicación la jurisprudencia 854, publicada en la página 582, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico, a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Bajo esta misma premisa y de conformidad con el artículo 5o., fracción I, de la ley normativa del juicio de garantías, tal procedimiento extraordinario se seguirá siempre a instancia de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo que significa que uno de los presupuestos procesales indispensables para la procedencia de la acción constitucional, es el acreditamiento pleno del interés jurídico del agraviado, que puede efectuar por cualquiera de los medios de prueba previstos en la Ley, sin que sea suficiente para demostrarlo la sola presentación de la demanda de amparo, ya que ello sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional federal, pero no comprueba que el acto autoritario que se reclama, lesione el interés jurídico del quejoso, entendiéndose éste, como un derecho reconocido por la ley, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. El derecho subjetivo a que se hace referencia en el párrafo precedente, supone la conjunción de dos elementos inseparables: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda ser benéfica para algún sujeto, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establece dicha situación no le otorga facultad para obtener coactivamente su respeto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 852, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 581, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantía." Noción de interés que se encuentra íntimamente ligada con lo que se entiende por perjuicio, tal como se desprende del artículo 5o, ya trascrito, pues sólo aquél a quien se le afecta en su interés, es quien puede acudir al juicio de garantías; así, perjuicio debe entenderse como sinónimo de ofensa o lesión en los derechos o intereses de una persona. Al caso es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 55, séptima época, tomo 72, séptima parte del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." En acatamiento a lo establecido con antelación, el Juez de Distrito debe verificar si el promovente de la queja demuestra que tales actos agravian su interés jurídico, pues si bien pueden existir tales actos de autoridad, también suele acontecer que éstos no producen afectación alguna a los derechos de los gobernados, cuando éstos no acreditan en forma fehaciente el interés jurídico relativo, y por ende, el acto de autoridad no les produce agravio. En efecto, el quejoso Luis Alfonso Noguez Esquivel, reclama del Juez responsable la orden de desalojo del inmueble ubicado en las Huertas, Municipio de Jilotepec, México dictada en el expediente 2203/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil (usucapión) promovido por Dionicio López Leonardo, en contra de la Sucesión Intestamentaria a bienes de José López Flores, a través de su albacea Ángel López Leonardo, a su vez este último interpuso demanda reconvencional en contra de Teresa López Leonardo, Anabel Marlen Martínez Contreras y Lorenza López López, sin haber sido oído y vencido. El quejoso Luis Alfonso Noguez Esquivel, no ofreció prueba alguna para demostrar el interés jurídico. De este modo, es evidente que no se acredita en autos el interés jurídico que legitime al quejoso para demandar la protección de la Justicia Federal, pues en tal caso, no se demuestra la afectación producida en su esfera jurídica en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De forma que, si en el presente caso el quejoso no demostró tener un derecho legítimamente tutelado con relación al inmueble que defiende, debe concluirse que, lo actuado en el expediente 2203/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil (usucapión) jurídicamente no le causa perjuicio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley. Por otra parte, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dichos aspectos corresponden al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el presente juicio de garantías, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a loa novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo antes expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Alfonso Noguez Esquivel por propio derecho, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos precisados en el punto considerativo quinto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Incidental

    "...Glósese como simple antecedente el informe previo signado por Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, en virtud de haberse resuelto la suspensión definitiva el dieciocho de abril de dos mil dieciocho y haberse proveído lo conducente en cuanto a dicha autoridad..."

  4. Principal

    "...Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de la Materia, se tienen como pruebas las documentales que anexa; con las mismas fórmese el tomo correspondiente. Sin que pase inadvertido para este juzgador que el oficio que se acuerda dice informe previo, sin embargo de una revisión de éste se advierte que el oficio que contesta es con el que se requirió el informe justificado. Para dar tiempo a que transcurra el plazo otorgado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo..."

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