Luis Alfonso Moreno Nares

Expediente 1272/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1272/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Luis Alfonso Moreno Nares

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que el promovente de garantías pudo recurrir en queja el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento e en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo, recibido vía electrónica, presuntamente promovido por xxxxxxxxx , en su carácter de apoderado jurídico de xxxxxxxxxxxxxx, el que carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica respectiva del promovente, contra los actos que atribuye a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y otra autoridad, que en lo medular consiste en "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de la misma. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que la demanda planteada no encuadra en alguno de los supuestos previstos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal. Asimismo, se aprecia que es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior es así, toda vez que la demanda de amparo que fue depositada y recibida a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, carece de firma electrónica o rúbrica autógrafa que se encuentre vinculada con la persona solicitante, esto es, que corresponda al pretendido promovente, cuestión que no constituye una irregularidad que pueda dar lugar a prevenir a efecto de que pueda ratificarse el escrito, al advertirse una manifiesta falta de voluntad para la promoción de ésta, pues la falta de un signo físico o cadena electrónica, evidencia que no existe instancia de parte agraviada, por lo que debe desecharse de plano la demanda de garantías. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6º, de la Ley de Amparo, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De los artículos transcritos se desprende, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que resulte agraviada, pudiendo hacerlo por sí, o por su representante, con las excepciones que establece dicho dispositivo; luego, si en el asunto que nos ocupa, el pretendido promovente no firmó electrónicamente, ni plasmó su rúbrica en el escrito inicial de demanda, y no se actualiza el supuesto de excepción previsto en los artículos relacionados 15 y 109 de la Ley de Amparo, ello genera inexistencia de voluntad para abrir la instancia constitucional, ya que la firma electrónica o autógrafa es un requisito esencial para dar validez al documento, porque solo así se acredita la voluntad del que suscribe; esto es así, porque en el procedimiento, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma; por consiguiente, procede sin más su desechamiento. Es aplicable al caso, Tesis P./J.8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 79, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Sin que la determinación hecha por este órgano de control constitucional, implique la restricción al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, consagrado a favor de la agraviada en el artículo 17 Constitucional, pues ésta, sin exponerse a riesgo, puede instar la protección constitucional, en el momento que lo requiera, cumpliendo con el requisito de firma electrónica (FIREL o e-firma) o física del que ahora carece su ocurso; esto es, cuenta con medios a su alcance para resguardar su integridad física y ejercitar los derechos constitucionales y legales respectivos. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 6º ambos de la Ley de Amparo, y 107 de la Constitución General de la República, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de referencia, por su manifiesta e indudable improcedencia. En esas condiciones, al existir ausencia de voluntad de parte para la promoción relativa, resulta intrascendente realizar pronunciamiento sobre las restantes peticiones que se aprecian en el escrito que se provee. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, al existir en el escrito que se provee, domicilio para oír y recibir notificaciones, comuníquese en forma personal, el presente proveído al promovente xxxxxxxxxxxx, en el domicilio ubicado en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, haciendo entrega o dejando a su disposición copia autorizada del presente auto. Se faculta al actuario comisionado para tal diligencia, para el caso de que al constituirse al lugar señalado y fuere informado de que el buscado, pueda ser notificado en uno diverso que se le proporcione, practique en dicho domicilio la notificación encomendada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Con fundamento en la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del aludido Consejo, a partir del veintiuno de diciembre de esta anualidad; se ordena la suspensión de plazos y términos en este asunto, al no tratarse de aquellos de urgencia a que se refiere la norma aludida y tener pendiente la notificación personal. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3, de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. Finalmente, de conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública1 , difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. De igual manera, como lo establece el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se hace del conocimiento de las partes que en las listas de notificación, entre otros documentos jurisdiccionales, se publicarán los nombres de las partes, salvo 1 Diario Oficial de la Federación, 9 de mayo de 2016. cuando el asunto respectivo verse sobre supuestos de datos sensibles, tales como los relacionados con juicios familiares o causas penales seguidas respecto de los delitos contra la dignidad -aborto, ayuda o inducción al suicidio-; contra la libertad reproductiva, contra la libertad y el normal desarrollo de la personalidad; contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia; contra la filiación y la institución del matrimonio; contras las normas de inhumación y exhumación y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos; y de suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; asimismo, la oposición a la publicación de los datos personales realizada por las partes no dará lugar a la supresión de su nombre en los instrumentos de carácter jurisdiccional señalados, salvo que se refiera a los supuestos sensibles, sin menoscabo de la supresión de otros datos personales diferentes al nombre. De conformidad con el Acuerdo General 29/20072 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. 2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de septiembre de dos mil siete. Notifíquese personalmente al promovente conforme a la normatividad y de manera escalonada, una vez que se reanuden las labores de este juzgado.

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