Luis Alfonso Lugo Araujo

Expediente 835/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
835/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2021

Partes del expediente

  • Luis Alfonso Lugo Araujo

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Vista la notificación de cuenta, se advierte que el quejoso directo ***, ratificó el desistimiento de la acción constitucional intentada a través de este juicio de amparo. 1.1 Sobreseimiento. En consecuencia, se tiene por desistido de la demanda de amparo y con fundamento en el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por la citada quejosa. 1.2 Se declara firme este auto. Ahora bien, resulta claro que la parte quejosa al manifestar su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo, evidencia que no recurrirá esta determinación; por ello, se declara firme el presente acuerdo que decreta el sobreseimiento del juicio. 1.3 Sin efectos audiencias. En tal virtud, se deja sin efectos las fechas y horas señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional y la audiencia de violación a la suspensión en este juicio, fijadas para las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 1.4 Comunicación a las partes. Comuníquese lo anterior a las partes para su conocimiento y efectos legales consiguientes y háganse desde luego las anotaciones de rigor en el libro de Gobierno. 2. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Representante Local de la Oficialía de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe inherente a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa. 1.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. 2. Promoción. Glósese al expediente el escrito signado por Carlos Eduardo Rodríguez Rodarte, autorizado del quejoso ...a través del cual se desiste de la demanda de amparo que promovió. 2.1 Acuerdo. Con fundamento en el artículo 63, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario a fin de que notifique personalmente al quejoso el presente proveído y lo requiera para que en el acto de la notificación manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta; haciéndole de su conocimiento de que cuenta con el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que comparezca a este Juzgado de Distrito en horas y días hábiles; apercibido que, de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho escrito, con las consecuencias legales que ello contrae.

  3. Principal

    1. Razón actuarial y constancia de notificación. Vista la razón actuarial, así como la constancia de notificación de veintiuno de diciembre del año en curso, de la que se advierte que el quejoso directo ...manifestó que ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor. 2. Inexistencia de actos crueles e inhumanos. Asimismo, el Actuario adscrito hizo constar que el quejoso físicamente se encontraba bien, que no fue objeto de tortura, golpes, ni de cualquier otro acto prohibido por la ley; por tal motivo, al manifestar expresamente que no existe el citado acto, desde este momento el mismo queda fuera de la litis constitucional planteada, siguiéndose el trámite únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de privación de libertad en su contra. 3. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo promovida por ...en favor de ...contra actos del Titular de la Oficina del Instituto de Migración en Piedras Negras y/o Delegado Federal en Coahuila del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. 4. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I y 28 párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 5. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del citado Acuerdo General. 6. Señalamiento de autoridades. Se tiene como autoridad responsable al Titular de la Oficina del Instituto de Migración en Piedras Negras, con residencia en esta ciudad, y/o Delegado Federal en Coahuila del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad. 7. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 7.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 28, fracción lll, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 8. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 10. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes; se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 11. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. 12. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, sin necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet ...con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. 13. Razón actuarial. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que el actuario judicial de la adscripción no pudo entregar el oficio 17450/2020, 17451/2020, 17452/2020 y 17453/200, dirigidos al Director de la Estación Migratoria, Subdelegado Federal en Coahuila del Instituto Nacional de Migración, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Delegación en Coahuila del Instituto Nacional de Migración y Subdirector de la Estación Migratoria, con sede en esta ciudad, toda vez que las misma no existen con esa denominación. 13.1 Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia que al no hacer uso de este derecho se dejará de considerar al Director de la Estación Migratoria, Subdelegado Federal en Coahuila del Instituto Nacional de Migración, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Delegación en Coahuila del Instituto Nacional de Migración y Subdirector de la Estación Migratoria, con sede en esta ciudad, como responsables y sus actos no serán motivo de estudio en el presente asunto.

  4. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por ... contra actos del Titular de la Oficina del Instituto de Migración en Piedras Negras, con residencia en esta ciudad, y/o Delegado Federal en Coahuila del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 835/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 3.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 3.1.1 Orden de traslado. Por lo que ve al acto reclamado consistente en el traslado del quejoso a otra ciudad, entidad federativa o país, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que las autoridades administrativas señaladas como responsables, se abstengan de trasladar al quejoso de su lugar de reclusión designado con motivo de su detención, a otra ciudad, entidad federativa o país; circunstancia que no las releva de la obligación de velar por su seguridad y su salud. Sin embargo, la suspensión concedida no surtirá efectos en caso de que la orden de traslado estuviera consumada; tampoco si proviene de una autoridad competente para emitirla en términos de lo dispuesto por la legislación penal aplicable; o si obedece a medidas de seguridad de las prisiones; menos si está relacionada con el delito de delincuencia organizada en términos del artículo 18 constitucional. 3.2 Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesto en libertad o a disposición de éste último; o Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sea puesto inmediatamente en libertad. 3.3 Si el quejoso se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el hoy quejoso haya sido detenido en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad del quejoso o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesto en inmediata libertad. 3.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. iii) Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 3.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o lo tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado al quejoso, desde que fue detenido hasta que fue puesto a disposición del representante social. 3.6 No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 3.7 Se mantenga al quejoso en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad del mismo. 3.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éste sea sometido. 3.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentre sujeto, pues tampoco pude ser contactado en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 4. Suspensión de plano relativa a la deportación. El promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación o expulsión que las autoridades responsables pretenden ejecutar en contra del quejoso directo Luis Alfonso Lugo Araujo. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor del quejoso directo ..., al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal del mismo, pues se presume por el accionante del amparo que tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que, no se les obligue a abandonar el país, salvo que expresamente manifiesten que es así su deseo...

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