Luis Alfonso Lama Ortega
Expediente 510/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Alfonso Lama Ortega
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera recurrido el auto dictado el quince de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "Expedientes que corresponde clasificar como depurables o destruibles por los Juzgados de Distrito, de conformidad con el punto vigésimo primero" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de este órgano de control constitucional no tiene relevancia documental para su conservación.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, quince de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda presentado por Luis Alfonso Lama Ortega; contra actos de Comisión Federal de Electricidad con sede en Veracruz, Veracruz y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 510/2018-VI. DESECHAMIENTO Ahora, con independencia de cualesquiera otras consideraciones, este juzgador resuelve lo siguiente: De conformidad con el artículo 113, en relación con la fracción XIV del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de amparo, al advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que surge de relacionar los artículos 61 fracción XIV, con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados deben considerarse consentidos tácitamente, al no haberse promovido la acción constitucional dentro del término legal fijado para ello, según se pasa a exponer. La fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. En vinculación directa con lo anterior, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, sea a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal; por tanto, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene, es aplicable la tesis I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1394, correspondiente al mes de abril de 2005, Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días. Expuesto lo anterior, se debe precisar, acorde con lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el promovente reclama: "...EL CORTE, DE LA ENERGÍA ELECTRICA ASI COMO EL RETIRO DEL MEDIDOR EN MI DOMICILIO YA CITADO AL INICIO DE ESTE ESCRITO DE DEMANDA.". Asimismo, es un hecho notorio para este juzgador que el quejoso promovió sendos juicios de amparo 1004/2017, 788/2017, 21/2017, 722/2016, 158/2016, 1235/2015, 766/2015 y 342/2015, en los que ha señalado como acto reclamado el corte de energía eléctrica y el retiro de medidor correspondiente, respecto del domicilio ubicado en Prosperidad, número 900, entre Arista y Othón, de la Colonia Hidalgo, en Veracruz, Veracruz. Y en los que manifestó como respectivas fechas de ejecución del acto el tres de julio de dos mil diecisiete, quince de febrero, dieciséis de junio y veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, cinco de marzo, cinco de julio y trece de octubre de dos mil quince. De lo antes expuesto, se advierte claramente que en esa demanda el peticionario de amparo señaló como acto reclamado, el mismo acto que reclama en esta vía; por lo que, indiscutible resulta que el acto reclamado se ejecutó desde el cinco de marzo de dos mil quince; por lo que, es evidente que desde esa fecha se encontraba en aptitud de acudir al juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior que en el presente juicio asiente que se ostenta sabedor del acto el once de junio de dos mil dieciocho, porque como se dijo en párrafos precedentes, la actualización de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo son excluyentes entre sí; por ende, si en el caso el acto reclamado -retiro de medidor- se ejecutó desde marzo de dos mil quince, el quejoso estaba en aptitud de promover lo que a su interés conviniera, desde esa data. Sin que en el caso se pueda estimar que cada vez que se 'ostenta sabedor' se renueve nuevamente el plazo para que presente amparo indirecto, pues sería tanto como dejar a voluntad del quejoso la procedencia del juicio constitucional. Máxime, que de la exposición de su escrito no se advierte que hayan variado las circunstancias del acto reclamado, esto es, el medidor de energía eléctrica del inmueble ubicado en el domicilio del quejoso se retiró sin que se haya vuelto a instalar. Significándose que se acude al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el que en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento. Al respecto se comparte la tesis I.1o.A.14 K (10a.),del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1946, de rubro siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." Sin necesidad de obtener copias certificadas para agregarlas a este expediente. Al respecto se invoca la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285 tomo XXV, correspondiente al mes de junio de dos mil siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En apoyo de lo anterior se cita por su contenido jurídico sustancial, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 193-198, Primera Parte, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Consecuentemente, al devenir extemporánea la presentación de la demanda que le dio origen a este sumario constitucional, es válido concluir que el juicio de amparo de que se trata, resulta notoriamente improcedente al haberse consentido tácitamente los aludidos actos que se tildan de inconstitucionales, actualizándose así la causa de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Luis Alfonso Lama Ortega. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. .USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias.
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