Luis Alfonso Ibarra Villa

Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
704/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Luis Alfonso Ibarra Villa
  • Director del Hospital General En Uruapan, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió del veintinueve al treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declara firme mediante auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, requiriéndose en esa misma fecha a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable Director del Hospital General de "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo; informo el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE "Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias y en cuanto superiores jerárquicos del Hospital General de esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso ********************, enfocada al tratamiento de columna y pie que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad del padecimiento que presenta a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de terapia que requiera médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, es decir, en la comunidad de ********************, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, para que el médico especialista correspondiente determine el procedimiento a seguir acorde a sus padecimientos, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de esta ciudad, para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y lo cite al efecto. Por lo que deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del directo quejoso. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializad. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, cumplan con la ejecutoria de amparo teniendo en consideración que el acto reclamado es de tracto sucesivo, deberán informar lo que hayan dispuesto sobre el tratamiento correspondiente de forma definitiva a este Juzgado sobre el cumplimiento, a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo de que se trata, a partir de tal información (en una sola ocasión) (.) La autoridad responsable Director del Hospital General de "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para cumplir con la sentencia de amparo, realizo lo siguiente: a) Mediante promoción registrada bajo el número de control interno 4733, mismo que fue recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se encuentra suministrando la atención médica correspondiente a la parte quejosa, así como que el treinta de noviembre de dos mil veintidós, fue aperturado el expediente clínico al quejoso con número ********************. b) De igual forma informó que el quejoso ha sido atendido en diversos servicios del hospital a su cargo, de entre los cuales se encuentran; medicina interna, consulta externa, rayos X, y traumatología, siendo que la última vez que acudió al servicio de traumatología fue el doce de enero de dos mil veintitrés, a las nueve horas con veinte minutos. c) Luego, informo que el quejoso de mérito tiene programada su próxima cita en los siguientes servicios: Servicio de rayos X, en fecha trece de julio de dos mil veintitrés, a las 7:30 horas. Servicio de traumatología, en fecha trece de julio de dos mil veintitrés, a las 10:00 horas. d) Asimismo, hizo del conocimiento de la parte quejosa que en caso de requerir atención médica antes de las fechas señaladas con anterioridad, puede acudir al servicio de urgencias, donde se le bridara la atención médica que requiera las veinticuatro horas del día. f) Finalmente, se sugirió al quejoso acudiera servicio de nutrición para control de peso, lo anterior ya que dicho quejoso en su momento requerirá una protesis y debido a su peso no es posible ponérsela en este momento, a lo que el quejoso manifestó que no era su deseo que se le generara una cita para el referido servicio, ya que él lo realizaría por fuera del hospital. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Lo anterior, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo es de tracto sucesivo; sin embargo, es importante destacar que el fallo protector del cual ahora se declara su cumplimiento, no debe entenderse como una medida sin limitación material o temporal alguna, pues además de la incertidumbre que con ello se generaría tanto a la parte quejosa, como a las autoridades responsables y a la misma población en la que radica la aquí quejosa, implicaría ejercer sobre las autoridades responsables una vigilancia permanente de sus actividades por parte de este órgano jurisdiccional, lo cual no está previsto expresamente en la norma constitucional, convencional o legal alguna, ya que de procederse así se estaría dejando de lado la propia actividad jurisdiccional de este Juzgado Federal y en su caso el cumplimiento de la prestación de atención médica por parte de las citadas autoridades responsables. Reiterándose que el vigilar de manera permanente la actividad propia de las autoridades responsables, no encuentra justificación alguna e implicaría una invasión desmedida a las actividades propias de las autoridades responsables. SE EXHORTA A LAS PARTES. Sin embargo, no obstante el cumplimiento decretado en párrafos precedentes, se exhorta a las autoridades Secretario de Salud; y, Director del Hospital General de "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para que continúen girando las instrucciones necesarias para que se le siga proporcionando la atención médica relativa al padecimiento de columna y pie que no le permite moverse, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto; en el entendido que deberá asentarse en el expediente clínico de la parte quejosa que le tratamiento brindado lo es con motivo de la concesión del amparo y protección de la justicia federal, dentro del presente juicio de garantías. SUBSISTEN APERCIBIMIENTOS. Se hace del conocimiento que quedan subsistentes los apercibimientos con los que se les conminó en autos, esto es, para el caso de no realizar las gestiones necesarias con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, toda vez que los actos reclamados dentro del presente juicio de garantías constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, se exhorta a la PARTE QUEJOSA para que en caso de que exista negativa de la atención médica materia de la Litis dentro del presente expediente, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta número 5009/2023, signado por el Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán por sí y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital General en Uruapan, Michoacán de Ocampo, para que en plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia dictada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.****************************************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.****************************************En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 704/2022-II, promovido por ********************, por propio derecho, estando presente la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien actúa asistida por el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario que autoriza y da fe; por lo que procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes.****************************************Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las demás constancias que obran en autos. ****************************************A lo que la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes.****************************************En el periodo de pruebas: El Secretario da nueva cuenta con las documentales que exhibió en autos la parte quejosa, así como con las diversas documentales que allegaron a juicio las autoridades responsables.****************************************A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales exhibidas en autos por la parte quejosa y las autoridades responsables; por lo que no habiendo más pruebas pendientes por admitir o desahogar, se da por terminada la etapa de pruebas.****************************************Abierta la fase de alegatos, el Secretario da nueva cuenta con el pedimento que presentó el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y hace constar que ninguna de las demás partes hizo uso de su derecho para formular alegatos.****************************************A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al Fiscal Federal de la adscripción formulando los alegatos que a su representación social corresponde y dado que ninguna de las demás partes formuló alegatos, se cierra dicho periodo. ****************************************Por último, al no obrar en autos más que relacionar, se da por terminada la presente audiencia; y se pasan los autos para el dictado de la resolución correspondiente; y, ****************************************V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 704/2022-II, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo y otra autoridad; y****************************************R E S U L T A N D O :****************************************PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial el veintidós de noviembre de dos mil veintidós y turnado el veintitrés de noviembre siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisarán más adelante.****************************************SEGUNDO. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta resolución; y,****************************************C O N S I D E R A N D O :****************************************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos omisivos (falta de atención médica) atribuidos a autoridades residentes en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito.****************************************SEGUNDO. AUTORIDADES RESPONSABLES:****************************************DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL "DR. PEDRO DANIEL MARTÍNEZ", PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD.****************************************SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ****************************************TERCERO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado.****************************************En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada.****************************************Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."****************************************En el caso, debe tenerse como actos reclamados: ************************************************************ACTO RECLAMADO: La omisión de proporcionarle atención médica al quejoso y el tratamiento adecuado para su padecimiento de la columna y el pie que no le permite moverse y le ocasiona dolores de cadera y columna.******************** ********************CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Secretaria de Salud de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados. ****************************************Sin embargo, al tratarse de un acto de naturaleza negativa, la carga de la prueba recae en la autoridad responsable. De ahí que no sea dable aceptar la negativa propuesta, y se tiene como cierto el acto reclamado a dichas autoridades responsables. ****************************************Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 27, volumen 60, primera parte Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, rubro y texto:****************************************"ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."****************************************QUINTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación, aunque para ello se supla su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.****************************************Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al quejoso.****************************************En el caso, es necesario establecer las prerrogativas relativas al derecho fundamental a la salud, las que, se encuentran reconocidas por los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que son del tenor siguiente:****************************************"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.********************Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". ****************************************"Artículo 4o. [.]********************Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.********************[.]".****************************************Asimismo, el referido artículo 4º, en su párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece:****************************************"[.]********************Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.".****************************************Por lo que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."****************************************Disposiciones que son aplicables en favor del quejoso, porque la demanda de amparo se presentó el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas, de las que se advierte que:********************Toda persona tiene derecho a la protección de la salud;********************La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.********************La Ley establecerá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.****************************************Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para toda persona la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad general, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud.****************************************En ese sentido, la ley a la que el artículo 4º Constitucional, se refiere como la que definirá un sistema de salud para el bienestar para las personas que no cuenten con seguridad social, a fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, para la atención integral y gratuita, es la Ley General de Salud, que en sus artículos 1º y 2º, fracción V, establece:****************************************"ARTÍCULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social".****************************************"ARTÍCULO 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:****************************************[.]****************************************V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.****************************************Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados [.]".****************************************Así, la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, en los términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protección al derecho a la salud, que entre otras finalidades tiene el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; y tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.****************************************Luego, como autoridades sanitarias, la citada Ley General de Salud, en sus artículos 4º y 5º, dispone:******************** ********************"ARTÍCULO 4o.- Son autoridades sanitarias: I.- El Presidente de la República;--- II.- El Consejo de Salubridad General;--- III.- La Secretaría de Salud, y--- IV.- Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal".****************************************Asimismo, indica cómo está constituido el Sistema Nacional de Salud, por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud conforme a los siguientes artículos:****************************************"TÍTULO SEGUNDO Sistema Nacional de Salud.********************CAPÍTULO I- Disposiciones Comunes.********************"ARTÍCULO 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud".****************************************También, dicho Sistema Nacional de Salud, tiene entre otros, el objetivo de proporcionar servicios de salud a toda la población y colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, tal y como lo prevé el artículo 6°, fracciones I y III, de la Ley General de Salud, que establece:****************************************"ARTÍCULO 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:****************************************I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;****************************************[.]****************************************III.- Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social".****************************************Así, en seguimiento a la amplitud de la ley, respeto al principio de no discriminación, se precisa que todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social, tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.****************************************Resulta aplicable a lo anterior, la tesis P. XVI/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, visible en la página 29, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: ****************************************"DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". ****************************************Esto es, se establece que la protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.****************************************Entendiéndose por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud.****************************************De manera que, establece la competencia entre la Federación y las entidades federativas para la distribución de la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, entre éstas, desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias.****************************************Tan es así que, establece que el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de estas, de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.****************************************Para estos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativa. ****************************************Asimismo, se indican los requisitos para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, entre otros, contar con Clave Única de Registro de Población, o en caso de no contar con dicha clave, podrán presentarse acta de nacimiento, certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias.****************************************Todo lo anterior se rige, conforme a la normativa siguiente:****************************************"LEY GENERAL DE SALUD.****************************************"ARTÍCULO 77 Bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.****************************************La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.****************************************Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.****************************************Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere este Título".****************************************"ARTÍCULO 77 Bis 2.- Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud.****************************************La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el Bienestar, organizará las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las entidades federativas mediante la celebración de los acuerdos de coordinación a que se refiere este Título.****************************************La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud, garantizarán las acciones a que se refiere el presente Título mediante la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud".****************************************"ARTÍCULO 77 Bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social quedará distribuida conforme a lo siguiente:****************************************A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:****************************************I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias;****************************************II. Coordinar la prestación de servicios de salud de alta especialidad que se brinden por las entidades agrupadas en su sector coordinado e impulsar la creación de este tipo de servicios tanto a nivel federal como por parte de las entidades federativas; ********************[.]********************V. Elaborar el modelo y promover la formalización de los acuerdos de coordinación a que se refiere esta Ley; ********************VI. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019)****************************************VII. Diseñar y elaborar los materiales de sensibilización, difusión, promoción y metodología de la capacitación que se utilizarán en la operación de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados;****************************************[.]****************************************XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo de beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica, de conformidad con lo establecido en su reglamento interior;****************************************XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios. ****************************************[.] ****************************************XIV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de la calidad de los establecimientos de salud a que se refiere el artículo 77 bis 9 de esta Ley;****************************************[.] ****************************************XVII. Evaluar el desempeño de la prestación gratuita de servicio (sic) de salud, medicamentos y demás insumos asociados en los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad e integralidad de los servicios prestados y coadyuvar con los órganos competentes federales y locales en el control y fiscalización de los recursos que para tal fin se transfieran a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo aquéllos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento.****************************************B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:****************************************I. Proveer los servicios de salud a que se refiere este Título en los términos previstos en la presente Ley, los reglamentos aplicables y las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Salud, garantizando la infraestructura, personal, insumos y medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad;****************************************II. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019). ****************************************III. Aplicar, de manera racional, transparente y oportuna, los recursos que sean transferidos por la Federación y los recursos que aporten, para la ejecución de las acciones de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, en los términos de este Título, las demás disposiciones aplicables y los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren.****************************************Para tal efecto, las entidades federativas estarán a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.****************************************a) Una vez transferidos por la Federación los recursos que corresponda entregar directamente a la entidad federativa de que se trate en los términos del artículo 77 bis 15, fracción I de esta Ley, los mismos deberán ser ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen a los servicios estatales de salud, dentro de los cinco días hábiles siguientes, debiendo estos últimos informar a la Secretaría de Salud dentro de los tres días hábiles siguientes, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido entregados por la tesorería de la entidad federativa.****************************************b) (DEROGADO, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019). ****************************************IV. Programar, de los recursos a que se refiere el Capítulo III de este Título, aquellos que sean necesarios para el mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento conforme a las prioridades que se determinen en cada entidad federativa, en congruencia con el plan maestro que se elabore a nivel nacional por la Secretaría de Salud.****************************************V. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019). ****************************************VI. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019). ****************************************VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación y acreditación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables;****************************************VIII. Recabar, custodiar y conservar por conducto de sus servicios estatales de salud, la documentación justificante y comprobatoria original de las erogaciones de los recursos en numerario que le sean transferidos, en términos del presente Título, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, y proporcionar a la Secretaría de Salud y a los órganos de fiscalización competentes, la información que les sea solicitada, incluyendo los montos y conceptos de gasto, y****************************************IX. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019) ****************************************X. Transferir a la Federación los recursos a los que se refieren los artículos 77 bis 13 y 77 bis 15 en los términos que se establezcan en los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 16 A.****************************************(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019)". ****************************************"ARTÍCULO 77 Bis 6.- El Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de estas, de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Para estos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.****************************************En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente:****************************************Las modalidades orgánicas y funcionales de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados;********************Los conceptos de gasto;********************El destino de los recursos, y********************Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.********************(DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019)". ******************** Artículo 77 bis 7.- Para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere el presente Título, se deberán reunir los requisitos siguientes:****************************************Ser personas que se encuentren en el territorio nacional;****************************************No ser derechohabientes de la seguridad social, y ****************************************Contar con Clave Única de Registro de Población. En caso de no contar con dicha clave, podrá presentarse acta de nacimiento, certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias.".****************************************Así, para comprender con mayor precisión los alcances del derecho a la salud, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se considera oportuno tomar en cuenta, por las razones que las componen, lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria del juicio de amparo en revisión 237/2008, en el que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, estableció que la protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.****************************************Señaló que no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social.****************************************Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, precisó que el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.****************************************De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar.****************************************Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud.****************************************Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. Criterio que integró la secuencia de ejecutorias que dieron origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, visible en la página 486, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: ******************** ********************"DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras".****************************************Criterios que cobran vigencia, pese a que surgieran con anterioridad a la última reforma del artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la norma constitucional, vigente en la época de las ejecutorias, así como al dictado de esta sentencia, prevén el derecho de toda persona a la protección de la salud.****************************************De tal manera, la protección de la salud, en lo individual, es el derecho que se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica; de ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar.****************************************Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general.****************************************En ese sentido, el contenido de la norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa:****************************************"Declaración Universal de Derechos Humanos.****************************************"Artículo 25, párrafo 1o.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.".****************************************"Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.****************************************"Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.****************************************1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.****************************************2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:****************************************La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;****************************************El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;****************************************La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;****************************************La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad."****************************************"Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador.****************************************Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. ****************************************Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:****************************************La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad.****************************************La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos y familiares de la comunidad; ****************************************[.]****************************************f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables".****************************************El citado marco normativo, permite identificar el derecho fundamental de la parte quejosa, respecto a la protección a su salud, especialmente, si se trata de una persona que no está inscrita en alguna institución de seguridad social.****************************************Asimismo, el Estado mexicano ha suscrito distintos pactos internacionales que contienen lineamientos vinculados específicamente con ese derecho fundamental, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 25.1, en lo conducente dispone lo siguiente:****************************************"Artículo 25.1. [.] Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."****************************************El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, en su artículo 12, el derecho a la protección de la salud y las medidas pertinentes para alcanzar su efectividad.****************************************El instrumento mencionado aborda los temas en los términos siguientes:****************************************1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.****************************************2. Entre las medidas que deben adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para:********************a. La reducción de la mortinatalidad y mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños.****************************************b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.****************************************c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.****************************************d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad".****************************************De igual manera, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconoce el derecho a la protección a la salud, al disponer en su artículo XI, que:****************************************"Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, la vivienda, y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad".****************************************Finalmente, los artículos 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado como "Protocolo de San Salvador", disponen:****************************************"Artículo 9.********************Derecho a la seguridad social****************************************1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. ********************2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto".****************************************"Artículo 10. Derecho a la salud ********************1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. ********************2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:********************a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; ********************b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;********************c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables".****************************************En conjunto la Constitución Política de nuestro país y los tratados internacionales regulan el derecho fundamental a la protección de la salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el estado inclinados a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción; y, para la efectividad del derecho fundamental y el debido cumplimiento de las obligaciones de los entes de gobierno, previstos en la Constitución Federal, en los pactos multinacionales y en los ordenamientos jurídicos secundarios, el estado mexicano ha creado instituciones de seguridad social que prestan el servicio de salud, como lo es, en el caso, el Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en donde se brinda la atención médica al peticionario de amparo ********************, así como la entrega de medicamentos para el padecimiento que le aqueja, problemas de la cadera y columna. ****************************************Lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el citado quejoso ********************, allegó al juicio las siguientes documentales: ****************************************Copia de su credencial de elector, con número de clave ******************** expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral (foja 7). ****************************************Copia de su carnet de citas, de la que se advierte que en fechas treinta de noviembre, ocho de diciembre y trece de julio, todos de de dos mil veintidós, el quejoso tuvo citas programadas para el área de medicina interna, traumatología y nutrición, respectivamente (fojas 81 vuelta y 157 vuelta). ****************************************Copia de la nota médica de consulta externa de la que se advierte que al quejoso se le programó cita para el veintitrés de julio del año en curso a las siete horas con treinta minutos. ****************************************Documentales públicas y privadas a las que se les otorga valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 197, 202 y 203, párrafo segundo, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo; y, respecto de las cuales se aprecia que la supuesta falta de atención médica que se reclama a las autoridades responsables se hace consistir en la falta de tratamiento adecuado para el padecimiento de columna y pie que refiere presentar el quejoso, lo cual le impide la movilidad y le ocasiona dolores intensos en cadera y columna. ****************************************Lo anterior, toda vez que en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo informando al apoderado jurídico de la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de esta ciudad, lo siguiente:****************************************Que las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su escrito inicial de demanda son previas a que el citado quejoso fuera valorado por el médico especialista y el día ******************** tuvo su cita médica y a partir de ahí le han estado brindando la atención médica acorde a la necesidad que como paciente requiere y el ******************** del año en mención volvió a tener cita médica en el área de traumatología y acorde a lo manifestado por la autorizada de la parte quejosa, se le programó cita al referido quejoso para el veintitrés de julio del año en curso a las siete horas con treinta minutos. ****************************************En efecto, mediante escrito acordado el ******************** del año en curso (foja 159), se tuvo a la autorizada de la parte quejosa informando a este juzgado que el quejoso ******************** acudió a la cita médica que tenía programada para el ******************** de la anualidad que corre, en la que le comunicaron que para estar en aptitud de determinar lo relativo a la cirugía de su pierna, tenía que bajar de peso, por lo que se le programó cita para el trece de julio del presente año, en el área de traumatología y nutrición. ****************************************Con lo anterior, queda acreditado que el quejoso ha estado recibiendo el tratamiento médico conforme a los padecimientos que presenta.****************************************De tal manera que tal omisión afecta su derecho de seguridad jurídica que se interrelaciona con su derecho a la salud, puesto que se carece de certeza para establecer que se continuará brindando el tratamiento en forma definitiva al peticionario del amparo ******************** y deja abierta la posibilidad de que éste cesará con el tiempo.****************************************Máxime que queda bajo la más entera y estricta responsabilidad del aquí quejoso el acudir ante la dependencia médica en las citas que se le programen y cumplir con las recomendaciones que las autoridades de salud, en el caso, las autoridades responsables, le hagan respecto del tratamiento médico que necesita. ****************************************Por lo que es insuficiente para satisfacer el derecho a la protección de la salud del quejoso, el que dependa de la autoridad el seguimiento de las medidas inicialmente adoptadas, dado que la restitución de ese derecho acontecerá cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a éste a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente el tratamiento y servicios que requiere para tratar los padecimientos de columna y pie, cuya omisión de tratamiento y medicamento inicialmente reclamó al promover la acción de amparo; pues lo que se pretende evitar es el riesgo de inseguridad en su derecho a la salud, riesgo que se evita, si las responsables le reconocen como integrante de sus programas de salud pública, en calidad permanente.****************************************Sin que para las autoridades responsables represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud del quejoso en el padecimiento que le aqueja, que no está afiliado en alguna institución de seguridad social, en razón de que, en términos de la Ley General de Salud, ese derecho a la protección a la salud es una obligación para el Estado Mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en términos de esa ley y sus disposiciones reglamentarias.****************************************Esto es, está claro que la omisión de las autoridades responsables, al no brindar la atención médica gratuita al quejoso y que lo motivó a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, vulneró su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender su padecimiento, con los recursos que la Ley General de Salud impone de manera solidaria entre la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Michoacán de Ocampo.****************************************Además, es importante señalar que en el presente asunto, el acto reclamado surgió en el ámbito jurisdiccional a la luz del COVID-19, respecto de lo cual, diversas instituciones de índole internacional, se han pronunciado a efecto de que los Estados al adoptar medidas específicas para contrarrestar los efectos de la pandemia, prevengan y tomen atención a casos de violencia contra las mujeres y menores de edad, así como de personas vulnerables.****************************************Tal es caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió su declaración 1/20 y, respecto de aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en la pandemia e indicó: "Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia". ****************************************Por ello, al involucrarse en este procedimiento, a personas que pertenecen a grupo vulnerables, en el caso, una persona enferma, respecto de los cuales, debe reforzarse su atención en los asuntos donde se encuentren inmersos, se considera tal y como opinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligación de las autoridades, en el ámbito de su competencia, advertirlo, a efecto de proteger sus derechos humanos que pudieran sufrir afectación; de ahí que la opción de protección al derecho a la salud en que decante su decisión la autoridad responsable, deberá prever evitar colocar en riesgo la salud de la quejosa ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID- 19.****************************************En tales condiciones, tomando en consideración que en el presente asunto, se ventilan derechos inherentes a la salud de la quejosa, contemplado en el artículo 4º, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos internacionales y demás leyes reglamentarias ya referidas, porque como se estudió en líneas anteriores, el derecho fundamental en comento comprende la atención, tratamiento y suministro médico, oportuno, necesario y gratuito, sin importar el tipo de enfermedad. ****************************************Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 136/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, visible en la página 61, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: ****************************************"SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso". ****************************************Con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, al haberse transgredido el contenido de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Federal, lo conducente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: ****************************************Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias y en cuanto superiores jerárquicos del Hospital General de esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso ********************, enfocada al tratamiento de columna y pie que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad del padecimiento que presenta a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de terapia que requiera médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta:****************************************En la opción que se elija por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, es decir, en la comunidad de ********************, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio.****************************************Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, para que el médico especialista correspondiente determine el procedimiento a seguir acorde a sus padecimientos, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud.****************************************Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de esta ciudad, para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y lo cite al efecto.****************************************Por lo que deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del directo quejoso.****************************************Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializad. **************************************** Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. ****************************************En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo.**************************************** Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, cumplan con la ejecutoria de amparo teniendo en consideración que el acto reclamado es de tracto sucesivo, deberán informar lo que hayan dispuesto sobre el tratamiento correspondiente de forma definitiva a este Juzgado sobre el cumplimiento, a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo de que se trata, a partir de tal información (en una sola ocasión), con el apercibimiento que no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá una multa en términos de esta propia ley y se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del cargo y la consignación. ****************************************SEXTO. Se requieren acuses de recibo. De igual manera, para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia.****************************************Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.****************************************SÉPTIMO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.****************************************OCTAVO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa.**************************************** Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se ****************************************R E S U E L V E :****************************************PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando segundo, por las razones expuestas en el quinto decisorio del presente fallo y para los efectos indicados en esta resolución.**************************************** SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.****************************************Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables.

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