Luis Alfonso Espinosa Ordoñez

Expediente 947/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
947/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Luis Alfonso Espinosa Ordoñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el catorce de junio de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en esa propia fecha, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Fiscal General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa. TERCERO. Ampliación de la demanda. Por auto de cuatro de agosto del año en curso se previno al quejoso ******************** a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de señalar como nueva responsable a la Unidad e Investigación y Litigación Periférica Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, y se le apercibió que en caso de no hacerlo se tendría únicamente como autoridades responsables, las que señaló en su escrito de demanda y como conceptos de violación únicamente los formulados en la misma y se difirió la audiencia constitucional para esta fecha. En acuerdo de treinta de agosto último, se tuvo por no ampliada la demanda y por se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto de cuatro del mes citado; dicho auto causó estado el doce de los corrientes. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La retención del vehículo de la marca ********************, con placas de circulación ******************** del ********************, con número de serie ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Fiscal General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con residencia en esta ciudad. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." os actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negó su existencia, realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que adjuntaron a sus respectivos informes justificados. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, con relación a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Se afirma lo anterior, ya que de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables por conducto de su Director Jurídico, las que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que mediante informe policía homologado de catorce de junio del año en curso, suscrito por el Agente de la Policía Estatal de Investigación adscrito a la Comandancia de Recuperación de Vehículos Robados, puso a disposición del Fiscal de la Unidad de Atención Temprana y Determinación, del Ministerio Público en Turno, el vehículo de la ******************** tipo ********************, modelo 2019, Color Gris, con placas de circulación ******************** del Estado de ******************** (sobre puestas). Por su parte, el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia de Fiscal General informó que, el Fiscal de la Unidad de Atención Temprana y Determinación, mediante acuerdo de catorce de junio del presente año, ordenó remitir el original del acta de investigación ********************, a la citada Unidad de Investigación y Litigación Periférica número Tres, para su continuación y perfeccionamiento, toda vez que los hechos que le dieron origen, resultaron de su competencia, así como que puso a su disposición el referido vehículo. Lo anterior, generó un cambio en la situación jurídica que guarda el asunto, y, por tanto, que se actualice la causal de improcedencia en estudio, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones relacionadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues es incuestionable que las autoridades responsables han dejado de intervenir en la retención del vehículo, que se les imputan, desde el momento en que el vehículo afecto fue puestos a disposición de una diversa autoridad y no obstante que se previno al quejoso a fin de que la señalara como responsable, no lo hizo; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, con número de registro 199808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar en este aspecto, el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del Fiscal General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con residencia en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja al que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento ordenado en el auto de cuatro de agosto del año en curso, en cuanto a la ampliación de la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de cuatro de agosto del año en curso, para que dentro del plazo que se le concedió en el mismo, manifestara si es su deseo ampliar la demanda de amparo en cuanto a señalar como nueva autoridad responsable a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se acuerda: se hace efectivo el apercibimiento ordenado en el referido auto, y por tanto, en este juicio se tendrán únicamente como autoridades responsables las que señaló en su escrito inicial de demanda, y como conceptos de violación únicamente los formulados en el mismo. Notifíquese, personalmente al quejoso, y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que de la lectura del informe justificado remitido por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que obra en este expediente, se advierte la participación de otra autoridad no señalada como responsable en el escrito de demanda como lo es, el Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, toda vez que el Fiscal de la Unidad de Atención Temprana y Determinación, mediante acuerdo de catorce de junio del presente año, ordenó remitir el original del acta de investigación ********************, a la citada Unidad de Investigación y Litigación Periférica número Tres, para su continuación y perfeccionamiento, toda vez que los hechos que le dieron origen, resultaron de su competencia. Por lo tanto, para estar en aptitud de resolver lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del improrrogable término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, y debiendo invariablemente cumplir con los requisitos en precisados en el artículo 108 de la Ley de Amparo, amplíe su demanda en los siguientes términos: - Manifieste si es su deseo ampliar su demanda en cuanto a señalar como nueva autoridad responsable a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad; y en caso afirmativo, deberá exhibir una copia más de su escrito inicial de demanda y de su escrito de ampliación de la misma, de este último además deberá exhibir tres copias para correrle traslado a todas las partes, dos para las autoridades responsables y otra para la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, sin contar la copia de su escrito de ampliación que se requiere para la tramitación del incidente de suspensión, en el caso de que lo solicite. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del plazo otorgado, se tendrá únicamente como autoridades responsables, las que señaló en su escrito inicial de demanda y como conceptos de violación únicamente los formulados en el mismo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las ONCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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