Luis Alexis Mendoza Pinedo

Expediente 1030/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1030/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Alexis Mendoza Pinedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Superioridad admite recurso. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por medio del cual comunica que el tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado bajo el número 420/2023; de lo cual este Juzgado Federal toma conocimiento.

  2. Principal

    Se rinde informe en relación con el recurso de queja. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que mediante auto de diecisiete de octubre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa Alejandra Fabiola Gaona González apoderada legal de Medios de Publicidad, sociedad anónima de capital variable, interponiendo recurso de queja contra el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, y como se advierte de la certificación de cuenta, la parte quejosa fue debidamente notificada del primer proveído en mención, sin que hiciera manifestación alguna con relación a lo solicitado; en consecuencia, con fundamento en el numeral 101, párrafo primero, de la ley de la materia, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, pues en el proveído que se impugna este órgano de control constitucional, desechó la demanda de amparo por los motivos expresados en el proveído impugnado. Atento a lo expresado, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato capital, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo 1030/2023-V, para apoyar el informe que se rinde.

  3. Principal

    Parte quejosa interpone recurso de queja. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por ********************apoderada legal de ********************, y en atención a sus manifestaciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés. En tal virtud, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, capital. Transcurrido el citado plazo, dese nueva cuenta a fin de rendir el informe sobre la materia de la queja y las constancias señaladas al Tribunal Colegiado en turno, para que esté en aptitud de resolver lo que en derecho proceda.

  4. Principal

    Cumple prevención. Se desecha demanda de amparo. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Improcedencia de los actos reclamados en lo puntos ii y iii (extemporaneidad). Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte la actualización del motivo de inviabilidad previsto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, derivado de la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo, como a continuación se expondrá: El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" De la disposición legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la ley de la materia prevé para tal efecto, caso en el cual se repuntarán consentidos tácitamente los actos reclamados. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En sentido, de la intelección de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; En que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y Aquél se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días. Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. Los actos tengan o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años. Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzada a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. En el caso, la parte quejosa reclama: ii. La revocación del derecho de preferencia que se contiene en el adendum de veintidós de noviembre de dos mil uno, para la instalación, explotación y mantenimiento de parasoles o cobertizos en la vía pública de la ciudad de León, Guanajuato; y, iii. El desconocimiento del derecho de preferencia que se contiene en el adendum de veintidós de noviembre de dos mil uno, para la instalación, explotación y mantenimiento de parasoles o cobertizos en la vía pública de la ciudad de León, Guanajuato. Si bien es cierto, señala que esas actuaciones han derivado de la Invitación a Participar en Convenio de Colaboración que le fue enviada por las autoridades señaladas como responsables, vía correo electrónico, el once de septiembre de dos mil veintitrés (punto 6 de antecedentes); verídico resulta que, tal y como también lo refirió la moral impetrante, el nueve de agosto de dos mil veintidós, le fue notificado el oficio ********************, por el que la directora de Movilidad de esta ciudad, le hizo del conocimiento que la vigencia de la autorización que el Municipio de León le otorgó para la instalación, explotación y mantenimiento de parasoles y espacios publicitarios, concluyó el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, razón por la que le especificó que dicha moral quejosa no se encuentra autorizada (desde aquella data) para la realización de aquellas actividades, por lo que le solicitó que se abstuviera de llevar a cabo las referidas tareas. Luego entonces, de dicha constancia que allegó la moral quejosa, se obtiene en esencia que, al menos, desde el nueve de agosto de dos mil veintidós, la directora que señala como responsable le ha desconocido el derecho de preferencia que aduce tener; luego entonces, esta determinación es la que en realidad le causa perjuicio. Con base en lo anterior, se materializa el supuesto reseñado en el inciso a arriba aludido (haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame) respecto el plazo para promover la demanda; porque el acto reclamado materia de estudio de este apartado fue notificado personalmente al peticionario. Corolario de ello, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo. Luego, si de las constancias que exhibió la moral impetrante obra constancia del oficio ********************, por el que la directora de Movilidad de esta ciudad, le hizo del conocimiento que la vigencia de la autorización que el Municipio de León le otorgó para la instalación, explotación y mantenimiento de parasoles y espacios publicitarios, concluyó el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, razón por la que le especificó que dicha moral quejosa no se encuentra autorizada (desde aquella data) para la realización de aquellas actividades, por lo que le solicitó que se abstuviera de llevar a cabo las referidas tareas, mismo que le fue notificado el nueve de agosto de dos mil veintidós, y la demanda de amparo se presentó hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, tal y como desprende de la boleta correspondiente, resulta, por consiguiente, que entre esas datas transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda en contra de aquella actuación (oficio ********************). Entonces, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, es evidente que su promoción por lo que toca a los actos reclamado en análisis resultó extemporánea y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente dicha actuación, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la citada legislación que, en términos del 113, del mismo ordenamiento, conduce al desechamiento de la demanda. Amén de lo anterior, aun y cuando la parte quejosa asuma que el desconocimiento del derecho de prefencia aludido se actualice en razón de la nueva invitación a participar en el convenio de colaboración que le fue notificado el once de septiembre pasado, dichas actuaciones (ii y iii) se considerarían (además) como derivados de consentidos, lo que tornaría con mayor ahínco la improcedencia del juicio de amparo. Sobre este punto, resulta ilustrativa la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. El sobreseimiento en el amparo sólo debe decretarse cuando se trata de repetición del mismo acto reclamado, o de actos que son consecuencia necesaria y legal del que debe considerarse como consentido, y cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último". Asimismo, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Por acto derivado de otro consentido ha de entenderse, para los efectos del amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último. De aquí que, cuando el acto haya sido dictado por aplicación de una ley o, de un reglamento administrativo, no se está en presencia de un acto propiamente derivado de la norma general, sino de un acto que por si mismo es autónomo, ya que aquella sólo es la razón jurídica que la justicia legalmente, pero no la causa inmediata de su existencia real, que puede o no estar fundada en derecho. Es, pues, cuestión de fondo la de decidir si tal acto es o no legal, constitucional, para los efectos del amparo". Improcedencia de los actos reclamados en lo puntos i, ii y iii. A fin de robustecer la improcedencia del juicio de amparo, se estima que adicionalmente se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]". Al emitir la jurisprudencia número 2a./J.164/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, se advierte que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa hace advertir que la impetrante y la directora general de Movilidad del Municipio de León, Guanajuato, derivan de una relación contractual (convenio de colaboración), por lo que actúan en un plano de coordinación frente a la moral quejosa, y no con calidad de imperio. Así, al derivar de una relación contractual en la que quienes están señalados como autoridades responsables figuran como partes en el Convenio de Colaboración para la Implementación y Operación del Sistema de Bicicleta Pública (SBP), así como la explotación de los espacios publicitarios disponibles en paradas del servicio público de transporte urbano de competencia municipal y puntos estratégicos -conforme a la invitación que le fue enviada el once de septiembre pasado-, incluso en el diverso Convenio de Colaboración para la instalación, explotación y mantenimiento de parasoles o cobertizos en la vía pública de la ciudad de León, Guanajuato y el posterior adendum de veintidós de noviembre de dos mil uno -que dio origen al derecho de preferencia que aduce la parte quejosa-, esto es "El Municipio" como autorizante y "******************** como autorizado, por ello, los actos imputados en esta instancia constitucional no pueden ser considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a la naturaleza intrínseca que guarda su relación de igual a igual en un plano de coordinación, conforme al convenio que pretende suscribir la moral quejosa y, de igual manera, del diverso convenio y adendum del que previamente suscribieron en colaboración. Expuesto lo anterior, se estima que los actos anteriormente citados no pueden ser reclamados a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, -se reitera- de coordinación. En este orden de ideas, si el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, no tiene como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que deriva de un vínculo contractual, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de la que se duele la quejosa, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúne las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, de la Carta Magna. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que las actuaciones reclamadas no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen unos actos entre particulares, dadas las condiciones generadoras de invitación de colaboración enviada a la moral quejosa el once de septiembre pasado; así, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. A fin de ejemplificar, aun más, cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, es menester citar la jurisprudencia P./J. 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." En la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 14/2000-PL, que dio origen a la citada jurisprudencia 42/2001, si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustancialmente analizó el tema de derecho de petición (acto reclamado en el punto i), verídico resulta que también estudió si la relación existente entre un funcionario y el particular es relevante para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo, como medio de salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna. En ese sentido, de acuerdo con esa jurisprudencia, el Pleno adujo que es indispensable que la petición se dirija al servidor público en calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Corolario de ello, los actos reclamados por la quejosa (puntos i a iii) a las autoridades que señaló como responsables, tienen su origen en una relación contractual, por lo que no se tratan de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que provienen de una relación de coordinación entablada entre particulares en las que actúan en un mismo plano. En relatadas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo; por lo que se desecha la demanda de amparo. Cabe acotar, en el supuesto sin conceder, que los actos fueran susceptibles de reclamo, ello tendría que dirimirse ya sea en sede administrativa (en estricto cumplimiento a la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito Judicial), o bien, en la civil, esto es, atendiendo a las particularidades del caso y como lo decida la moral inconforme. IV. Autorizados y solicitud de consulta de expediente electrónico. Finalmente atendiendo a la solicitud de la ocursante, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que los nombres de usuario que proporciona (********************, ******************** y ********************) se encuentran registrados con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuanto a la designación de autorizado, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de septiembre pasado. Se ordena generación de versión pública de sentencia o determinación. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.

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