Luis Alejandro Maldonado Correa
Expediente 1361/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1361/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Alejandro Maldonado Correa
Actuaciones
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del sise, la determinación de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el escrito signado por Luis Alejandro Maldonado Correa, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención formulada en proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, y al efecto informan que el juicio civil hipotecario número 257/2014 del que deriva el acto reclamado, manifiesta bajo protesta de decir verdad que mediante auto de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad que señala como responsable procedió a la entrega real y material del inmueble; asimismo, autorizó el uso de la fuerza pública y cerrajero para dicha diligencia. En consecuencia, se tiene cumplido con el requerimiento de mérito. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de cinco de diciembre del dos mil diecinueve, por el cual no admite el incidente de nulidad de actuaciones, dentro del juicio civil hipotecario 257/2014, dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desecharlo de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Ahora bien, del escrito de demanda presentada por la parte quejosa se advierte que el acto reclamado consistente en el auto de cinco de diciembre del dos mil diecinueve, por el cual no admite el incidente de nulidad de actuaciones, dentro del juicio civil hipotecario 257/2014, dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Al respecto en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Asimismo, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se reclaman actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase ejecutiva, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la fase ejecutiva, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Al respecto, resulta preciso señalar que debe distinguirse de procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado y de procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la ejecución de la sentencia. En el primer caso -procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado- el amparo sólo procede cuando sea dictada la última resolución en ese procedimiento autónomo. En el segundo caso -procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia dictada en el juicio natural- el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dichos procedimientos, que es aquella en la que se declara expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", indica que el juicio de amparo es procedente de manera excepcional en el siguiente supuesto: Cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, mediante la interpretación por analogía del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior permite sostener que el auto de cinco de diciembre del dos mil diecinueve, por el cual no admite el incidente de nulidad de actuaciones, dentro del juicio civil hipotecario 257/2014, dentro de la etapa de ejecución de sentencia, de ninguna manera es la última resolución en la fase ejecutiva del proceso, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De igual forma, no se advierte que el acto reclamado afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, publicada en la página treinta y uno del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil uno, novena época, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". De tal suerte que al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro de la etapa ejecutiva, se acredita plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª.J.29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Además, la jurisprudencia 1ª.J.28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". -Lo resaltado no es de origen-. Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a/J.153/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos cuarenta y tres, Tomo I, Diciembre de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes." Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE el auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Alejandro Maldonado Correa, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1361/2019. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la parte quejosa indica que el acto del que se duele es el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio Sumario Civil Hipotecario número 257/2014, por el cual no admitió el incidente de nulidad de actuaciones con motivo de que el inmueble embargado y adjudicado dentro del juicio de origen cuanta con gravamen. Por tanto, de conformidad con los artículos 108, fracción III, en relación con el diverso 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le realice del presente auto, bajo protesta de decir verdad y advertido de las sanciones a que se hace acreedor quien afirma hechos falsos u omite lo que le consta, previstas en el dispositivo 261 del ordenamiento legal invocado, manifieste si se ha ordenado la entrega voluntaria o forzosa del bien inmueble que defiende. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselas conferido expresamente. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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