Luis Alejandro Loredo Picazzo
Expediente 1153/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Alejandro Loredo Picazzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE AGREGA INFORME JUSTIFICADO Y VISTOS LOS AUTOS, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE ASUNTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: SE AGREGA INFORME JUSTIFICADO Y VISTOS LOS AUTOS, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE ASUNTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el acta de comparecencia de Luis Alejandro Loredo Picazzo, mediante la cual, ratifica el contenido y firma de su escrito recibido en este Juzgado el veinticinco de noviembre del año en curso.Por otra parte, agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta signado por Luis Alejandro Loredo Picazzo, en atención a su contenido téngasele por dando cumplimiento parcial al requerimiento formulado el trece de noviembre de dos mil diecinueve, no obstante lo anterior, se estima que existen datos suficientes para proveer sobre la admisión de la demanda. En consecuencia, fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de merito, contra la omisión de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, consistente en no dictar la resolución correspondiente en el expediente 1489/2019 respecto al recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo SCT/DRTP/SI-08/2019, relativo a la respuesta emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado.Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda, y escrito aclaratorio de la misma.Requiérase a las responsables para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remitan las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que hayan tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo; con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita.Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio.Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación, se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación.Se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos.En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo.Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional.Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."En diversa tesitura, ténganse por hechas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales.En atención a ello, dígasele que en virtud de que conforme a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia que se dicte en el presente asunto se pondrá a disposición del público en versión pública, en la que se suprimirá, en su caso, la información considerada legalmente reservada o confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información del Consejo de la Judicatura Federal, pudiendo quedar exceptuada la supresión de los datos anteriores si resultaran indispensables para comprender lo determinado en el documento, y previa ponderación entre el interés público que derive de comprender el documento y el derecho a la protección de los datos personales y/o el derecho a la privacidad.Sin que haya lugar a suprimir en los acuerdos que se dicten dentro del presente procedimiento constitucional, ni en la sentencia que en su oportunidad se pronuncie, los datos personales de las partes, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el citado numeral artículo 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el citado artículo 73, podrán suprimirse los datos personales cuando se manifieste su oposición de manera expresa, únicamente al hacerse público el contenido de dichos acuerdos y sentencias, no así al momento de emitirse.Asimismo, al tenor de lo dispuesto en la fracción I del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se requiere el consentimiento del titular cuando la información se encuentre en fuentes de acceso público y, en términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista debe señalarse el nombre del quejoso, pues sólo de esa manera las partes podrán tener conocimiento de la determinación respectiva, de donde se sigue que en la versión impresa o electrónica, se deben conservar éstos datos, sin menoscabo de suprimir los demás datos considerados legalmente reservados o confidenciales, en la medida que tal supresión no impida conocer el criterio contenido en la resolución judicial. Finalmente, en relación con las pruebas y constancias que obren en el expediente judicial o por separado, se dará acceso a las mismas observando en todo caso lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta a nombre de Luis Alejandro Loredo Picazzo, en atención a su contenido se provee: Toda vez que en el ocurso de cuenta aparece una firma, cuyos rasgos que la calzan son diferentes con los que obran en el escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este Juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste sí reconoce como suya y ratifica la firma que calza el escrito de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado el mismo. Cabe señalar que la facultad de prevenir al promovente para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de cuenta, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el promovente, máxime que, como se anotó, dicha firma discrepa con la que obra en el escrito inicial de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que el promovente haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquél podría hacerse acreedor a las sanciones establecidas en el Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 24, visible en la página cincuenta y dos, Tomo 13 15, Enero-Marzo 1989, Materia Común, correspondiente a la Tercera Sala, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo el ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.". Además, dígase a la parte quejosa que subsiste el requerimiento y apercibimiento contenidos en auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, toda vez que si bien, en su escrito de demanda señaló como acto reclamado "la omisión por parte de las autoridades señalada como Ordenadora para dictar la resolución correspondiente, dentro del RECURSO DE REVISIÓN radicado bajo el número de expediente 1489/2019", señalando además en el hecho cuatro de los antecedentes de dicha omisión que "hasta la fecha del presente asunto, no ha sido resuelto el recurso de revisión interpuesto"; y siendo que en su ocurso aclaratorio refiere que: "en fecha 08 ocho de agosto de 2019 a las 11:54 se presentó el recurso de revisión, al cual la propia Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, le asigna el Número de expediente 1489/2019, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de garantías la autoridad responsable haya emitido una resolución y menos aún haya prevenido a los suscrito en términos de lo establecido por el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí". En ese tenor, deberá precisar cuál es el la omisión reclamada en el presente controvertido constitucional, esto es, si en el caso reclama: i) La omisión en que se encuentra incurriendo la responsable, en dictar la resolución correspondiente en el expediente 1489/2019 respecto al recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo SCT/DRTP/SI-08/2019, respecto a la respuesta emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ii) O bien, la omisión en que incurre la responsable, al no emitir la determinación relativa al escrito presentado ante ella el ocho de agosto de dos mil diecinueve, relativo al aludido recurso de revisión, esto es, al no haber emitido el auto de prevención, admisión o desechamiento en su caso, de dicho medio de impugnación. De reclamar la omisión señalada en el punto i), deberá precisar la fecha en que fue admitido el recurso de revisión radicado bajo el número 1489/2019, ante la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 54, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." En tal virtud, subsiste la prevención y el apercibimiento que fue formulado en proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, misma que deberá cumplir dentro del término originalmente concedido, el cual se interrumpe con la presentación del escrito de cuenta y se reanuda una vez que surta efectos la notificación que del presente auto se practique. Haciendo hincapié en que, de no cumplir, dentro del plazo que para tal efecto se le indica, se hará efectivo el apercibimiento anunciado en el multicitado auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, respecto a la prevención en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 133, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Asimismo, la Jurisprudencia 1ª./J.39/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo del 2012, Tomo I Décima Época, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo."
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