Luis Alejandro Chavez Treviño
Expediente 3573/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3573/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/06/2022
Partes del expediente
- Luis Alejandro Chavez Treviño
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, a través del cual en cumplimiento a la vista ordenada en auto de siete de abril de dos mil veintidós, pretende ampliar la demanda de amparo, respecto de nuevos actos reclamados y autoridades responsables. En atención a su contenido, conviene precisar que, conforme al artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo, la demanda sólo puede ser promovida por el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma, el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la misma ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con excepción de los supuestos previstos en los artículos 8º, 14, 15 y 126, de la ley de la materia. En consecuencia, salvo los casos expresamente señalados en la Ley, sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para ampliar su demanda, cuestiones que sólo deben provenir directamente de la voluntad del interesado y que influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicha ampliación al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación; sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aún aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo, entre otras, tales como interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, o en su caso solicitar su suspensión o diferimiento; por tanto, resulta improcedente acordar de conformidad la ampliación de demanda planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial número 1a./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de dos mil once, página sesenta y ocho, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de dos mil catorce, Tomo I, página doscientos diez, Décima Época, de rubro y texto: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Máxime que por auto de dos de junio de la presente anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de abril de dos mil veintidós a través del cual se concedió a la parte quejosa el término de quince días a efecto de que ampliara su demanda sin que lo haya hecho, mismo que feneció el cuatro de mayo de dos mil veintidós. Finalmente, en relación a la solicitud para la consulta del expediente electrónico y que las notificaciones se realicen por la misma vía, dígase al promovente que deberá estarse a lo ordenado en auto de once de septiembre de dos mil veinte, en el cual se acordó lo conducente respecto de su petición. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía electrónica a la parte quejosa.
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