Luis Alejandro Arteaga Vacio

Expediente 185/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
185/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Luis Alejandro Arteaga Vacio

Actuaciones

  1. Principal

    IX... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción.

  2. Principal

    IX... Vista la demanda de amparo promovida por Luis Alejandro ...., por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 185/2023-IX. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3, 5, 6, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes consideraciones: De los preceptos legales citados, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Esto es así, dado que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales entre los que destaca el consagrado en el artículo 107, fracción I, constitucional y que recoge el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, en el que consiste la instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que para que la parte agraviada exteriorice su voluntad, debe estampar su firma en la demanda por sí o mediante representante legal, lo cual es una formalidad indispensable para accionar ante el órgano jurisdiccional, pues con la firma se determina la autenticidad de la propia demanda; en esa tesitura, si la demanda de amparo no está firmada por quien aparece como promovente en su texto, se llega a la conclusión de que no existe parte recurrente y que la demanda resulta improcedente Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Ahora, en el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa carece de firma toda vez que la misma se encuentra plasmada en copia simple y por tanto, el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad del peticionario de amparo, ya que como se ha precisado la firma autógrafa expresa la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo anterior, implica que ante la falta de firma del promovente, se estima que no existe voluntad de éste para dar inicio a la presente instancia constitucional1 y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 3, 5, 6, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSO Asimismo, con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, por así señalarlo expresamente. AUTORIZADOS De igual forma se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a los profesionistas que mencionan, siempre que tengan debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad.... TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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