Luis Alejandro Anderson García
Expediente 221/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 30 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Luis Alejandro Anderson García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
1. Archivo del asunto. Visto el estado procesal que guardan los autos, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se concedió la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión, se considera que este expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 2.1 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.2 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, previa depuración, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control. 2.4 Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el mismo. 2.5 Devolución de constancias. Hágase devolución a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Acuña, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, del tomo uno de pruebas formado con motivo de las diversas constancias que en copia certificada envió en apoyo a su informe justificado.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada ...mediante el cual formula alegatos de su intención. 1.1 Acuerdo. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el catorce del mes y año en curso, se dictó la sentencia correspondiente.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 221/2022, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido L***************************,, contra las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Acuña, Titular de la Subprocuradora para Niños, Niñas y la Familia de la Región Norte II en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Comandante de la Policía Agrupamiento de Acción y Reacción (PAR), Comandante de la Policía Civil Coahuila (Policía de Proximidad) y Comandante de la Policía Especializada de Coahuila (PEC), todas con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de once de marzo del dos mil veintidós, emitido en el expediente familiar 859/2020, en el que se ordena la modificación y/o el cambio de guarda y custodia de los menores de identidad reservada e iniciales C.A.A.O. y A.N.A.O., al lado de su madre Lesly Olivarez Cruz. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto ahí precisados. 2. Trámite. Previa prevención, por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo. Posteriormente se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, lo que así sucedió. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Acuña, Titular de la Subprocuraduría para Niños, Niñas y la Familia de la Región Norte II en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Comandante de la Policía Agrupamiento de Acción y Reacción (PAR), Comandante de la Policía Civil Coahuila (Policía de Proximidad) y Comandante de la Policía Especializada de Coahuila (PEC), todas con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 4.2 Acto reclamado. El acuerdo de once de marzo del dos mil veintidós, emitido en el expediente familiar 859/2020, en el que se ordena la modificación y/o el cambio de guarda y custodia de los menores de identidad reservada e iniciales C.A.A.O. y A.N.A.O., al lado de su madre Lesly Olivarez Cruz, para lo cual autorizó su depósito en el domicilio donde actualmente vive ésta; requiriéndolo para la entrega inmediata de los niños en forma voluntaria; en caso contrario autorizó el uso de la fuerza pública y proceder con el rompimiento de cerraduras en su caso. Es aplicable la tesis VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia del acto reclamado y las causales de improcedencia alegadas por las responsables o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo señalaron las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Acuña y Titular de la Subprocuraduría para Niños, Niñas y la Familia de la Región Norte II en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ambas con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe justificado; manifestaciones que resultan suficientes para acreditar la existencia del acto que se les reclama. Por su parte, no obstante que el Director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Acuña y el Comandante de la Policía Agrupamiento de Acción y Reacción (PAR), negaron la existencia del acto que se le atribuye, mientras que el Comandante de la Policía Civil Coahuila (Policía de Proximidad), y el Comandante de la Policía Especializada de Coahuila (PEC), fueron omisos en rendir su informe con justificación; sin embargo, dada la aceptación por parte de la ordenadora, y ante el carácter de autoridades ejecutoras con que éstas fueron designadas, es claro que en cualquier momento pueden ejecutar el acto que se les reclama, por lo que debe tenerse por cierta la conducta atribuida. Circunstancia que se corrobora con la copia certificada de diversas actuaciones emitidas dentro del juicio de guarda y custodia 859/2020, enviada por la autoridad judicial responsable como complemento a su informe con justificación; documental a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 5.2 Causales de improcedencia. Previamente a cualquier otra consideración, procede analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en virtud de que contra la determinación de once de marzo de dos mil veintidós, objeto de reclamo en esta instancia constitucional, la parte quejosa promovió recurso de apelación, el cual puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar dicho acto reclamado. 5.3 Premisas argumentativas con relación a la improcedencia. De la interpretación literal de la porción normativa transcrita, se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En ese contexto, la causal en comento se actualiza cuando concurren las siguientes circunstancias: i) El quejoso sea quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; ii) El recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y iii) El recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Por otro, porque el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. 5.4 Estudio de la causal de improcedencia. En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte que la causal en comento, se encuentra actualizada, porque el propio quejoso interpuso recurso de apelación contra el auto de once de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de guarda y custodia 856/2020, determinación que es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Recurso o medio de defensa legal que la autoridad responsable admitió mediante auto del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, disponiéndose su remisión al Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad; asimismo, dicho medio de defensa legal, que se está tramitando simultáneamente al presente juicio de amparo, constituye la vía idónea de impugnación que puede tener como resultado la revocación, modificación o anulación del acto aquí controvertido. Además, en virtud de que el acto reclamado proviene de una autoridad judicial y la legislación que rige el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el capítulo tercero, correspondiente a las medidas preparatorias, cautelares y provisionales, sus artículos 54, 61 y 63 establecen la forma de decretar tales medidas, entre ellas, la custodia provisional. Asimismo, el último precepto mencionado dispone de forma clara que contra éstas, ya sea que las concedan o las nieguen, en su contra procede el recurso de apelación. En ese contexto, es evidente la concurrencia de la hipótesis legal contenida en la fracción XIX, del diverso 61 de la Ley de Amparo, relativa a que el amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ello, porque el recurso de apelación hecho valer por el justiciable y que fue admitido por la autoridad judicial responsable, puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; dado que a través de dicho recurso ordinario el Tribunal de Segunda Instancia del Juez de origen, analizará respecto de la determinación del juzgador concerniente al auto de once de marzo de dos mil veintidós. Al respecto, es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 144/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo esa línea de pensamiento, resulta evidente que si el quejoso después de instar el presente procedimiento constitucional, optó por promover en contra el acto reclamado, el medio ordinario de defensa a través del cual puede obtener una resolución favorable que lo deje sin efectos y el mismo se admitió a trámite, el presente juicio de amparo resulta improcedente. 6. Conclusión. Al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. 7. Notifíquese en términos de ley.8. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria Siva Visnú López González, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 9. Versión pública. La Secretaria certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.
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