Luis Alejandro Aguirre Ortega
Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2023
Partes del expediente
- Luis Alejandro Aguirre Ortega
Actuaciones
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- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante el cual refiere que a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en los presentes autos, se requiera a la parte quejosa para que proporcione a la citada Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, la siguiente documentación: ? Registro Federal de Contribuyentes, con Homoclave expedido por el Servicio de Administración Tributaria. ? Estado de cuenta con clabe interbancaria de una institución nacional. ? Copia de la credencial de elector. ? Comprobante de domicilio. Lo anterior, a efecto de que le sea depositada la cantidad que le será devuelta En consecuencia, y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días justifique ante este Juzgado de Distrito, que compareció ante la autoridad que se indica en el oficio de cuenta, y proporcionó los datos solicitados a efecto de que, como se dijo con antelación, la citada autoridad esté en condiciones de acatar la ejecutoria de amparo pronunciada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se acordará lo que en derecho corresponda. Por último, respecto a lo diverso que solicita, en relación a que se le autorice un plazo de quince días a partir de que la parte quejosa le proporcione los datos requeridos para realizar el trámite y dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dígasele que en el momento procesal oportuno se acordará lo conducente. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a SILVIA SOCORRO ROMERO HERNÁNDEZ, para el efecto de que las autoridades responsables desincorporaran de la esfera jurídica del impetrante lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial de la referida Entidad Federativa, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales; asimismo, para que, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, o la autoridad que legalmente correspondiera, devolviera a la peticionaria del amparo todas y cada una de las cantidades que le fueron descontadas con base en las normas declaras inconstitucionales, a saber, los artículos 11, facción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. En cumplimiento a ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, informó respecto del cumplimiento efectuado al fallo protector y para tal efecto anexó a dicho oficio, copia de la constancia relativa a la transferencia bancaria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, a cargo del Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, a la cuenta bancaria de la quejosa, por la cantidad de $194,990.26 (ciento noventa y cuatro mil novecientos noventa pesos 26/100 moneda nacional); restituyendo de esa manera a la parte quejosa en pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por el quejoso JOSÉ PEDRO PARRA RODRÍGUEZ, mediante el cual solicita se requiera a las autoridades responsables y a la autoridad vinculada a efecto de que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en caso de que dichas autoridades no den cumplimiento, solicita se hagan efectivos los apercibimientos contenidos en dicho proveído. A lo anterior, dígasele a la parte quejosa que se esté al estado que guardan los presentes autos; esto es, que mediante proveído de siete del presente mes y año, se requirió al Director General de Profesiones y Actividades Técnicas del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad de Tepic, a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, tomando en consideración las manifestaciones vertidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Director de Profesiones y Actividades Técnicas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, a través del cual informa los trámites que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el presente sumario. Luego, atendiendo a las manifestaciones que vierte en dicho oficio, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora de la Universidad del Valle de Matatipac, residente en esta ciudad de Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia, en el entendido de que será la autoridad responsable la que tendrá que realizar todas las gestiones necesarias a efecto de que se dé cumplimiento a dicha ejecutoria, lo que deberá acreditar con las constancias correspondientes. Apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por Evelio Carlos Alanís Ortiz, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del quejoso VÍCTOR MANUEL ALMAGUER SÁENZ; luego, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119, párrafos quinto y sexto, de la Ley de Amparo, dígasele al promovente que no ha lugar a admitir la prueba pericial en materia de topografía a que se refiere en el escrito de cuenta, toda vez que no reúne los requisitos mínimos para su admisión, puesto que al momento de su ofrecimiento, no exhibió el cuestionario sobre el cual versaría la citada prueba pericial; requisito que es indispensable para que el suscrito esté en posibilidad de pronunciarse respecto a la procedencia de dicho medio de prueba al ser el que delimita su objeto; de ahí que se desecha la pericial en comento. En el entendido de que la omisión de presentar el cuestionario, no puede ser subsanada con posterioridad por la parte oferente, toda vez que sería dejar a su arbitrio tal circunstancia. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 18/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, Tomo I, Libro 55, Junio del dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba pericial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del cuestionario para cada una de las partes, al tenor del cual deberá desahogarse la prueba; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del plazo concedido la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba pericial son su oportunidad, la exhibición del cuestionario original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del cuestionario original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el cuestionario original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el cuestionario delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al cuestionario original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas.
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