Luis Alejandro Acevedo Pedreros

Expediente 2283/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2283/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Luis Alejandro Acevedo Pedreros

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, seis de enero de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal que guardan los autos, y la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356 fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, tomando en cuenta que las partes no interpusieron recurso de revisión contra el mismo. ANOTACIONES. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1. DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se sobreseyó en el presente juicio, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y cumplimiento de los documentos necesarios contenidos en el artículo 29 del citado acuerdo.

  2. Principal

    SE SOBRESEE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA

  3. Principal

    SE CONCEDE SUSPENSIÓN DE PLANO Edificio sede del Poder Judicial de la Federación Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Malecón Leandro Rovirosa Wade s/n, esquina con Juan Jovito Pérez, Colonia Gaviotas Norte, Código Postal 86090, Centro, Tabasco Teléfono 9933105000 ext. 2087 "2022, año de Ricardo Flores Magón" JUICIO DE AMPARO 2283/2022-IV MESA IV AUTORIDAD RESPONSABLE: 3687-IV Sub Directora de la Estación Migratoria en Villahermosa Tabasco. (SE ANEXA DEMANDA) En el Juicio de amparo 2283/2022-IV, promovido por Luis Alejandro Acevedo Pedreros, quien, contra actos de usted, con esta fecha se dictó un acuerdo que es del tenor literal siguiente: "..Villahermosa, Tabasco, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 210-A y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibida vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, OCC, Juicio en Línea, la demanda de amparo promovida por Tonatiuh Martinez Moreno, Ernesto Ramos Alvarez y Axel Yael Juárez Guzmán a favor de Luis Ernesto Acevedo Pedreros, de nacionalidad colombiana; con su correspondiente evidencia criptográfica de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a la que se le da pleno valor de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 3, fracción V, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; contra los actos reclamados a las autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, en su carácter de ordenadora y ejecutora. Subdirectora de la Estación Migratoria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en su carácter de ejecutora. Al respecto, por cuanto hace a las referidas autoridades, cabe precisar que la autoridad responsable local ha manifestado en muchas ocasiones que la denominación correcta de la que cita la promovente, es Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa; por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, se aclara la denominación de la autoridad. Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral. ANOTACIONES Se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2283/2022-IV UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. Con fundamento en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre de mismo año, se exhorta a las partes para que cuando le sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con apertura total del esquema de "juicio en línea" a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con el diverso 257, fracción I del citado Acuerdo General, se invita a las partes que proporcione número de teléfono móvil y/o cuenta de correo electrónico, a fin de que se establezcan comunicaciones no procesales, para lo cual en estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones, hasta la conclusión del trámite del juicio de amparo. Al respecto, se tiene al promovente proporcionando como medios de contacto el correo electrónico lic.tonatiuhmtz@gmail.com. Asimismo, se hace la precisión que de conformidad con el artículo 22 del referido acuerdo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas, queda al arbitrio del suscrito juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que, acorde a la apreciación de la demanda de amparo, se obtiene que la promovente impugna a favor de los directos quejosos lo siguiente: La privación de la libertad y/o aseguramiento y/o detención y/o presentación en la estación migratoria y/o incomunicación. La orden de deportación. A fin de hacer el pronunciamiento correspondiente a la suspensión de plano de los actos reclamados, es oportuno indicar el contenido de los artículos 126 y 160 de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". "Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal." Expuesto lo anterior, el promovente refiere que el directo quejoso Luis Ernesto Acevedo Pedreros, de nacionalidad colombiana, está siendo objeto de privación de la libertad y/o aseguramiento y/o detención y/o presentación en la estación migratoria y/o incomunicación, así como deportación; por lo cual en los párrafos subsecuentes se hará el pronunciamiento respecto a la medida cautelar solicitada. DETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO De inicio, se considera oportuno referir que de conformidad con el numeral 16 Constitucional, la detención de una persona procede cuando emane de una autoridad judicial competente, en los casos de flagrancia en la comisión de un delito, y excepcionalmente, cuando derive de una orden del Ministerio Público que corresponda, en los supuestos que proceda. Por otro lado, la Ley de Migración, atento a su artículo primero, tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. La referida la Ley en su artículo 11, dispone que en cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables. Así también, señala en su artículo 20, dispone a favor de las autoridades migratorias, las atribuciones siguientes: Instrumentar la política en materia migratoria; Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario. (.) Ahora bien, de tratarse de una detención efectuada fuera de procedimiento judicial por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público (autoridad del Instituto Nacional de Migración), la suspensión de oficio y de plano debe tener como efecto que sea puesto en libertad, (quedando a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo), siempre y cuando dicha detención no derive de la comisión de un delito. En ese orden de ideas, al no tener mayores datos respecto a la existencia de haberse iniciado o no un procedimiento administrativo en contra del quejoso Luis Ernesto Acevedo Pedreros, de nacionalidad colombiana, en relación al acto reclamado consistente en la privación de la libertad y/o aseguramiento y/o detención y/o presentación en la estación migratoria y/o incomunicación, con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que en caso de no haberse iniciado, la autoridad deberá iniciarlo RESPETANDO TODOS SUS DERECHOS, entre ellos el de COMUNICARSE CON SU REPRESENTANTE LEGAL, O PERSONA DE SU CONFIANZA, así como resolverlo de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración -plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación-. Por lo cual, una vez desahogada la diligencia que requiera la intervención directa de la parte quejosa (recepción de su declaración), el peticionario deberá ser puesto en libertad, en el caso que su detención no derive de la comisión de un delito, a fin de continuar con el trámite de su regularización migratoria libremente. Lo cual no implica la autorización del libre tránsito en el territorio nacional de los quejosos, sin respetar las disposiciones administrativas migratorias. En relación a lo anterior mediante criterio jurisprudencial se ha definido que el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano cuando se reclaman la posible deportación o repatriación y, simultáneamente, actos restrictivos de la libertad personal de migrantes en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Sin embargo, como se ha dicho no se cuenta en este asunto con mayores datos en relación al acto reclamado; por tanto, se ordena a la autoridad responsable que establezca las medidas cautelares a fin de asegurar la comparecencia de los directos quejosos, para la continuación de dicho procedimiento, con la precisión que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracción V y 7 de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político, no se impondrá sanción alguna con motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o extranjero que se le otorgue protección complementaria, además de que, de haberse iniciado el procedimiento migratorio por ingreso irregular, el mismo se suspenderá hasta en tanto se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado; de ahí que, no podrá negarse o condicionarse la libertad del quejoso a la presentación de documental alguna ni al pago de derechos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.) Registro digital: 2022090, Instancia Plenos de Circuito, Décima Época, Materias común, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". DEPORTACION. Ahora bien, toda vez que también se señala como acto reclamado la orden de deportación; con fundamento en los artículos 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de ese acto, para el efecto que el directo quejoso Luis Ernesto Acevedo Pedreros, de nacionalidad colombiana, no sea deportado del territorio mexicano. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." SOLICITUD DE INFORMES RELATIVOS A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Requiérase a la autoridad responsable Sub Directora de la Estación Migratoria en Villahermosa Tabasco, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informe a este Juzgado, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión, debiendo agregar a su informe copias certificadas de las constancias que acrediten tal extremo. Apercibida que para el caso de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le aplicará como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de febrero siguiente, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero del año actual); en términos de los artículos 237, 238 y 259 de la ley de la materia; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III, de este último ordenamiento. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Asimismo, se le requiere a la autoridad responsable, para que, informe a este juzgado si el directo quejoso Luis Ernesto Acevedo Pedreros, de nacionalidad colombiana, con anterioridad al presente asunto, promovieron juicio de amparo y a qué juzgado le correspondió su trámite. CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre de mismo año, infórmese a la autoridad responsable que aun cuando no tenga celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en los juicios de amparo, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional, el cual contará con firma electrónica FIREL. Asimismo, infórmese a la autoridad responsable que se encuentra en aptitud, de aportar como pruebas toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia; por lo que, podrán adjuntar a sus informes justificados el archivo electrónico de la resolución reclamada; además de indicarle que podrá enviar lo anterior (ya sea suspensión de plano, justificado o cualquier otro requerimiento que se genere a lo largo de la tramitación del presente asunto) con su firma electrónica (FIREL, e.firma, y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados) al correo institucional 2jdo10cto@cjf.gob.mx. Lo anterior, a fin de cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita; además de privilegiar el trabajo jurisdiccional con el empleo de herramientas tecnológicas, entre los servidores públicos y las partes. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se requiere al directo quejoso Luis Ernesto Acevedo Pedreros, de nacionalidad colombiana, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta, manifieste SI RATIFICA O NO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA A SU FAVOR, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA LA CITADA DEMANDA, acorde lo establecido en el citado numeral. Al efecto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la autoridad responsable migratoria en donde se encuentre alojado el quejoso, y en el momento de la notificación, es decir, en su presencia, SE PERMITA AL ACCIONANTE COMUNICARSE CON LAS PERSONAS QUE DESEE (entre éstos, sus defensores, familiares o asistentes consulares) para lo cual deberá facilitársele los medios necesarios para tal fin; haciéndose constar tal acto en la razón actuarial respectiva. Lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. Además, para que a través de sus sentidos dé fe del estado físico y condiciones en que se encuentre el quejoso, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto. Ahora bien, en virtud que la promovente Tonatiuh Martinez Moreno, Ernesto Ramos Alvarez y Axel Yael Juárez Guzmán refiere hacerlo en representación del directo quejoso Luis Ernesto Acevedo Pedreros, de nacionalidad colombiana, sin exhibir documento alguno con el que acredite dicha circunstancia, en términos de los numerales 10 y 11 de la Ley de Amparo, de quien al realizar la consulta en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, se aprecia que cuenta con el registro de su cedula profesional en dicho medio. Por tanto, requiérase al directo quejoso para que manifieste si señala a Tonatiuh Martinez Moreno, Ernesto Ramos Alvarez y Axel Yael Juárez Guzmán, como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se ordena a la autoridad responsable y dependencias mencionadas, así como a las personas subordinadas a éstas y a quienes se encuentren encargadas de la mesa de guardia, para que permitan al actuario judicial adscrito el acceso a las instalaciones del lugar en que se encuentra detenido el quejoso Luis Ernesto Acevedo Pedreros, de nacionalidad colombiana, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrán constituir el delito de "desaparición forzada", en términos de los artículos 2, 3, 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; los cuales establecen: Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas "Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Artículo 3. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. Artículo 6. 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a ) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b ) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada". Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas "ARTICULO I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. ARTICULO II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. ARTICULO III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona." Cabe destacar que, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil veinte, prevé que los Juzgado de Distrito que conozcan demandas de amparo instauradas por desaparición forzada son autoridades primarias facultadas para aplicar al instante acciones relativas a la búsqueda inmediata, consistente en, dar aviso a la Comisión de Búsqueda, fiscalía y policía; en consecuencia, como de las manifestaciones realizadas por quien instó la demanda en favor de Luis Ernesto Acevedo Pedreros, de nacionalidad colombiana, se desprende que se conoce su paradero, pues refirió que se encuentran en las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco; no es necesario hacer un pronunciamiento distinto. Asimismo, prevéngase a las responsables, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de febrero siguiente, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero del año actual), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Además, se les comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de las responsables en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. AUTORIZADOS Y COPIA CERTIFICADA En virtud que la parte promovente señala autorizados y solicita que se le expida copia certificada por duplicado de este auto, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto los directos quejosos manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor y si señalan como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo Tonatiuh Martinez Moreno, Ernesto Ramos Alvarez y Axel Yael Juárez Guzmán. SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la promovente solicita de manera expresa solicita que se le autorice el acceso del expediente electrónico del presente juicio de amparo, así como que se le practiquen las notificaciones electrónicas, mediante el usuario "lic.tonatiuhmtz@gmai.com" previo a acordar lo conducente, se precisa que atento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo las partes podrán consultar los autos mediante su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es decir, la parte quejosa, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital. Además, el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre de mismo año, prevé que con independencia de que la demanda se presente por vía física o electrónica, la parte en el procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de su representante legal o, excepcionalmente, por conducto de la persona interesada que cuente con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35 de este Acuerdo, podrá solicitar en cualquier momento autorización para ingresar al expediente electrónico. Solo las partes y sus representantes legales pueden solicitar dicha autorización por diversas personas. Así, en el caso, de la consulta al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se aprecia que el promovente cuenta con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), con el "nombre de usuario "lic.tonatiuhmtz@gmai.com" En virtud de lo anterior, como lo solicita el promovente, en términos del artículo 37 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre de mismo año,se le autoriza PROVISIONALMENTE la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, con fundamento en los numerales 39 y 55 del Acuerdo General en cuestión, se ordena la NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA, en virtud de haberlo solicitado expresamente. OTRAS DISPOSCIONES Finalmente, las jurisprudencias emitidas antes de la entrada en vigor del Decreto por el que, entre otras cosas, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintiuno, se invocan en virtud que prevalece su obligatoriedad, siempre que no sean interrumpidas; y las tesis continúan con ese carácter, de conformidad con lo previsto por los transitorios Décimo y Décimo primero, del referido decreto. Notifíquese personalmente al directo quejoso y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Luis Enrique Pérez Chan, Juez Segundo de Distrito en el Estado, ante el Secretario que autoriza y da fe, Juan Carlos Vidal Suárez, a quien se faculta para firmar el oficio correspondiente". Lo que transcribo para su conocimiento y efectos legales procedentes. ATENTAMENTE VILLAHERMOSA, TABASCO, 19 DE DICIMEBRE DE 2022. EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO JUAN CARLOS VIDAL SUÁREZ Edificio sede del Poder Judicial de la Federación Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Malecón Leandro Rovirosa Wade s/n, esquina con Juan Jovito Pérez, Colonia Gaviotas Norte, Código Postal 86090, Centro, Tabasco Teléfono 9933105000 ext. 2087 "2022, año de Ricardo Flores Magón" JUICIO DE AMPARO 2283/2022-IV MESA IV AUTORIDAD RESPONSABLE: 3687-IV Sub Directora de la Estación Migratoria en Villahermosa Tabasco. (SE ANEXA DEMANDA) En el Juicio de amparo 2283/2022-IV, promovido por Luis Alejandro Acevedo Pedreros, quien, contra actos de usted, con esta fecha se dictó un acuerdo que es del tenor literal siguiente: : "..Villahermosa, Tabasco diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Suspensión de plano Fecha: _____________ Hora: ____________ Firma Sello de la Autoridad ********************

  4. Principal

    SE ACUERDA CONSTANCIA ACTUARIAL, BO SE EMITE DETERMINACIÓN AL RESPECTO HASTA EN TANTO AUTORIDAD MIGRATORIA RESPONSABLE RINDA INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO

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