Luis Aldair Guzmán Osorio

Expediente 666/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
666/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California con Residencia en Tijuana, B.C.
  • Luis Aldair Guzmán Osorio

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 666/2022-H El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con el estado de autos y la certificación secretarial. Conste.Tijuana, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el siete de noviembre del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a la(s) autoridad(es) responsable(s) y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el treinta de noviembre de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a los quejosos para que realicen las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que las autoridades responsables no están notificadas del proveído mediante el cual se requirió informe justificado. Por ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y se fijan las doce horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. J´FCG/S´ARFC/Josefina*

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual refiere observar la suspensión de plano decretada en este asunto; asimismo, téngasele designando delegados y señalando domicilio procesal. Ahora, del contenido del comunicado de cuenta, no se colige que la estancia de los directamente agraviados, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, obedezca a una detención por la comisión de un delito. En consecuencia, requiérase de nueva cuenta al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta municipalidad, para que de manera inmediata, informe a este juzgado si ha decretado alguna medida de aseguramiento a los impetrantes Luis Aldair Guzmán Osorio, José Luis Retuerto Saavedra, María Luisa Alarcón La Rosa y Daniel André Barboza Salvatierra, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto, de conformidad con las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, siendo las autoridades migratorias quienes dentro de sus facultades deberán fijarlas, para lo cual por su conducto se debe hacer del conocimiento de los quejosos tales prerrogativas, la forma en que pueden acceder a ellas y los requisitos que deben cumplir, de lo cual deberá remitir constancia fehaciente que demuestre lo aquí mandatado; en el entendido, de que los agraviados quedan a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Asimismo, de ser el caso, deberá proporcionar el número de expediente administrativo que a los impetrantes se les instruye y especificar la fecha en la que ingresaron a la estación migratoria de esta ciudad; de lo contrario, deberá resolver la situación que los impetrantes tienen o tendrán en este país. Se le reitera que la violación a la medida cautelar decretada en el presente asunto, equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, de la ley de la materia, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida en favor de Luis Aldair Guzmán Osorio, José Luis Retuerto Saavedra, María Luisa Alarcón La Rosa y Daniel André Barboza Salvatierra, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 666/2022-H. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Cese de inmediato la incomunicación, de la que se dice son objeto los directamente agraviados, y todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. En relación con la inminente deportación, expulsión o repatriación, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezcan los quejosos en el lugar donde se encuentren, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar los directamente agraviados a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de los directamente agraviados. En relación con la ilegal detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Luis Aldair Guzmán Osorio, José Luis Retuerto Saavedra, María Luisa Alarcón La Rosa y Daniel André Barboza Salvatierra, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención de los directamente agraviados no tiene relación con la comisión de un delito, deberán ser puestos en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Ello, sin perjuicio de que las autoridades migratorias fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente, debiendo pronunciarse respecto de la calidad migratoria que en este país tienen los aquí impetrantes, dentro del plazo de quince días que establece categóricamente el marco normativo que rige su actuar, atendiendo a las pruebas que tengan en su poder, así como lo dispuesto en el "protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional." En ese contexto, toda vez que se solicita se dicten las medidas necesarias para que los impetrantes gocen de su libertad, solicítese a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si han decretado alguna medida de aseguramiento a los quejosos en cuestión, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto; en el entendido de que los impetrantes quedan a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que encuentren los agraviados. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 15 de la propia ley, requiérase a los quejosos Luis Aldair Guzmán Osorio, José Luis Retuerto Saavedra, María Luisa Alarcón La Rosa y Daniel André Barboza Salvatierra, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que proceda a la localización de los referidos impetrantes en los domicilios de las autoridades responsables. Medios de comunicación Ténganse como medios de comunicación no procesal la dirección de correo electrónico y el número telefónico proporcionados, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 5º, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.

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