Luis Alberto Zaval Jiménez y Otros.

Expediente 1283/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1283/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • Luis Alberto Zaval Jiménez
  • Luis Alberto Zaval Jiménez y Otros.
  • Marcela Lara Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dos octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con el que acusa recibo del oficio 7155-II, al que se adjuntó el original del escrito de demanda de amparo y sus anexos, copias certificadas del presente expediente y del que se advierte que aceptó la competencia planteada a su favor por este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, ante la secretaria licenciada Amparo del Socorro del Porte Chirino, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO ... Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su oficio de cuenta, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de rubor y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no sólo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo, no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, por lo que debe atenderse al escrito que se presentó ante la responsable. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que se admitió la demanda de amparo únicamente respecto del acto que se reclamó del Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, consistente en la inactividad procesal para pronunciarse y resolver sobre el escrito que la parte quejosa presentó el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve y cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en relación al juicio laboral 167/2007 de su índice. Sin embargo, de las copias certificadas que el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, remitió con su informe justificado, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio laboral 167/2007, por auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve la responsable acordó lo relativo al escrito de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve y cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dándole contestación a todas y cada una de las solicitudes, ahí plasmadas; acuerdo que fue notificado a la parte quejosa el veintisiete de septiembre último. Lo anterior, con fecha posterior a la presentación de la demanda, que lo fue el doce de septiembre del año que transcurre; por lo que es válido concluir que cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en el que el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, proveyó los escritos de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve y cinco de septiembre de dos mil diecinueve; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la conducta omisiva que se impugna, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, respecto del particular acto que se reclama al Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no se hubiere puesto a la vista de las partes el informe que rindió la autoridad responsable, por cuanto que en el presente caso, de conformidad con los párrafos que anteceden, se actualizó una causal de improcedencia de manera notoria y manifiesta, que autoriza a sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por la propia Ley. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, en el sentido que las autoridades responsables en este asunto aún no han dado cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. En efectos, de auto se advierte que por oficio DGAJ72791/2019, de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, informó que al consultar el sistema SIMCR se observó que la solicitud del quejoso, ya cuenta con clave liberada, con título de propiedad de origen parcelario expedido y en tareas de la delegación del Estado de Yucatán (foja 105). Por otra parte, la Subdelegada de Registro y Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, el veinte de mayo de este año, señaló que se encuentra a disposición del quejoso en el Centro de Atención de Usuarios de esa Delegación, el oficio RAN/YUC/SR/DJ/345/2019, para ser notificado de los trámites realizados (foja 123). Posteriormente, la Profesional Ejecutivo y Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, el diecinueve de junio del presente año, informó que hasta esa fecha no se tiene conocimiento de la calificación registral ni de la liberación de clave en el Sistema Informático, relativo a la parcela 214 del Ejido de Yaxkukul, misma que deberá emitir la Dirección General de Registro y Control Documental y el Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, por tanto, esa Unidad Administrativa, se encuentra en la imposibilidad material de notificar al hoy quejoso y dar cumplimiento a la presente ejecutoria (foja 140). En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, autoridades responsables, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciban el oficio en el que se les transcribe este acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en este juicio de amparo fueron los siguientes: ..... En ese sentido, las autoridades responsables deberán remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se les señala, se procederá conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, de la Ley de la Materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ..... Por otra parte, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero del ordenamiento legal invocado y considerando que el artículo 13 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional establece que el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, supervisará que las delegaciones cumplan con las disposiciones de ley y sus reglamentos, requiérase a dicho Director en Jefe como superior jerárquico de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán autoridad responsable, para que le ordene acatar la sentencia concesoria; apercibida que de no hacerlo así, de igual forma se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, acorde con el ordinal 267, fracción I, de la ley reglamentaria vigente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Amparo del Socorro del Porte Chirino, que autoriza y da fe. En la propia fecha se libran los oficios correspondientes, en términos de la minuta que se anexa. Conste. *Betty.

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