Luis Alberto Villanueva Salazar
Expediente 1043/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Alberto Villanueva Salazar
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, once de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por LUIS ALBERTO VILLANUEVA SALAZAR, contra actos de los Magistrados que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1043/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama el quejoso esencialmente consiste en: El proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 057/2014-I, en el que se ordena el requerimiento de pago para las diez horas del treinta de enero de dos mil veinte, por concepto de diversas prestaciones laborales dictado en ejecución de laudo. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquellos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales. Incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando aleguen violaciones directas al artículo 17 constitucional, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite. De ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Los razonamientos anteriores se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del a Nación, visible en la página 1086, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo 2016, tomo II, Décima Época, Materia Constitucional, Común, Común de contenido y rubro siguiente: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En el caso concreto, el promovente se duele de que la autoridad responsable al señalar para el treinta de enero de dos mil veinte, se practique el requerimiento de pago a la parte demandada, para que cubra el pago del monto a que fue condenada en el laudo emitido en el expediente 057/2014-I. Sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo que no ocurre, es que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral. Incluso en relación con el tiempo que existe entre la fecha del auto que señaló fecha para el requerimiento de pago en ejecución del laudo (ocho de octubre de dos mil diecinueve) y la fecha en la que se presentó el juicio de amparo (ocho de noviembre de dos mil diecinueve), es que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral. Aunado que está próximo días inhábiles del mes de noviembre y el segundo periodo vacacional que corresponde al año que cursa; motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Lo aquí determinado obedece a lo establecido en la tesis 2ª./J 48/2016 (10ª) del rubro: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y la cual señala que por regla general el amparo interpuesto contra actos relativos a la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violaciones intraprocesales no afectan derechos sustantivos, y por tanto resulta improcedente, a menos que el juez de amparo, de la propia demanda advierta que existe una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización total del mismo, hipótesis que a juicio del suscrito no se actualiza conforme a lo expuesto con antelación. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir a trámite el juicio de amparo en que se actúa a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado del análisis de las constancias que obran en autos y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la importación de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Así mismo, se tienen como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samuel Antonio Hernández Hernández y Angélica Lara Hernández, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria que autoriza. Doy fe. JESA/MFPD/MPH
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