Luis Alberto Vicente Perez

Expediente 645/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
645/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Luis Alberto Vicente Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    MESA VII...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA VII....San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria dictada en el presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA III "...C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de forma precisa y clara de los actos reclamados. (...) En relación al acto que nos ocupa, cuya pretensión de la parte quejosa es someter a control constitucional, no son de aquellos que producen una afectación inminente y real a sus derechos sustantivos, en función de que a través del informe de presunta responsabilidad, en términos del artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades, únicamente se determina, entre otros rubros, lo siguiente: 1. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como el ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados; 2. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa; 3. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta; 4. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable, debiéndose exhibir las prueba documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la debida oportunidad, y 5. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso. En ese orden, el numeral 3, fracciones IV y XVI, de la propia legislación especial, establecen que, tratándose de faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público designado en los órganos internos de control, y para las faltas graves, corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa competente imponer su sanción. Ahora bien, de constancias del juicio de origen se advierte que aun la autoridad responsable no ha impuesto una sanción a la parte aquí quejosa, esto es, se advierte que el acto reclamado es intraprocesal, no es de imposible reparación, y por ende, no es impugnable en la vía del amparo, precisamente porque reviste de una violación de carácter adjetiva que, por el momento, no redunda en la esfera jurídica del amparista, pues será la resolución que en su momento emita la autoridad competente al resolver en definitiva el procedimiento de responsabilidad administrativa, la determinación que, en su caso, cause perjuicio a los derechos fundamentales de los solicitantes de tutela constitucional. ... ... Como es notorio, la condición para la procedencia del amparo biinstancial contra actos intraprocesales o adjetivos, es que deben ser de imposible reparación y que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos, situación que en la especie no sucede, atento a las consideraciones ya expuestas. Es decir, cuando el acto tiene únicamente efectos adjetivos o procesales, hace improcedente la acción de amparo en términos del numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanas, y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, porque no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada, en su caso, en amparo directo, o en una diversa etapa del proceso. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 1002673, visible en la página 673, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, del Apéndice 1917- Septiembre 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) , CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Conforme con los razonamientos expuestos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, en relación con los diversos ordinales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la propia legislación de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales. Por las razones asentadas, en la presente sentencia no se analizan los conceptos de violación hechos valer en contra de los actos reclamados, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se decretó el sobreseimiento al actualizarse las causales de improcedencia evidenciadas, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. Resulta aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 24, Tercera Parte, página 49, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SÉPTIMO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ..., contra los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO)

  4. Principal

    En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el(la) Secretario(a) licenciado(a) Aurelio Olvera Jiménez , quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para hoy, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del aludido pleno. Acto continuo, el(la) Secretario(a) certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, el(la) Secretario(a) hizo una relación de las constancias de autos. El Secretario en funciones acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que antecede y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. Abiertos en su orden los periodos de pruebas y alegatos se hace constar que no se ofrecieron las primeras ni se formularon los segundos, a lo que la Secretaria en funciones acuerda: en virtud que ninguna de las partes hizo valer tales derechos, se cierran ambos periodos y se procede a dictar la siguiente resolución: EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LIC. RAMIRO GARCÍA SIMÓN EL(LA SECRETARIO(A) DE JUZGADO LIC. AURELIO OLVERA JIMÉNEZ

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