Luis Alberto Vera Barajas

Expediente 1706/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1706/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2018

Partes del expediente

  • Luis Alberto Vera Barajas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra del auto dictado el cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 14 y 15) en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, una vez notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Del estado procesal de autos se advierte que en proveído ocho de agosto de dos mil diecisiete (foja 111), se ordenó dar trámite a la prueba pericial en materia de topografía ofrecida por la parte quejosa, misma que a la fecha se encuentra pendiente de integrarse. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS VEINTITRÉS MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. Por otro lado, glósese a los autos el escrito del perito oficial Gerardo Rafael Orendain Camacho, en atención a su solicitud y con fundamento en el artículo 152 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se amplía el plazo para recibir el dictamen que le corresponde hasta antes de la audiencia constitucional --nueve horas con veintitrés minutos del dos de agosto de dos mil dieciocho--. En el entendido de que en autos de doce de abril, nueve de mayo y ocho de junio del año en curso, se han otorgado distintas prórrogas para que el diestro en mención rinda su experticia, por lo que a criterio de este Juzgado Federal no es factible prolongar más su desahogo, en aras de cumplir con el principio de expedites contenido en el numeral 17 de la Constitución Federal, que obliga a este Juzgado a resolver de manera pronta, imparcial y completa.

  3. Principal

    Glósese a los autos el informe justificado que remite el Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, para los efectos legales a que haya lugar; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y hagan uso de sus derechos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngasele designando como delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9 de la ley de la materia; y, como domicilio procesal la residencia oficial de dicha dependencia.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 559/2018, promovido por el quejoso, contra actos de autoridades. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de garantías. Se les apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso precisa como tales: "IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- Reclamo de la autoridad señalada en el inciso A) Como Responsable Ordenadora, según se desprende de los REQUERIMIENTOS DE MULTAS ESTATALES IMPUESTA POR AUTORIDAD NO FISCAL; créditos fiscales identificados con los números F-918124000057, F-918124000024, F-918124000035, F-918124000046, F-918124000090, F-918124000102, F-918124000080, F-918124000113 (.) B).- Reclamo de las autoridades que señale en el inciso A), B), C) y D) Como Responsables Ejecutorias, la ejecución materia de los créditos fiscales (.)". En tanto que se solicitó la medida cautelar para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Consecuentemente, se analizará la procedencia de la suspensión provisional respecto de las consecuencias de los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 182529, de título: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". En esa tesitura, tomando en consideración que las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es procedente analizar si se reúnen las exigencias previstas el artículo 107, fracción X, Constitucional, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Por otra parte, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En las relatadas circunstancias, es dable establecer que el primer requisito se cumple en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón a lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir a la quejosa el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación de la garantía. Precisamente para evitar lo anterior, es que se contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones que contemplan la obligación de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance del Juzgado para evitar que se pierda la materia litigiosa. En los términos expuestos, SE CONCEDE la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute el cobro de los créditos fiscales, en contra del aquí quejoso ALBERTO CONTRERAS DÍAZ, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Dicha medida suspensional surte sus efectos desde luego, siempre y cuando los actos reclamados provengan de las autoridades aquí señaladas como responsables, y no se hayan consumado de manera irreparable. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la medida cautelar surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía correspondiente ante la autoridad exactora, o sea la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por la cantidad que cubra los créditos fiscales, actualizaciones y recargos de los mismos. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de rubro y texto siguiente. "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por lista; a quien se le hace saber que queda a su disposición una copia de traslado de la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene como autorizados del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quienes refiere, en razón de que sí cuentan con cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las demás persona que señala toda vez que no están debidamente registrados. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos.

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