Luis Alberto Valdéz Gutiérrez
Expediente 1362/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1362/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/12/2018
Partes del expediente
- Luis Alberto Valdéz Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Visto el estado procesal de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se ordenó acordar lo relativo. Al efecto, se acuerda. ARCHIVO De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos, se ordena el archivo de los cuadernos incidentales. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se negó la suspensión provisional y la definitiva, se determina que el original de dicho incidente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otro lado, el duplicado del incidente, podrá ser destruido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciar en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal de los cuadernos incidentales se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. E. APERCIBIMIENTO En consideración de que en el presente caso, no acontece el supuesto que establece el artículo 156, de la Ley de Amparo, se omite proveer del apartado E), del presente auto. F. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACION DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la manifestación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo conducente. DEVOLUCIÓN DE TOMOS. Tomando en consideración que la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad, remitió a este juzgado en apoyo a su informe justificado, copias certificadas del toca número *** primer subsecuente y testimonio de constancias deducidas del expediente número *** de su índice; cuya retención resulta innecesaria, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes; tratándose de una reproducción de su original, no es necesario requerir el acuse de recibo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA: Vistos; El oficio signado por la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual rinde informe justificado y exhibe copias certificadas del expediente 480/2018, de su índice. El ocurso signado por ***, representante especial de los menores A.A.V.C. y L.A.V.C., por medio del cual formula alegatos. Al efecto se acuerda: Respecto al inciso a), con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el informe de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de cuenta. Tocante a la constancia adjunta al informe, consistente en copia certificada del expediente ***, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica. Tomando en consideración el volumen de la documental de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexo de pruebas (un tomo), mismo que queda en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido. Ahora, del análisis que en este acto se realiza a la documental remitida por la autoridad responsable, aunado al estudio de los datos que se desprenden del presente juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa, así como examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima que se actualiza de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Es acertada la actualización de la causal de improcedencia citada en los párrafos que anteceden, por las razones siguientes: Del contenido de la fracción en cita, se desprende que el juicio de amparo es improcedente respecto del acto de autoridad por el cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Así que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La expresión del consentimiento del acto reclamado, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero para ello se requiere que exista el acto (en tratándose de leyes que la hipótesis que ella establece se actualice) y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107, de la Carta Magna. El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley reclamada, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente. Así pues, tomando en cuenta lo expuesto, se puede considerar que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En el caso particular el impetrante de amparo reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: La resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca número ***, que confirmó el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado Quinto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, el cual ordenó la guarda y custodia provisional de los menores A.A.V. C. y L.A.V.C. a favor de la madre de éstos. Por su parte, con las constancias que remite la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que el seis de noviembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso celebró convenio de guarda y custodia definitiva, de los menores A.A.V.C. y L.A.V.C. con Esther Culebro Jiménez, en el que se estableció que ésta será de manera compartida por ambos progenitores; lo que fue debidamente ratificado por los antes mencionados ante la autoridad responsable, el catorce de ese mismo mes y año, de lo que evidentemente se advierte es un acto consentido por el propio quejoso. Constancias anteriores, que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio, resultando aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En esas condiciones, en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII, del artículo 61; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que estipula el artículo 17, de la Constitución Federal. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil dieciocho. Tocante al inciso b), dígase a la promovente que se esté a lo ordenado en el inciso que antecede.
- Principal
Vistos; El oficio signado por la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual rinde informe justificado y exhibe copias certificadas del expediente 480/2018, de su índice. El ocurso signado por ***, representante especial de los menores A.A.V.C. y L.A.V.C., por medio del cual formula alegatos. Al efecto se acuerda: Respecto al inciso a), con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el informe de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de cuenta. Tocante a la constancia adjunta al informe, consistente en copia certificada del expediente ***, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica. Tomando en consideración el volumen de la documental de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexo de pruebas (un tomo), mismo que queda en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido. Ahora, del análisis que en este acto se realiza a la documental remitida por la autoridad responsable, aunado al estudio de los datos que se desprenden del presente juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa, así como examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima que se actualiza de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Es acertada la actualización de la causal de improcedencia citada en los párrafos que anteceden, por las razones siguientes: Del contenido de la fracción en cita, se desprende que el juicio de amparo es improcedente respecto del acto de autoridad por el cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Así que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La expresión del consentimiento del acto reclamado, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero para ello se requiere que exista el acto (en tratándose de leyes que la hipótesis que ella establece se actualice) y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107, de la Carta Magna. El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley reclamada, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente. Así pues, tomando en cuenta lo expuesto, se puede considerar que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En el caso particular el impetrante de amparo reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: La resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca número ***, que confirmó el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado Quinto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, el cual ordenó la guarda y custodia provisional de los menores A.A.V. C. y L.A.V.C. a favor de la madre de éstos. Por su parte, con las constancias que remite la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que el seis de noviembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso celebró convenio de guarda y custodia definitiva, de los menores A.A.V.C. y L.A.V.C. con Esther Culebro Jiménez, en el que se estableció que ésta será de manera compartida por ambos progenitores; lo que fue debidamente ratificado por los antes mencionados ante la autoridad responsable, el catorce de ese mismo mes y año, de lo que evidentemente se advierte es un acto consentido por el propio quejoso. Constancias anteriores, que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio, resultando aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En esas condiciones, en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII, del artículo 61; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que estipula el artículo 17, de la Constitución Federal. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil dieciocho. Tocante al inciso b), dígase a la promovente que se esté a lo ordenado en el inciso que antecede.
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