Luis Alberto Torres Garcia
Expediente 1251/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1251/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Luis Alberto Torres Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Torres García, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado Néstor Edgar Magos Mera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ******, autorizado del quejoso, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de nueve de agosto del presente año. En atención a lo anterior y al estado que guardan los autos, se advierte que el quejoso reclama los siguientes actos: La orden de aprehensión o comparecencia emitida en su contra por el Juez de Control del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, la cual refiere bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento el veinte de junio de dos mil veintidós. La orden de protección emitida en su contra por el Procurador General del Estado de Hidalgo, dentro del número único de caso 12-2022-08538. Expuesto lo anterior, se procede a proveer lo siguiente: DESECHAMIENTO Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio realizado al escrito de demanda se desprende que los actos reclamados son: La orden de aprehensión y su ejecución. Las medidas de protección de protección emitidas en la carpeta de investigación 12-2022-08538. Es preciso establecer que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de derechos únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto que se reclama. Al respecto, este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 17 y 18, todos ellos de la Ley de Amparo, que estatuyen: En efecto, el artículo 61, fracción XIV, establece: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, siendo solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso [.]". De la interpretación, sistemática del precepto invocado, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de derechos es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos actos contra los cuales no se interponga la demanda de amparo dentro del término de quince días. Conforme a la intelección del artículo en mención, el término para promover la demanda de derechos es de quince días, que debe contarse de la siguiente manera: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. De lo anterior, se advierte que el término de quince días, con que contaba el promovente para presentar la demanda de derechos contra el acto que reclama mediante esta vía, inició a partir del veintiuno de junio de dos mil veintidós, feneciendo dicho término el once de julio de dos mil veintidós. Lo anterior es así, pues el quejoso bajo protesta de decir verdad expuso que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión y de la medida de protección el veinte de junio de dos mil veintidós, por lo que el cómputo de quince días que establece el referido artículo 17, debe realizarse a partir de la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento de aquél. Dicho en otras palabras, el inicio del plazo para la presentación del juicio de amparo contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que la quejosa tiene pleno conocimiento de éste, o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio. Sirve de apoyo a esas consideraciones la jurisprudencia LXXXIX/90, publicada en la página 167 del Tomo V de la Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: 'DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN DEBE CONTARSE CONFORME AL SEGUNDO SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, SI NO EXISTE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE RECLAME." Asimismo si la demanda de derechos fue presentada hasta el ocho de agosto de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, dicha presentación resulta extemporánea, en virtud, de que obra constancia ante este órgano jurisdiccional que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veinte de junio de dos mil veintidós, exactamente en el capítulo de bajo protesta de decir verdad de demanda de amparo 1251/2022-6 y de su último escrito aclaratorio, los cuales narró bajo protesta de decir verdad, por lo que en dicha fecha se ostentó sabedor del acto que aquí reclama y por consecuencia, fue tácitamente consentido el acto reclamado por el quejoso. Siendo aplicable a lo anterior, la tesis publicada en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo Cuarta Parte, LXXIX, Sexta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCIÓN DEL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, dice: "El término para la interposición del amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama"; una primera interpretación del precepto consistiría en decir que el término empieza al día siguiente al en que materialmente se hizo la notificación, sin distinguir si fue personal, boletinada, por estrados o por otra cualquiera de las formas que establezca la ley que rija el acto que se reclame; otra interpretación se haría armonizando esa disposición con el artículo 24 de la misma ley que dice: "El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes: I. Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación....." y en tal supuesto, los quince días cuentan desde el día siguiente al en que conforme a la ley rectora del acto reclamado surta efectos la notificación de éste. El criterio mayoritario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia se ha decidido por lo primero y para ello ha tenido en consideración, fundamentalmente, las razones siguientes: Cada uno de estos artículos reglamenta actos diferentes entre sí y que por ende deben estar sujetos a reglas también distintas: el artículo 24 se refiere a los términos judiciales, es decir a los que se dan ya dentro del juicio; en cambio el 21 trata de un término prejudicial, puesto que aún no existe una demanda admitida, ni un juicio; es propiamente un plazo o tiempo de conocimiento del acto reclamado, y que según texto expreso de dicho artículo, se inicia al día siguiente de cuando se notificó al quejoso, el acto que reclame, y es de notarse que si el legislador hubiese querido que el cómputo se hiciera a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del acto, se tuviera, por hecha la notificación, porque ella había producido sus efectos, así lo habría expresado, ya que cuando ha querido que un término corra desde el día siguiente al en que surta efectos una notificación lo indica expresamente, como en el caso del artículo 24 citado; luego, en las razones expuestas se ve que la ley establece dos formas distintas de hacer los cómputos, según sean los términos de que se trate, prejudicial, a que se contrae el artículo 21, o judicial a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Amparo. Tampoco es de admitir que la iniciación del plazo para interponer la demanda de garantías se supedite a las reglas relativas a como deben computarse los términos que las leyes procesales comunes establezcan, porque aquél es federal y, por tanto, estas leyes no pueden regirlo; y porque no habría firmeza y seguridad jurídica para computarlo, ya que los códigos de los Estados de la República no tienen igual norma para que surtan efectos las notificaciones, y ello daría lugar a que se introdujera desigualdad en la duración del plazo, pues según fuera el Estado de la República donde la demanda de amparo se formulara, tendría el quejoso para interponerla menos, o más de quince días a pesar de la disposición categórica del artículo 21 en estudio, que señala solo quince días y, naturalmente, hábiles; y precisamente para que esto sea así, es que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por Mayoría de tres votos, ha venido sosteniendo que esos quince días se deben empezar a contar a partir del día siguiente al en que fuere hecha materialmente la notificación del acto reclamado y cualquiera que haya sido la forma, de las admitidas por la ley del acto, en que se haya realizado." Asimismo, es aplicable la tesis publicada en la página 353, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 205-216 Séptima Parte, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." Así como, la tesis visible en la página 984, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, Marzo de 2000, correspondiente a la Novena Época, la cual es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE HA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL JUICIO EN DONDE SE ESTIMA QUE EL EMPLAZAMIENTO SE PRACTICÓ EN FORMA IRREGULAR. Si la persona que pide amparo contra el emplazamiento que se le practicó y que estima irregular, tuvo pleno conocimiento del juicio en el cual se llevó a cabo el mismo, por haber presentado un escrito apersonándose así ante el Juez natural, es claro que conocía perfectamente el número del juicio seguido en su contra, el tipo de juicio de que se trataba, el carácter con que se le demandó y las prestaciones que le fueron reclamadas; por tanto, ante tales eventos, es evidente que a partir de que el citado demandado tuvo pleno conocimiento del juicio seguido en su contra y por lo tanto estuvo en aptitud legal de promover el correspondiente juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento de mérito, lo cual debió llevar a cabo a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo pleno conocimiento de dicho juicio instaurado en su contra y dentro del término de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo, es innegable que consintió las posibles irregularidades que pudiese tener dicho emplazamiento y sus consecuencias jurídicas." En las relatadas condiciones, al no interponerse la demanda de derechos, dentro del término de quince días, a que se refiere el numeral 17, de la Ley de Amparo, ni encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere el diverso numeral 22 de nuestra Carta Magna, es decir no importa peligro de privación de la vida fuera de todo procedimiento, deportación o destierro; por lo que es claro que la quejosa se conformó tácitamente con los actos reclamados, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia analizada lo procedente es DESECHAR en el presente juicio por notoriamente improcedente. Por lo expuesto, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como legamente correspondan los escritos signados por ***, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, pretende dar cumplimiento a lo ordenado en autos de nueve y quince de agosto de dos mil veintidós. La prevención en comento fue para los siguientes efectos: Primero. Indique si señala como acto reclamado alguna orden de aprehensión o comparecencia, debiendo precisar la autoridad judicial o ministerial que la haya dictado, y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Segundo. Indique si señala como acto reclamado la negativa en darle acceso a la carpeta de investigación 12- 2022-08538, precise a que autoridad ministerial reclama dicho acto. (.) Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de la materia, se previene al promovente, para que exhiba tantas copias de su escrito aclaratorio, como partes haya señalado; esto es, una para cada autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción y dos para los incidentes de suspensión que deberá exhibir. En relación con lo anterior, el promovente del amparo, indicó que señala como actos reclamados y autoridades, los siguientes: La orden de aprehensión o comparecencia librada en su contra por el Juez de Control del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. La negativa de darle acceso a la carpeta de investigación 12-2022-08538, cuyos actos atribuye al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación sin detenido IV, adscrito a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, licenciada Lucía Vega Maldonado. No obstante lo anterior, respecto del primer acto, omitió señalar "la fecha en que tuvo conocimiento" de que se pretende ejecutar una orden de aprehensión y/o comparecencia en su contra; ello es así, pues el promovente se limita a referir que no sabe la fecha en que libró la orden de aprehensión, circunstancia que no se le requirió, sino únicamente que informe "la fecha en que tuvo conocimiento", lo cual no hizo. Aunado a lo anterior, también sigue siendo omisa en dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el numeral 108 de la Ley de Amparo, los cuales incluso fueron transcritos en los proveídos de nueve y quince de este mes y año; y, no obstante ello, sigue siendo omisa en ello. En atención a lo anterior, se advierte que con lo asentado en el escrito presentado por el promovente del amparo Luis Alberto Torres García, no da cumplimiento a la prevención de nueve de agosto de dos mil veintidós y a lo ordenado en auto de quince de este mes y año, debido a que no precisó la fecha en que tuvo conocimiento de que se pretende ejecutar una orden de aprehensión y/o comparecencia en su contra, además porque su escrito no reúne de los requisitos previstos en los numerales 108 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene parcialmente cumplida la prevención de mérito. Por tanto, atendiendo a la certificación secretarial se advierte que el solicitante de derechos presentó su primer escrito dentro del término concedido de cinco días, esto es en el primer día, y respecto del segundo escrito con el cual pretende dar cumplimiento el mismo fue presentado en el segundo día; motivo por el cual se concede al promovente tres días más a fin de que dé cumplimiento a la prevención formulada en todos sus términos; haciéndole saber que subsiste el apercibimiento decretado en auto de nueve de agosto de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.A.38 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, de la Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTICULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." Notifíquese vía electrónica.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual desahogó oportunamente, en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria. Para tal efecto, conviene precisar algunas actuaciones procesales y los actos dictados por la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector. I. En la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, registrados con el expediente ********************, se reclamó lo siguiente: - El aseguramiento de un inmueble propiedad de los quejosos. - La inscripción de dicho aseguramiento. II. Seguidos los trámites del juicio de amparo, se dictó sentencia el quince de julio de dos mil veintiuno, en la que se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes (fojas 70 a 81): "A) Ordene la notificación a los quejosos del acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en que ordenó el aseguramiento del folio único real electrónico ********************, en la carpeta de investigación ********************, en términos y para los efectos a que se refiere el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales. B) En caso de que hubiere emitido solicitud de declaratoria de abandono respecto del folio único electrónico ********************, deberá dejarla insubsistente con motivo de la presente determinación, así como todas las subsecuentes diligencias y acuerdos respectivos. Ello, sin perjuicio de las facultades legales de investigación que puede ejercer dicha autoridad investigadora, puesto que la protección constitucional se circunscribe a los actos reclamados que ya fueron precisados, por lo que, en el ámbito de su competencia, la responsable está en aptitud de realizar los actos de investigación que considere necesarios, para la demostración de hechos que la ley señale como delitos, así como la identificación de quien los cometió o participó en su comisión. Concesión de que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la providencia precautoria reclamada." III. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia, el cual se radicó en Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, quedando registrado con el toca ********************; y en sesión celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se determinó confirmar la sentencia recurrida; y conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 102 a 116). IV. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós (fojas 117 y 118), se tuvo por recibida la ejecutoria del recurso de revisión y se ordenó requerir a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Sin Detenido para los Delitos Patrimoniales I, adscrita a la Dirección General de Investigación y Litigación "Región Oriente" de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo en los términos mencionados. V. Por oficio presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós (fojas 120 a 124), el mencionado Agente del Ministerio Público remitió la notificación personal a los quejosos de diecinueve de mayo de dos mil veintidós respecto del aseguramiento del inmueble de su propiedad con folios únicos reales electrónicos ******************** y ********************, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, para cumplir con la ejecutoria de amparo, en la que realizó lo siguiente: Conforme a las actuaciones previamente relacionadas, se puede afirmar que la autoridad responsable no acató los lineamientos de la ejecutoria de amparo, toda vez que ordenó la notificación personal a los quejosos del aseguramiento del inmueble de su propiedad respecto de dos folios únicos reales electrónicos ******************** y ********************, es decir, consideró un folio adicional al que fue materia de la ejecutoria de amparo, siendo el último de los mencionados. Además, la autoridad responsable omitió precisar si emitió solicitud de declaratoria de abandono respecto del folio único electrónico ********************, y de ser así, si ordenó dejarla insubsistente con motivo de la ejecutoria de amparo, así como todas las subsecuentes diligencias y acuerdos respectivos. Igualmente, la autoridad responsable omitió dejar insubsistente el registro del aseguramiento del inmueble de los quejosos con el folio único real electrónico ********************, acto de ejecución atribuido al Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: I. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Sin Detenido para los Delitos Patrimoniales I, adscrita a la Dirección General de Investigación y Litigación "Región Oriente" de la procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, - Deje insubsistente la notificación personal a los quejosos practicada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós respecto del aseguramiento del inmueble de su propiedad. - Ordene nuevamente notificar a los quejosos el aseguramiento del inmueble de su propiedad registrado con el folio único real electrónico ********************, sin incluir algún otro ajeno a la materia de la ejecutoria de amparo. - Orden dejar insubsistente el registro único real electrónico del aseguramiento del inmueble de los quejosos con el número ********************. II. Instituto de la Función Registral, Oficina Registral de Pachuca: - Deje insubsistente el registro único real electrónico del aseguramiento del inmueble de los quejosos con el número ********************. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omisas, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y de incurrir nuevamente en el incumplimiento del fallo protector, se ordenará la apertura del incidente de inejecución de sentencia y se enviará al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno para su substanciación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de la Materia. En virtud de lo anterior, dígase a la parte quejosa que en relación a su petición de declarar el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y requerir nuevamente a las autoridades responsables, se encuentra colmada en los párrafos precedentes. Notifíquese personalmenteAsí lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado Carlos Alberto Ávalos Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Luis Alberto Milanes Viveros1373/2022
- Luis Alberto Monroy Villalobos1001/2023
- Luis Alberto Ortega Bravo1150/2018
- Luis Alberto Samperio Ballesteros1144/2022
- Luis Alberto Samperio Ballesteros1590/2023
- Luis Alberto Samperio Ballesteros1481/2022
- Luis Alberto Vazquez Resendiz1092/2014
- Luis Alejandro Ortíz Lozano751/2023
- Luis Alejandro Ortíz Lozano614/2023
- Luis Alfonso Mendez Rodriguez500/2017
- Luis Alfonso Torres Rojo551/2020
- Luis Alfredo Castañeda Obregon1332/2018