Luis Alberto Tamayo Rodriguez
Expediente 815/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2015
Partes del expediente
- Luis Alberto Tamayo Rodriguez
Actuaciones
- Principal
México, Distrito Federal, siete de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que el treinta de marzo de dos mil quince, se ordenó el archivo de presente asunto; sin embargo, consta en autos un tomo de pruebas remitido por el Juez Trigésimo Séptimo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal (foja 60); consecuentemente, devuélvase el tomo referido al Juez Vigésimo Séptimo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal, autoridad a la que le tocó conocer de los asuntos que conocía el Juzgado Trigésimo Séptimo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 17-51-2014, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Notifíquese.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE, a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 815/2014-IV, promovido por Alma Delia Rodríguez Flores, en representación de su menor hijo de identidad resguardada en autos. ANTECEDENTES 1. Del acto reclamado. La quejosa es denunciante en la causa penal 168/2010, que se instruye en contra de Luis Alberto Tamayo Dávalos -tercero interesado-, por el delito incumplimiento de las obligaciones alimentarias. El 31 de julio de 2014, la quejosa ofreció diversas pruebas; sin embargo, el 1 de agosto de dicha anualidad, la autoridad responsable no admitió diversas documentales; determinación que constituye el acto reclamado. 2. Del trámite del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 22 de agosto de 2014 (fojas 2 a 11) Desechamiento demanda: 25 de agosto de 2014 (fojas 14 a 17) Recurso de queja: el 13 de noviembre de 2014, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, declaró fundado el recurso de queja y ordenó la admisión de la demanda (fojas 37 a 47) Admisión: 24 de noviembre de 2014 (fojas 48 a 50) Emplazamientos al Ministerio Público adscrito a este juzgado: 25 de noviembre de 2014 (foja 50 vta) Emplazamientos a la autoridad responsable: 25 de noviembre de 2014 (foja 52) Emplazamiento al Ministerio Público adscrito a la autoridad responsable: 25 de noviembre de 2014 (foja 52) Emplazamiento al tercero interesado Luis Alberto Tamayo Dávalos: 12 de diciembre de 2014 (foja 67) Audiencia constitucional: 9 de enero de 2015 (foja 156) CONSIDERACIONES 1. Competencia. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado se atribuyó a una autoridad con residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción . 2. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: Acuerdo de 1 de agosto de 2014, dictado en la causa penal 168/2010, mediante el que la responsable no admitió las pruebas documentales ofrecidas por la quejosa. 3. Certeza del acto reclamado AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO SENTIDO INFORMES FOJA Jugado Trigésimo Séptimo Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal El acuerdo de 1 de agosto de 2014, dictado en la causa penal 168/2010, mediante el que la responsable no admitió las pruebas documentales ofrecidas por la quejosa ACEPTA 59 A 60 Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable antes precisada, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias remitidas por ésta, que al tratarse de documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno. De ahí que el acto se encuentra plenamente probado. 4. Estudio de la improcedencia del juicio de amparo. En la especie, resulta innecesario examinar los conceptos de violación esgrimidos por los solicitantes de amparo, pus como incluso lo señaló la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del amparo. Lo anterior es así, porque el Juez Trigésimo Séptimo Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal, informó que el 14 de enero de 2015, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 226/2014, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dejó insubsistente el auto de término constitucional dictado en la causa penal 168/2010 y declaró prescrita la acción punitiva ejercida por el Ministerio Público, en contra de Luis Alberto Tamayo Dávalos. Lo que se corrobora con las copias certificadas del acuerdo de 14 de enero de 2015, recibidas en este órgano jurisdiccional el 26 de febrero pasado ; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria a la ley de la materia. Al efecto, es importante recordar que la quejosa reclama el proveído de 1 de agosto de 2014, dictado en la causa penal 168/2010, mediante el que la responsable no admitió las documentales que había ofrecido. Ahora bien, si se toma en cuenta que el 25 de enero pasado, la autoridad responsable determinó que la pretensión punitiva ejercida por el órgano acusador en contra de Luis Alberto Tamayo Dávalos, como probable responsable del delito que atenta con el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, se encontraba prescrita, se concluye que el acto que en el presente juicio se atribuye al juez penal responsable, dejó de surtir sus efectos legales en cuanto a ese procedimiento y sus consecuencias, al haberse declarado extinta la pretensión punitiva por los hechos consignados. Se afirma lo anterior en razón de que si bien subsiste el acuerdo de 1 de agosto de 2014, mediante el que la autoridad responsable no admitió las pruebas ofrecidas por la quejosa, también lo es que éste ya no tiene efectos legales o materiales que surtir, dado que la prescripción extingue la pretensión punitiva ejercida en contra del tercero interesado. De esta suerte, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dado que la causa penal que daba pauta a que el juez se pudiera pronunciar respecto del acuerdo emitido el 1 de agosto de 2014, en el que no admitió las pruebas ofrecidas por la quejosa, dejó de existir y aun en el supuesto de que se concluyera que el acto es inconstitucional o no, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la impetrante en el goce de los derechos fundamentales que estimó trasgredidos, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia que se llegase a dictar. Esto es así, porque para que el juicio de amparo sea procedente, además de que el acto reclamado de subsistir, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del quejoso; esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituir en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría algún efecto jurídico. En ese tenor, en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia, el legislador consideró que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subiste el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía que se estima violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por tanto, en el caso el objeto de análisis lo constituía el acuerdo de 1 de agosto de 2014 dictado por la autoridad responsable, mediante el que no admitió las pruebas ofrecidas por la quejosa, se impone concluir que el objeto materia de éste dejo de existir con el dictado del proveído de 14 de enero de 2015, en el que la responsable declaró prescrita la pretensión punitiva a favor del tercero interesado. En virtud de que ya no existe la causa penal de la que deriva el acto reclamado; esto es, el acto reclamado no puede surtir efectos legales o materiales por haber dejado de existir el objeto o materia, toda vez que los efectos del acto de autoridad impugnado no se ha concretado en la esfera jurídica de la quejosa, ni se concretarán. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 189, Tomo XXIV, del mes de Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, prevista en el precepto 61, fracción XXI, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. 5. Protección de datos personales. En términos del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que los quejosos no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; en consecuencia, únicamente se suprimirán los datos sensibles que, en su caso, pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alma Delia Rodríguez Flores, en representación de su menor hijo de identidad resguardada en autos, contra el acto y autoridad responsable precisada en la consideración identificada con el número 4 de esta resolución. Segundo. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando Notifíquese y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma el Juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal; hasta el día hoy veintisiete de febrero de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado; ante Oscar Osorio Álvarez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
México, Distrito Federal, veintiséis de febrero de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y tomando en consideración que en el juicio de amparo 815/2014-IV, se encuentra pendiente de dictar resolución, ábrase cuaderno provisional, díctense en él los acuerdos respectivos y una vez que se dicte la resolución correspondiente, sin mayor pronunciamiento, intégrese este cuaderno al expediente principal. Por otro lado, en atención a lo anterior, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de la autoridad responsable que lo suscribe, mediante el cual informa que mediante proveído de 14 de enero de 2015, se decretó la inmediata y absoluta libertad del quejoso Luis Alberto Tamayo Rodriguez; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.Así lo proveyó y firma el Juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, asistido del secretario Óscar Osorio Álvarez que autoriza y da fe.
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