Luis Alberto Susano Romero

Expediente 1454/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1454/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Luis Alberto Susano Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, en razón de que el promovente, no recurrió, en queja, el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. IV. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. V. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VI. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Alfredo Chávez Reyes quien se ostenta como abogado defensor de Luis Alberto Susano Romero, contra actos del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1454/2021-V-B. III. Precisión. Del contenido de la demanda, se desprende que el promovente, reclama: La orden de reaprehensión girada en contra de Luis Alberto Susano Romero, con motivo de la reposición del procedimiento ordenada dentro del juicio 45/2017. Decisión sobre la instancia constitucional. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevén: . . . En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica por Alfredo Chávez Reyes, carece de evidencia criptográfica, firma autógrafa y electrónica del directo quejoso Luis Alberto Susano Romero, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, así como de la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE), de la demanda que obra en el expediente que se actúa. Así, no se advierte la manifestación de voluntad del directo quejoso Luis Alberto Susano Romero, de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. No pasa desapercibido que en la especie, quien promueve, es una persona diversa, al directamente agraviado que se ostenta como su defensor particular dentro de un proceso penal; sin embrago, se advierte dicho promovente no satisface los requisitos que establece la propia ley reglamentaria, en los artículos 14 y 15, que dicen: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. En efecto, de la lectura integral de la demanda, se desprende que el promovente Alfredo Chávez Reyes, se ostenta como abogado defensor de Luis Alberto Susano Romero; sin embargo, omite manifestar bajo protesta de decir verdad apersonarse con ese carácter. De manera que si en el caso concreto el solicitante del amparo, reclama la orden de reaprehensión en contra de Luis Alberto Susano Romero, con motivo de la reposición del procedimiento del juicio 45/2017, contra Luis Alberto Susano Romero, y no se desprende que el mismo se encuentre impedido para promover su demanda y es quien en todo caso debe instar al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional; tal circunstancia, implica que no se le ocasiona un agravio personal y directo al ocursante, porque en todo caso, el acto de autoridad recae en la esfera jurídica del directo quejoso, del que no se advierte evidencia alguna de que se encuentre impedido para acudir de manera personal a promover el presente juicio. Máxime que en el caso que nos ocupa, tal y como se aprecia de las excepciones vistas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, el acto que aquí se reclama, deviene de un acto dentro de procedimiento, respecto del cual, es conocedor el directo quejoso, por así proporcionar los datos y el estado procesal del juicio de origen y no se encuentra privado de su libertad. Siendo de esta manera, se deriva que tampoco no se está en presencia de un acto que implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni que se reclame alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. En consecuencia, de ahí que se desecha la demanda de amparo, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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