Luis Alberto Suárez Montes De Oca
Expediente 1220/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- C. S. B.
- Luis Alberto Suárez Montes De Oca
- Directora Alma Yuritzi Juárez Martínez del Instituto Hidalguense de la Mujer en Hidalgo, Michoacánn
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista las certificaciones que anteceden, de las que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo del año en curso, en la cual se sobreseyó en el juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista las certificaciones que anteceden, de las que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo del año en curso, en la cual se sobreseyó en el juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte tercera interesada, el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1220/2022-V, promovido por ... en contra de los actos reclamados a la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, por Luis Alberto Suarez Montes de Oca, en favor de los menores C., I. Y. y, L. J. de apellidos S. B., recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, turnado< el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: Autoridades responsables: 1. Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán. 2. Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán (en su denominación correcta. Actos reclamados: "[.] IV.- ACTOS RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA; EXTRACCIÓN, DESAPARICIÓN E INCOMUNICACIÓN CON LOS MENORES DE NOMBRES I. Y., L. Y. (sic) y C. TODOS DE APELLIDOS S. B., CON EDADES DE 11, 9 Y 7 AÑOS EN ESE ORDEN. [.]" SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda, se concedió la suspensión de oficio y de plano en los términos y para los efectos ahí precisados, por lo cual, se requirió a las autoridades responsables la remisión de sus respectivos informes inherentes a la suspensión de plano, se requirió al Titular de la Delegación Morelia del Instituto de Defensoría Federal, tuviera a bien designar representante especial a los menores de edad involucrados; además, se remitió despacho para el efecto de que se notificara personalmente al promovente para que al momento de la diligencia o, en su defecto, en el término ahí indicado manifestara si ratifica la demanda y, además, acreditara ser el padre y, por ende, representante de los multicitados menores, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada y, quedarían sin efecto las providencias dictadas. Luego, virtud a que el promovente ratificó la demanda y, justificó ser padre de los infantes, por auto de diez de noviembre ulterior, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional; no obstante lo anterior, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados menores C., I. Y. y, L. J. de apellidos S. B., por conducto de su tutor especial y, de Sahara Llaneli Baca Mendoza, madre de los citados infantes; y, de oficio, se tuvo como autoridad responsable a la Directora del Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad, por lo cual, de igual forma, se le requirió su respectivo informe justificado; finalmente, la audiencia Constitucional, se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente de su publicación, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados tienen ejecución en la jurisdicción de este órgano de control Constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada P. VI/20042 y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario Constitucional, se advierte que reclama lo siguiente: De la Directora del Instituto de la Mujer, Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, ambos de Ciudad Hidalgo, Michoacán y, de la Directora del Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad: - La desaparición, incomunicación, y extracción de los menores C., I. Y. y, L. J. de apellidos S. B.. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 109 a 115), negó la existencia del acto reclamado que se le atribuyó. Por otra parte, si bien, la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán y, la Directora del Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados (fojas 117 a 118 y, 176 a 177, respectivamente), soslayaron pronunciarse con relación a la existencia de los actos que se les atribuyeron, de su contenido y, además, de las constancias remitidas en apoyo de los mismos, se inadvierte su existencia. En efecto, de autos se aprecia que el Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, remitió en apoyo de su informe justificado el Informe Policial Homologado de siete de noviembre de dos mil veintidós (consultable a fojas 111 a 114); por su parte, la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, remitió cédula única de registro (fojas 120 a 122) de siete de noviembre de dos mil veintidós, valoración médica emitida por el galeno Julio César Piñón Cisneros, y valoración psicológica emitida por Liliana Aide Aburto Valencia, psicóloga adscrita al Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y la Directora del Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad, remitió la solicitud de ingreso voluntario signado por Sahara Llaneli Baca Mendoza, respecto de la citada persona y los menores involucrados, virtud a que, a su decir, vivía una situación de violencia extrema (foja 229); y, finalmente, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, por requerimiento de oficio emitido por este órgano jurisdiccional, remitió copia certificada de las constancias inherentes a la medida de restricción y protección solicitada por Sahara Llaneli Baca Mendoza, respecto de la citada persona y los menores involucrados, radicada con el expediente 33/2022, de su estadística (fojas 215 a 224). Documentos con pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, de los reseñados medios de convicción, atento a su alcance demostrativo, se colige que, si bien, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, el siete de noviembre de dos mil veintidós, a las nueve horas con cincuenta minutos, se constituyeron en la localidad de Agostitla, Ciudad Hidalgo, Michoacán, en compañía de la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, dicha circunstancia obedeció a la existencia de un reporte ciudadano sobre violencia familiar, respecto de una mujer, por parte de su cónyuge, a saber, Sahara Llaneli Baca Mendoza; y, para tales fines, procedieron a "recuperar" a la supuesta víctima y, sus menores hijos, previamente identificados, a efecto de trasladarlos a las instalaciones de las oficinas de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Además, de la valoración médica emitida por el galeno Julio César Piñón Cisneros, y valoración psicológica emitida por Liliana Aide Aburto Valencia, psicóloga adscrita al Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, es dable colegir que existen indicios físicos -lesiones- y psicológicos, de que Sahara Llaneli Baca Mendoza, probablemente es víctima de violencia intrafamiliar. Incluso, atento a lo anterior, Sahara Llaneli Baca Mendoza, compareció ante el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, quien, por resolución de esa misma fecha -siete de noviembre de dos mil veintidós- emitió diversas medidas cautelares sobre restricción y protección en favor de Sahara Llaneli Baca Mendoza, y sus menores hijos involucrados, radicada con el expediente 33/2022, de su estadística, en los términos y para los efectos ahí establecidos. Finalmente, toda vez que, de los datos de prueba es dable inferir que, el domicilio en que se constituyeron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, el siete de noviembre próximo pasado, era en el cual cohabitaba con su supuesto agresor, Luis Alberto Suarez Montes de Oca, promovente del presente juicio Constitucional; previos trámites administrativos y canalización de la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, Sahara Llaneli Baca Mendoza, solicitó su ingreso voluntario al Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad, respecto de la citada persona y los menores involucrados, virtud a que, a su decir, vivía una situación de violencia extrema. En consecuencia, es inconcuso que de autos se inadvierte la existencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, sintetizadas en el considerando segundo, en los términos señalados por la parte quejosa. Sirve de orientación, la tesis VI.2o.32 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 763, tomo III, junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 201964, que al respecto establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa". Se itera, sin que se advierta del sumario Constitucional, medio de convicción alguno del cual se evidencie, ni aún presuntivamente, la existencia de los actos reclamados, respecto de las autoridades responsables, pues, de una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, se colige que la omisión o el contenido del informe con justificación, no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes, a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, quien promueve una demanda de amparo, está obligado a acreditar, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Funda lo anterior, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Establecido lo anterior, como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para demostrar lo contrario, es decir, la existencia de una "incomunicación, desaparición o extracción", en los términos que refirió, ni de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte la existencia de dichos actos, en los términos planteados por la parte quejosa, procede sobreseer en el juicio de amparo con relación a los mismos, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Sin que pase inadvertido que, si bien, de las pruebas que obran en autos, se colige que, en efecto, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se retiraron en vehículos oficiales del domicilio reseñado previamente, en compañía de la tercera interesada Sahara Llaneli Baca Mendoza y sus menores hijos, virtud a que dicha circunstancia no obedeció a una "extracción" de los menores, sino, una medida de hecho para evitar que la citada persona siguiera siendo objeto de actos de violencia por su supuesto agresor, en atención al reporte ciudadano sobre violencia familiar; y, con relación a los menores, es dable concluir que se fueron en compañía de su progenitora, quien en términos de los artículos 430, 431, 504, fracción I, y 513 del Código Familiar del estado de Michoacán, ejercía en ese momento, de hecho -no de derecho-, la custodia de los infantes y, además, es titular de la patria potestad de los mismos, por lo cual, no es dable considerar, por las razones expuestas previamente, que se trate de una "extracción" de los multicitados niños, sino una medida para salvaguardar su integridad física y psicológica y, la de la supuesta víctima directa, aquí tercera interesada. Por otra parte, no se realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos propuestos por la el tutor especial de los menores, la parte quejosa, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, pues de conformidad con los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda Constitucional y los aducidos en el informe justificado pueden formar parte de la litis en el juicio Constitucional. Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Alberto Suarez Montes de Oca, en favor de los menores C., I. Y. y, L. J. de apellidos S. B., contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones invocadas en el último punto considerativo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, ante Carlos Medina Muñoz, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1220/2022-V, promovido por ... en contra de los actos reclamados a la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, por Luis Alberto Suarez Montes de Oca, en favor de los menores C., I. Y. y, L. J. de apellidos S. B., recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, turnado< el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: Autoridades responsables: 1. Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán. 2. Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán (en su denominación correcta. Actos reclamados: "[.] IV.- ACTOS RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA; EXTRACCIÓN, DESAPARICIÓN E INCOMUNICACIÓN CON LOS MENORES DE NOMBRES I. Y., L. Y. (sic) y C. TODOS DE APELLIDOS S. B., CON EDADES DE 11, 9 Y 7 AÑOS EN ESE ORDEN. [.]" SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda, se concedió la suspensión de oficio y de plano en los términos y para los efectos ahí precisados, por lo cual, se requirió a las autoridades responsables la remisión de sus respectivos informes inherentes a la suspensión de plano, se requirió al Titular de la Delegación Morelia del Instituto de Defensoría Federal, tuviera a bien designar representante especial a los menores de edad involucrados; además, se remitió despacho para el efecto de que se notificara personalmente al promovente para que al momento de la diligencia o, en su defecto, en el término ahí indicado manifestara si ratifica la demanda y, además, acreditara ser el padre y, por ende, representante de los multicitados menores, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada y, quedarían sin efecto las providencias dictadas. Luego, virtud a que el promovente ratificó la demanda y, justificó ser padre de los infantes, por auto de diez de noviembre ulterior, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional; no obstante lo anterior, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados menores C., I. Y. y, L. J. de apellidos S. B., por conducto de su tutor especial y, de Sahara Llaneli Baca Mendoza, madre de los citados infantes; y, de oficio, se tuvo como autoridad responsable a la Directora del Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad, por lo cual, de igual forma, se le requirió su respectivo informe justificado; finalmente, la audiencia Constitucional, se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente de su publicación, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados tienen ejecución en la jurisdicción de este órgano de control Constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada P. VI/20042 y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario Constitucional, se advierte que reclama lo siguiente: De la Directora del Instituto de la Mujer, Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, ambos de Ciudad Hidalgo, Michoacán y, de la Directora del Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad: - La desaparición, incomunicación, y extracción de los menores C., I. Y. y, L. J. de apellidos S. B.. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 109 a 115), negó la existencia del acto reclamado que se le atribuyó. Por otra parte, si bien, la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán y, la Directora del Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados (fojas 117 a 118 y, 176 a 177, respectivamente), soslayaron pronunciarse con relación a la existencia de los actos que se les atribuyeron, de su contenido y, además, de las constancias remitidas en apoyo de los mismos, se inadvierte su existencia. En efecto, de autos se aprecia que el Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, remitió en apoyo de su informe justificado el Informe Policial Homologado de siete de noviembre de dos mil veintidós (consultable a fojas 111 a 114); por su parte, la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, remitió cédula única de registro (fojas 120 a 122) de siete de noviembre de dos mil veintidós, valoración médica emitida por el galeno Julio César Piñón Cisneros, y valoración psicológica emitida por Liliana Aide Aburto Valencia, psicóloga adscrita al Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y la Directora del Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad, remitió la solicitud de ingreso voluntario signado por Sahara Llaneli Baca Mendoza, respecto de la citada persona y los menores involucrados, virtud a que, a su decir, vivía una situación de violencia extrema (foja 229); y, finalmente, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, por requerimiento de oficio emitido por este órgano jurisdiccional, remitió copia certificada de las constancias inherentes a la medida de restricción y protección solicitada por Sahara Llaneli Baca Mendoza, respecto de la citada persona y los menores involucrados, radicada con el expediente 33/2022, de su estadística (fojas 215 a 224). Documentos con pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, de los reseñados medios de convicción, atento a su alcance demostrativo, se colige que, si bien, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, el siete de noviembre de dos mil veintidós, a las nueve horas con cincuenta minutos, se constituyeron en la localidad de Agostitla, Ciudad Hidalgo, Michoacán, en compañía de la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, dicha circunstancia obedeció a la existencia de un reporte ciudadano sobre violencia familiar, respecto de una mujer, por parte de su cónyuge, a saber, Sahara Llaneli Baca Mendoza; y, para tales fines, procedieron a "recuperar" a la supuesta víctima y, sus menores hijos, previamente identificados, a efecto de trasladarlos a las instalaciones de las oficinas de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Además, de la valoración médica emitida por el galeno Julio César Piñón Cisneros, y valoración psicológica emitida por Liliana Aide Aburto Valencia, psicóloga adscrita al Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, es dable colegir que existen indicios físicos -lesiones- y psicológicos, de que Sahara Llaneli Baca Mendoza, probablemente es víctima de violencia intrafamiliar. Incluso, atento a lo anterior, Sahara Llaneli Baca Mendoza, compareció ante el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, quien, por resolución de esa misma fecha -siete de noviembre de dos mil veintidós- emitió diversas medidas cautelares sobre restricción y protección en favor de Sahara Llaneli Baca Mendoza, y sus menores hijos involucrados, radicada con el expediente 33/2022, de su estadística, en los términos y para los efectos ahí establecidos. Finalmente, toda vez que, de los datos de prueba es dable inferir que, el domicilio en que se constituyeron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, el siete de noviembre próximo pasado, era en el cual cohabitaba con su supuesto agresor, Luis Alberto Suarez Montes de Oca, promovente del presente juicio Constitucional; previos trámites administrativos y canalización de la Directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Hidalgo, Michoacán, Sahara Llaneli Baca Mendoza, solicitó su ingreso voluntario al Refugio Santa Fe, con sede en esta ciudad, respecto de la citada persona y los menores involucrados, virtud a que, a su decir, vivía una situación de violencia extrema. En consecuencia, es inconcuso que de autos se inadvierte la existencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, sintetizadas en el considerando segundo, en los términos señalados por la parte quejosa. Sirve de orientación, la tesis VI.2o.32 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 763, tomo III, junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 201964, que al respecto establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa". Se itera, sin que se advierta del sumario Constitucional, medio de convicción alguno del cual se evidencie, ni aún presuntivamente, la existencia de los actos reclamados, respecto de las autoridades responsables, pues, de una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, se colige que la omisión o el contenido del informe con justificación, no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes, a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, quien promueve una demanda de amparo, está obligado a acreditar, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Funda lo anterior, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Establecido lo anterior, como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para demostrar lo contrario, es decir, la existencia de una "incomunicación, desaparición o extracción", en los términos que refirió, ni de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte la existencia de dichos actos, en los términos planteados por la parte quejosa, procede sobreseer en el juicio de amparo con relación a los mismos, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Sin que pase inadvertido que, si bien, de las pruebas que obran en autos, se colige que, en efecto, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se retiraron en vehículos oficiales del domicilio reseñado previamente, en compañía de la tercera interesada Sahara Llaneli Baca Mendoza y sus menores hijos, virtud a que dicha circunstancia no obedeció a una "extracción" de los menores, sino, una medida de hecho para evitar que la citada persona siguiera siendo objeto de actos de violencia por su supuesto agresor, en atención al reporte ciudadano sobre violencia familiar; y, con relación a los menores, es dable concluir que se fueron en compañía de su progenitora, quien en términos de los artículos 430, 431, 504, fracción I, y 513 del Código Familiar del estado de Michoacán, ejercía en ese momento, de hecho -no de derecho-, la custodia de los infantes y, además, es titular de la patria potestad de los mismos, por lo cual, no es dable considerar, por las razones expuestas previamente, que se trate de una "extracción" de los multicitados niños, sino una medida para salvaguardar su integridad física y psicológica y, la de la supuesta víctima directa, aquí tercera interesada. Por otra parte, no se realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos propuestos por la el tutor especial de los menores, la parte quejosa, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, pues de conformidad con los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda Constitucional y los aducidos en el informe justificado pueden formar parte de la litis en el juicio Constitucional. Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Alberto Suarez Montes de Oca, en favor de los menores C., I. Y. y, L. J. de apellidos S. B., contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones invocadas en el último punto considerativo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, ante Carlos Medina Muñoz, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
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