Luis Alberto Sataray Hernández

Expediente 854/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
854/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
13/01/2017

Partes del expediente

  • Luis Alberto Sataray Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por Luis Alberto Sataray Hernández, contra actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 854/2016-II. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia la falta de pago de su sueldo y demás prestaciones que ya fueron devengadas, en virtud que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal con sede en Zacatecas, inmovilizó y congeló las cuentas bancarias de su patrón Fernando Manrique Tovar, para quien labora. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos e intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos jurídicos transcritos en el párrafo precedente, disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo en forma directa sobre un derecho subjetivo del cual sea titular; el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente la existencia de esa afectación personal y directa a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este Órgano Jurisdiccional Federal determina que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud que se pone de manifiesto que del estudio de la demanda no se advierte que exista algún acto que produzca un agravio personal y directo, y sobre todo actual, en relación a la promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del gobernado, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente. De los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quince de diciembre del año en curso el quejoso fue informado por su patrón Fernando Manrique Tovar, que ya no podría pagarle el importe de su sueldo correspondiente a la primera quincena de diciembre y hasta la fecha, así como las diversas prestaciones sociales tales como aguinaldo y fondo de ahorro, toda vez que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal con sede en Zacatecas "1", le bloqueó y congeló el importe total de sus cuentas bancarias, por lo que no podía hacer movimientos para realizar dichos pagos y no contaba con ningún otro recurso económico para liquidar tales importes. De lo anterior, se desprende que el acto que el quejoso pretende impugnar a través de la presente instancia constitucional no causa ni podrá irrogar un agravio personal y directo y sobre todo actual en la esfera de derechos del promovente, toda vez que el aseguramiento de la cuenta bancaria fiscal con número 01667742826, a nombre de Fernando Manrique Tovar, ningún agravio jurídico, personal y directo le causa al quejoso, aunque le ocasione alguno de diversa naturaleza, como pudiera ser, por ejemplo, uno meramente económico, puesto que en modo alguno le está impidiendo que realice las acciones tendentes para acudir, por sí mismo o por conducto de su representante legal, ante las instancias correspondientes a hacer valer sus derechos; por tanto, se reitera que el acto reclamado no se considera que ocasione un agravio personal y directo sobre la esfera de derechos del hoy promovente, para establecer la procedencia de amparo indirecto. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Luis Alberto Sataray Hernández, contra actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En esta determinación, no se pasa por alto que las cuestiones de interés jurídico deben atenderse al dictar la sentencia correspondiente; sin embargo, en el presente caso, se desecha la demanda, por una razón diversa, pues como ya se razonó, en la especie el acto que se señaló como reclamado, hace inexistente la afectación de manera personal y directa de derecho subjetivo alguno. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pablo Picasso, número trescientos cuatro (304), Colonia Ejidal, en Guadalupe, Zacatecas; asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones, a Claudia Cristina Vital Carmona, Adriana Márquez Andrade, Alejandro Rodríguez Martínez, Horacio Puentes Medina y Mariela Reyes Zapata, por así solicitarlo el quejoso.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE VEITITRPES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la demanda de garantías promovida por Luis Alberto Sataray Hernández, contra actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 854/2016-II. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia la falta de pago de su sueldo y demás prestaciones que ya fueron devengadas, en virtud que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal con sede en Zacatecas, inmovilizó y congeló las cuentas bancarias de su patrón Fernando Manrique Tovar, para quien labora. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos e intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos jurídicos transcritos en el párrafo precedente, disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo en forma directa sobre un derecho subjetivo del cual sea titular; el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente la existencia de esa afectación personal y directa a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este Órgano Jurisdiccional Federal determina que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud que se pone de manifiesto que del estudio de la demanda no se advierte que exista algún acto que produzca un agravio personal y directo, y sobre todo actual, en relación a la promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del gobernado, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente. De los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quince de diciembre del año en curso el quejoso fue informado por su patrón Fernando Manrique Tovar, que ya no podría pagarle el importe de su sueldo correspondiente a la primera quincena de diciembre y hasta la fecha, así como las diversas prestaciones sociales tales como aguinaldo y fondo de ahorro, toda vez que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal con sede en Zacatecas "1", le bloqueó y congeló el importe total de sus cuentas bancarias, por lo que no podía hacer movimientos para realizar dichos pagos y no contaba con ningún otro recurso económico para liquidar tales importes. De lo anterior, se desprende que el acto que el quejoso pretende impugnar a través de la presente instancia constitucional no causa ni podrá irrogar un agravio personal y directo y sobre todo actual en la esfera de derechos del promovente, toda vez que el aseguramiento de la cuenta bancaria fiscal con número 01667742826, a nombre de Fernando Manrique Tovar, ningún agravio jurídico, personal y directo le causa al quejoso, aunque le ocasione alguno de diversa naturaleza, como pudiera ser, por ejemplo, uno meramente económico, puesto que en modo alguno le está impidiendo que realice las acciones tendentes para acudir, por sí mismo o por conducto de su representante legal, ante las instancias correspondientes a hacer valer sus derechos; por tanto, se reitera que el acto reclamado no se considera que ocasione un agravio personal y directo sobre la esfera de derechos del hoy promovente, para establecer la procedencia de amparo indirecto. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Luis Alberto Sataray Hernández, contra actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En esta determinación, no se pasa por alto que las cuestiones de interés jurídico deben atenderse al dictar la sentencia correspondiente; sin embargo, en el presente caso, se desecha la demanda, por una razón diversa, pues como ya se razonó, en la especie el acto que se señaló como reclamado, hace inexistente la afectación de manera personal y directa de derecho subjetivo alguno. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pablo Picasso, número trescientos cuatro (304), Colonia Ejidal, en Guadalupe, Zacatecas; asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones, a Claudia Cristina Vital Carmona, Adriana Márquez Andrade, Alejandro Rodríguez Martínez, Horacio Puentes Medina y Mariela Reyes Zapata, por así solicitarlo el quejoso.

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